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Las extorsiones telefónicas y las llamadas de tipo Vishing siguen amenazando a los mexicanos. Incluso, los delincuentes han aprovechado al Covid-19 para engañar y robar dinero. Pensando en poder bloquear los números y localizar a las personas responsables se está proponiendo un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. Y a continuación te explicamos sus pros y contras.
La iniciativa fue presentada por el diputado Mario Delgado, de Morena, y se discute actualmente en la Cámara de Diputados. Básicamente lo que pretende es crear “una base de datos integrada por la información que de cada línea telefónica proporcionen los concesionarios de telecomunicaciones” y que será operada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Es decir que los operadores móviles serán los responsables de crear un registro que incluya los datos como el número de línea telefónica, el número de serie o identificador único de la tarjeta SIM , la fecha y hora de la activación de la línea celular, el nombre completo o razón social del usuario, el tipo de modalidad contratada (tarifario o prepago), entre otra información.
Si bien la intención de esta propuesta es combatir delitos relacionados con las llamadas desde un teléfono móvil, Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, alertó durante el Foro Virtual sobre el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que este tipo de medidas representan un grave riesgo para la privacidad y seguridad de la ciudadanía.
En el foro se recordó el caso del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), una propuesta similar que se analizó en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, en 2011, el Senado desapareció el RENAUT, reconociendo que no fue útil para el combate a la delincuencia . Incluso, señalaron, existe evidencia de que el RENAUT no solo falló en combatir el crimen organizado, sino que la incidencia delictiva aumentó: la extorsión , en un 40%; y el secuestro , en 8%.
Por su parte, la Asociación GSM (GSMA), una organización de más de 800 operadores de telefonía móvil y empresas asociadas, publicó en 2016 un informe sobre el registro obligatorio de tarjetas SIM de prepago, donde señalaba que “no existe evidencia empírica de que el registro obligatorio de tarjetas SIM conduzca directamente a una reducción en el crimen”.
Y es que, como explicó García, la evasión del Registro no es complicada, ya que la delincuencia organizada puede optar simplemente por no registrar sus tarjetas SIM. “Esto puede llevar a un incremento en el mercado negro de tarjetas SIM, al aumento de casos de suplantación de identidad telefónica (spoofing) o al uso de tarjetas SIM de otros países que tengan roaming con México, como las de Estados Unidos”.
Violarían los derechos
R3D señaló que la iniciativa atenta contra la presunción de inocencia, ya que de aprobarse, se presumirá que la persona que aparezca como titular de una línea es responsable directa de cualquier uso indebido y tendrá la carga de probar su inocencia. “Esto es particularmente preocupante ante la facilidad con la que se puede suplantar un número telefónico y la demostrada vulnerabilidad de los registros a errores y alteraciones”, advirtieron.
Asimismo dijeron que un mal manejo del registro constituye un grave riesgo para la privacidad y seguridad de las personas usuarias de telefonía móvil ya que incluiría datos vulnerables a filtraciones. Y recordaron que en 2010 se reportó que la base de datos del RENAUT se encontraba a la venta por solo 500 pesos.
Adicionalmente, de acuerdo al análisis que hicieron de la iniciativa, “la base de datos del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil sería accesible a cualquier autoridad, sin establecer ningún mecanismo de control judicial, transparencia o rendición de cuentas capaz de detectar y prevenir el uso indebido del sistema. Se debe reconocer el riesgo latente de la infiltración de la delincuencia en las instituciones de seguridad pública y los peligros que implica crear una base de datos invaluable para las organizaciones criminales”.
Y no solo eso sino que, incluso, podrían considerarlo una forma de discriminación ya que una persona sin identificación no podría acceder a la compra de una una tarjeta SIM de prepago.
“Desde la sociedad civil, rechazamos absolutamente la creación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. Combatiremos esta iniciativa por todas las medidas jurídicas disponibles, ya que es una medida autoritaria, inconstitucional, violatoria de derechos humanos, altamente costosa para la ciudadanía, sin aportar al combate a la delincuencia y sí creando riesgos para la seguridad y privacidad de las personas usuarias de telefonía móvil”, finalizó R3D.
