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Ante la ausencia de utilidades, trabajadores y empleadores se enfrentan a interrogantes sobre el reparto justo y la legalidad de la situación. Aquí abordamos los aspectos clave y las implicaciones legales del reparto de utilidades en empresas.
El reparto de utilidades (PTU) es un derecho constitucional que reconoce la contribución de los trabajadores en las ganancias empresariales, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de su titular, Luisa María Alcalde.
El Manual Laboral y Fiscal sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 2023 señala que esta prestación busca equilibrar el trabajo y el capital, reconocer la fuerza laboral y mejorar la distribución de la riqueza.
El cálculo de las utilidades corresponde al 10% de las ganancias del año anterior, según la Ley Federal del Trabajo, y se divide en dos partes iguales: por días laborados y proporción salarial. La fecha límite para su reparto es el 30 de mayo para empresas y el 29 de junio para patrones.
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¿Qué pasa si mi empresa dice que no genera utilidades?
Las empresas exentas de repartir utilidades incluyen las de nueva creación durante su primer año o dos años si producen nuevos productos, y aquellas con utilidad neta menor a 300,000 pesos. Tampoco aplican para trabajadores del IMSS, instituciones públicas culturales o sin fines de lucro.
La omisión en el reparto de utilidades puede resultar en multas que van desde 50 hasta 5,000 días de salario mínimo, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). Los trabajadores tienen un año para reclamar su derecho si no se les paga.
El reparto de utilidades es irrenunciable y debe pagarse en moneda de curso legal. La falta de pago puede acarrear consecuencias legales para los empleadores.
Ante cualquier irregularidad, los trabajadores pueden denunciar a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o el correo electrónico proporcionado por la
El reparto de utilidades es un derecho fundamental para los trabajadores, y su incumplimiento puede tener serias implicaciones legales para los empleadores.
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