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El internet es una de las plataformas con mayor libertad para expresar la opinión sobre cualquier tema. Basta ver las redes sociales para encontrar todo tipo de posturas. Aunque esa autonomía tiene su parte negativa como el discurso de odio o la propagación de noticias falsas, organizaciones alertan que en México estamos en riesgo de caer en la censura .
De acuerdo con Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor obligarán a plataformas digitales, como Facebook, Twitter, TikTok , YouTube e Instagram; a los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Safari; así como a los proveedores de sitios web a eliminar contenidos cuando una persona acuse a otra de supuestamente vulnerar sus derechos de autor, sin que sea necesario ningún control judicial, presentación de pruebas o algún juicio.
“Destruirán el debido proceso y habilitarán la censura masiva de contenidos e informaciones de internet”, afirmó Vladimir Cortés, Oficial de Derechos Digitales de ARTICLE 19 México y Centroamérica.
El organismo asegura que las reformas generarán un mecanismo de censura en internet, llamado mecanismo de “notificación y retirada” a través del cual cualquier publicación puede estar sujeta a ser eliminada sin que se siga un debido proceso o se rindan pruebas al respecto. “Lo anterior no solo incluye eliminar las publicaciones personales de las y los usuarios, sino también publicaciones con contenido de interés público para la sociedad”, enfatizaron.
Incluso señalaron que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) ha manifestado su preocupación por el establecimiento del procedimiento extrajudicial de “notificación y retirada”, el cual no reúne las características establecidas por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Esta reforma busca aplicar en México un mecanismo extrajudicial existente en Estados Unidos , sin considerar que los contextos en ambos países para la libertad de expresión son abismalmente diferentes. En México, el Estado tiene una deuda histórica hacia la sociedad sobre hechos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos. Sin las salvaguardas necesarias, las reformas aprobadas abren el camino para que se abuse por parte de actores políticos y económicos”, aseguró Martha Tudón, Coordinadora del Programa de Derechos Digitales de ARTICLE 19.
Repercusiones
Artículo 19 destacó que las legislaciones sobre internet no solo impactan a las naciones donde tales marcos son aprobados, sino al mundo en general. De esta manera, cuando un contenido deja de estar disponible en una plataforma digital porque una ley en México lo censura, éste también deja de estar disponible en todos los países donde tal plataforma es utilizada.
“De hecho, el robo hormiga de información en línea a través del sistema de notificación y retirada, el cual se basa en el Digital Millenium Copyright Act (DMCA) de Estados Unidos, es ya una herramienta nociva que ha sido explotada para borrar información de interés público de internet ”, aseguran.
Añadieron que en México, así como en otros países que se adhieren a la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, el derecho a la información prevalece frente a otros derechos, como lo son los derechos de autor.
“A diferencia de Estados Unidos , en México sí nos sujetamos a los estándares interamericanos de derechos humanos, donde el umbral de protección del derecho a la libertad de expresión e información son más protectores” señaló ARTICLE 19. Por lo tanto, según también señaló dicha organización, resulta descontextualizada la importación del mecanismo de “notificación y retirada” al país, ya que es abiertamente violatoria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados regionales e internacionales de los que México es parte.
En este contexto instaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) a interponer una acción de inconstitucionalidad para impugnar estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así, defender y proteger los derechos humanos frente a este tipo de legislaciones que calificaron de contrarias a los principios democráticos.
