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En muchos países del mundo se ha hablado de que gobiernos o grupos extranjeros han intervenido en las elecciones con diversas actividades cibernéticas con la intención de favorecer a algún candidato. Estados Unidos quiere evitar que esto suceda y está ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares a quien le brinde información al respecto.
Ahora que faltan menos de 100 días para las elecciones presidenciales de Estados Unidos las autoridades del país están realizando un importante esfuerzo por evitar la interferencia electoral tal como, aseguran, sucedió en 2016 cuando Donald Trump ganó los comicios.
Es por ello que el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de dar a conocer que ofrecerá una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cualquier información que pueda identificar a alguien que se haya entrometido en unas elecciones estadounidenses violando la Sección 1030, título 18 de la Ley de Abuso y Fraude Informático, que esencialmente criminaliza a los piratas informáticos que obtienen acceso no autorizado a las computadoras del Estado.
En el comunicado que publicó la dependencia del gobierno se explica que recompensarán por "información que conduzca a la identificación o ubicación de cualquier persona que trabaje con o para un gobierno extranjero con el propósito de interferir con las elecciones estadounidenses a través de ciertas actividades cibernéticas ilegales".
Esto incluye ataques contra funcionarios electorales, infraestructura electoral, máquinas de votación, además de a los candidatos y su personal. Asimismo el organismo dijo que la recompensa es válida para la denuncia de cualquier forma de piratería electoral , a cualquier nivel, es decir, tanto para las elecciones que se celebrarán a nivel federal como para las estatales o locales.
"Los adversarios extranjeros podrían emplear operaciones cibernéticas maliciosas dirigidas a la infraestructura electoral, incluidas las bases de datos de registro de votantes y las máquinas de votación, para perjudicar una elección en los Estados Unidos", dijo el Departamento de Estado, describiendo los ataques que teme y quiere detener.
Y añadió: "Los adversarios también podrían realizar operaciones cibernéticas maliciosas contra organizaciones políticas o campañas estadounidenses para robar información confidencial y luego filtrar esa información como parte de operaciones de influencia para socavar organizaciones políticas o candidatos".
Y es que, con las elecciones de noviembre cada vez más cerca, ya se especula que se está orquestando una intervención extranjera para alterar la decisión de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos.
En febrero de este año, funcionarios de la agencia de inteligencia estadounidense afirmaron que Rusia ya se estaba entrometiendo en la campaña de 2020 con la intención de apoyar la reelección del presidente Trump. Ese mismo mes, el mismo departamento también aseguró que los rusos estaban interfiriendo en las elecciones primarias demócratas para ayudar a que Bernie Sanders se convirtiera en su candidato.
Recompensas por la justicia
El programa Rewards for Justice (RFJ) o Recompensas por la justicia busca atrapar y enjuiciar a los piratas informáticos patrocinados por un estado extranjero que representan "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos Estados", señalaron las autoridades.
De acuerdo con medios de Estados Unidos, esta es la tercera recompensa importante que se ofrece por información sobre piratas informáticos a través del programa. En abril, los funcionarios estatales ofrecieron entregar 5 millones de dólares por información que condujera a la identificación y captura de piratas informáticos del gobierno de Corea del Norte. Gracias a ello, afirman, logaron localizar a hackers norcoreanos responsables de una gran cantidad de ataques cibernéticos centrados en ganancias financieras.
Asimismo, en julio, el Departamento de Estado también ofreció dos recompensas separadas de un millón de dólares cada una por información sobre dos piratas informáticos ucranianos vinculados a una infracción en la Comisión de Seguridad e Intercambio de Estados Unido en 2016.
