Con la extinción del Conahcyt concluirá un capítulo escabroso en la política científica, a cargo de María Elena Álvarez-Buylla. Ella persiguió a científicos, eliminó fideicomisos, disminuyó las plazas de jóvenes investigadores, recortó programas e impulsó una ley que concentra el poder, desaciertos que definieron su gestión