Más presionada por las evidencias y la exigencia de la sociedad que por voluntad propia, la PGR de Raúl Cervantes finalmente se movió y citó a declarar, ocho meses después y en calidad de “imputado”, al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que responda a las acusaciones de que recibió 10 millones de dólares en sobornos de ejecutivos de Odebrecht. Fue necesario que desde Brasil llegara la información que señala a Lozoya —aunque no se sabe si esas denuncias las conocía ya la procuraduría— para que el procurador ordenara el citatorio a su compañero de partido y de campaña, aunque falta saber si Cervantes Andrade realmente irá al fondo de este tema o si persistirá la sospecha de “encubrimiento, obstrucción y hasta complicidad” que la oposición le atribuye al titular de la PGR y ex abogado de la campaña de Peña Nieto.
Fue tal la tardanza y sospechosa lentitud de la procuraduría mexicana en este caso que ayer hasta la misma Odebrecht México, cuyas prácticas de corrupción están siendo juzgadas y castigadas con cárcel a ex presidentes y ex funcionarios en Brasil y varios países de Latinoamérica, salió a pedirle a la PGR que investigue y que la justicia mexicana evalúe los “relatos o testimonios” rendidos por sus directivos ante el Ministerio Público brasileño, en los que se acusa de corrupción a Lozoya.
“Constructora Norberto Odebrecht reitera su interés de colaborar de manera directa con las autoridades competentes mexicanas con el objetivo de que los hechos cuestionados (las acusaciones de sobornos pagados a Lozoya) se esclarezcan mediante el procedimiento de investigación y las disposiciones legales aplicables... Odebrecht reafirma su confianza en el marco jurídico mexicano”, dijo la constructora en una clara respuesta a las amenazas de Lozoya Austin de demandas “por daño moral” y en un emplazamiento a que la justicia mexicana actúe en este caso y ponga fin a especulaciones.
Hasta el mismo Emilio Lozoya, ahora “imputado”, se le había adelantado a la PGR y en una carta fechada el 16 de mayo pasado, y difundida ayer por EL UNIVERSAL, le pidió a su amigo, el procurador Cervantes, que se le diera por “presentado” y se decía dispuesto a aclarar su gestión como director de Pemex para evitar lo que, según él, era “una persecución política en su contra”. Incluso el ex funcionario se decía “localizable” en la Ciudad de México en esa fecha, antes de que se conocieran las acusaciones de los directivos de Odebrecht. ¿Por qué entonces la PGR no lo citó desde entonces y prefirió declarar “reservada” la información que obtuvo del caso de la justicia brasileña? Esa sí fue “mala leche” e “irresponsabilidad” de la procuraduría y su titular, y no las que reprocha el vocero presidencial.
Hoy el nivel de exigencia social y política para que se investigue y se esclarezca hasta dónde llegó la corrupción de Odebrecht en México y quién fue el beneficiario final de los sobornos reconocidos por 10 millones de dólares, si todo fue al patrimonio personal de Lozoya Austin o si fueron recursos que apoyaron campañas políticas, es el mínimo de información que tendrá que dar la PGR y el gobierno de Peña Nieto que, en medio de su sospechoso tortuguismo, apenas da el primer paso, cuando ya Brasil, Panamá, Colombia, Perú y Argentina tienen a políticos de primer nivel procesados, sentenciados y encarcelados. Hay razones de sobra para la desconfianza y la suspicacia, sobre si realmente el militante procurador Cervantes tiene la capacidad y la voluntad de llegar al fondo de este asunto o si su jefe, el Presidente, quiere que se llegue a la verdad sobre los sobornos de Odebrecht y sus destinatarios finales.
NOTAS INDISCRETAS… Los grupos parlamentarios en San Lázaro preparan ya sus agendas para el penúltimo periodo ordinario de esta legislatura, que inicia en septiembre, y el último en que quizás se puedan lograr acuerdos y aprobaciones legislativas importantes, porque el próximo año las campañas presidenciales prácticamente anularán el último periodo legislativo. La última semana de agosto están previstas las plenarias del PAN, el PRI y el PRD y las agendas que ya se definen son bastante disímbolas. Éstas van por una reducción del IVA a las gasolinas y revisar el Régimen Fiscal (IVA e ISR), además de una reducción de impuestos a colegiaturas. El PRI prioriza la Ley de Seguridad Interior (que también la lleva el PAN) y el mando mixto, además de la revisión al Sistema de Justicia Penal. Los perredistas, mientras tanto, proponen la Ley de Desaparición Forzada y la Violencia Política de Género como sus prioridades y traen también el tema del salario mínimo, en lo que coinciden con los panistas, además de la eliminación de pensiones a ex presidentes. Es decir, que cada partido con su tema, y salvo la Ley de Seguridad Interior (PRI-PAN) y el salario mínimo (PAN-PRD) no se ven muchas coincidencias… Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
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