Desde el lunes, la mira pública se encuentra puesta en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en donde el líder de artesanos, Gerónimo Ruiz, fue asesinado. Según los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta balearon al comerciante en el segundo municipio con más turismo en el país.

En un inicio, las autoridades del municipio apuntaban a la banda de "Los Motonetos" como los autores materiales del crimen de Gerónimo Ruiz, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que tenía agrupados a cientos de comerciantes que se ubican en los principales mercados de esta ciudad.

"Los Motonetos" son sicarios del Cártel Chamula, un grupo de la delincuencia organizada que opera en Chiapas y cuya existencia ha sido reconocida por el gobierno de México desde el 2021.

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En octubre de aquel año, el Cártel Chamula estuvo detrás del crimen del Fiscal de Justicia Indígena de Los Altos de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, quien supuestamente investigaba la violencia generada en el municipio de Pantelhó.

Según los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, el Cártel Chamula se financia mediante extorsiones, que justamente realizan a comerciantes en San Cristóbal de las Casas, como al recién asesinado Gerónimo Ruiz.

Sin embargo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó el crimen del líder de los comerciantes en un video en redes sociales, que no ha sido verificado por las autoridades.

Sin embargo, las extorsiones no son los únicos modos en los que el Cártel Chamula obtiene dinero de manera ilícita. Ese grupo criminal también opera giros negros e incluso distribuye videos íntimos de mujeres indígenas a los que burdamente titula como "Chamulitas porno".

Este tipo de contenido ha sido catalogado por grupos feministas como "etnopornografía" y de la cual han alertado desde hace años, pues se distribuyen en las calles de San Juan Chamula y otros lugares muy concurridos en San Cristóbal de las Casas.

La ley Olimpia y el etnoporno

Las protagonistas son mujeres indígenas muy jóvenes, quienes generalmente son engañadas para compartir o dejarse grabar por sus parejas y generalmente no denuncian a sus agresores, pues desconocen que ese hecho constituye un delito que puede ser castigado a través de la ley Olimpia.

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La “Ley Olimpia” no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Entre las conductas que sanciona la ley Olimpia se encuentran:

* Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

* Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

Distribuir un contenido multimedia sexual sin el consentimiento de una persona se castiga con hasta 8 años de prisión, dependiendo del estado que lo castigue.




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