Durante la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados (IBA), el expresidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León expresó su preocupación respecto a la reforma judicial recientemente promulgada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó que esta reforma representa un ataque directo al Poder Judicial, argumentando que su implementación podría socavar los principios democráticos en el país.
Asimismo, sostuvo que la intención del actual gobierno es debilitar el Poder Judicial para transformarlo en una institución que se ajuste a los intereses del partido en el poder. En este sentido, calificó la reforma como una "felonía histórica" y denunció a los promotores de la Cuarta Transformación como "antipatrias".
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Tras difundirse estas declaraciones, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no dudo en responder a las críticas de Zedillo, pues en una conferencia de prensa, se refirió a él como un "representante del viejo régimen" y destacó su responsabilidad en el Fobaproa, pues según Sheinbaum “es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político, porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción, una deuda que todavía seguimos pagando.”
En 1990, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un mecanismo financiero que convirtió la deuda privada de los bancos en deuda pública.
Este fondo se estableció como una estrategia para enfrentar posibles crisis financieras y asegurar la liquidez de las instituciones bancarias en circunstancias desfavorables. En situaciones de emergencia, el Fobaproa se activaría para adquirir las deudas de estas entidades y proporcionarles el capital necesario para su operación.
Aunque el Fobaproa se instituyó en 1990, su implementación efectiva no ocurrió hasta 1995. En ese año, la crisis económica que se había anticipado en 1994, cuando Salinas dejó la presidencia, se materializó. Fue Ernesto Zedillo, su sucesor, quien aplicó esta estrategia.
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En 1994, el peso mexicano experimentó una devaluación cercana al 300% frente al dólar, lo que ocasionó un aumento notable en la inflación y una drástica disminución del capital en las instituciones bancarias. Esta situación llevó a la quiebra a miles de empresas y tuvo repercusiones significativas en la población.
Ante esta crisis, Zedillo decidió activar el Fobaproa con el objetivo de mitigar sus efectos. La estrategia adoptada incluyó el rescate de pagarés de capitalización, lo que implicó una intervención financiera de 552 mil millones de pesos, equivalente al 15.8% del Producto Interno Bruto en ese momento. Este procedimiento convirtió la deuda generada por el Fobaproa en deuda pública, un proceso que se formalizó en 1999.
Como consecuencia de estas decisiones, la deuda originada por el Fobaproa sigue siendo un asunto relevante en la actualidad. No solo las generaciones pasadas deberán enfrentar este compromiso financiero, sino que también, lamentablemente, las futuras generaciones heredarán este problema.
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