Reguladores de la Unión Europea han iniciado una investigación contra Apple por la supuesta infracción a la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la cual busca fomentar la competencia equilibrada entre compañías que ofrecen servicios digitales.
A través de un comunicado de prensa, la Comisión Europea señaló que las políticas de dirección de Apple en la AppStore, infringen la DMA ya que se impide que "los desarrolladores de aplicaciones dirijan libremente a los consumidores a canales alternativos para ofertas y contenidos".
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El Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, comentó al respecto que se tienen "motivos para creer que las normas de la AppStore no permiten a los desarrolladores de aplicaciones comunicarse libremente con sus usuarios", lo cual viola la DMA.
Ante ello, aseguró que están "decididos a utilizar la caja de herramientas clara y eficaz de DMA para abrir finalmente oportunidades reales para los innovadores y los consumidores".
Esto ocurre después de que en marzo pasado, la Unión Europea anunciara una investigación contra Apple, Alphabet y Meta por infringir las nuevas leyes antimonopolio de la DMA.
Anteriormente, Apple había sido multada 1.840 millones de euros por los reguladores antimonopolio de la UE por las prácticas anti-dirección de la AppStore.
La Comisión Europea también ha abierto una investigación contra Apple por su Core Technology Fee (ley de tarifa de tecnología básica), la cual consiste en el largo proceso de que los usuarios instalen apps de terceros y los requisitos de elegibilidad de Apple para los desarrolladores.
"También hemos abierto un procedimiento contra Apple en relación con su llamada tarifa de tecnología central y varias reglas para permitir tiendas de aplicaciones de terceros y descarga de aplicaciones", señaló Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea.
Por el momento, Apple no ha brindado ninguna declaración respecto a las acusaciones que ha hecho la Comisión. Sin embargo, la compañía de Cupertino tiene tiempo de responder a la evaluación preliminar de la Comisión Europea antes de su fallo final en marzo de 2025.
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