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El hermano del presidente de Honduras escuchó este martes su condena por narcotráfico en una corte de Nueva York en silencio y vistiendo un traje azul de presidiario: cadena perpetua
La decisión del juez Kevin Castel es el desenlace del juicio en que Tony Hernández, un exdiputado hondureño de 42 años, fue hallado culpable de participar en la importación de 185 mil kilos de cocaína a Estados Unidos y otros cargos.
Pero la condena también es una nueva señal de los cuestionamientos que enfrenta su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández.
Al leer la pena este martes, el propio juez Castel dijo que el tráfico de drogas en el que participó el acusado "de hecho fue patrocinado por el Estado".
El magistrado también indicó que Tony Hernández, además de ser responsable de asesinatos, "actuó como facilitador en sobornos a políticos, incluido su hermano" el presidente hondureño, provenientes de narcos como Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, para proteger el tráfico de cocaína.
Ningún cargo formal ha sido presentado hasta ahora contra del mandatario, quien niega tener vínculos con el narcotráfico y asegura combatirlo.
Pero los fiscales estadounidenses han revelado que abrieron una investigación sobre el presidente Hernández, a quien señalaron como co-conspirador en el juicio de su hermano y de otro hondureño hallado culpable de narcotráfico en la misma corte de Manhattan la semana pasada, Geovanny Fuentes Ramírez.
Todo esto ocurre justo cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea enviar hasta US$4.000 millones a Honduras, Guatemala y El Salvador para atacar las causas de la emigración, como la pobreza o la violencia, un asunto que gana relevancia política en Washington.
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Sin embargo, la condena del hermano del presidente hondureño refleja que "el narcotráfico está muy cercano a la política" en ese país, dice Juan Jiménez Mayor, un abogado y exministro peruano de Justicia que encabezó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) entre 2016 y 2018.
"Honduras creo que va a ser la peor crisis de la penetración del narcotráfico en la política en América Latina", dice Jiménez Mayor a BBC Mundo.
"Mirar para otro lado"
Desde que asumió el cargo en 2014, el presidente hondureño, conocido por sus iniciales de JOH, buscó mostrarse como un aliado de Washington en temas de seguridad y migración, pese a las crecientes sospechas que pesan en su contra.
Su hermano fue arrestado en el aeropuerto de Miami y, días antes del inicio del juicio en 2019, Hernández firmó un polémico pacto migratorio con el antecesor de Biden, Donald Trump, para permitir que Estados Unidos enviara solicitantes de asilo a Honduras, pese a tener una de las mayores tasas de homicidios del mundo.
Cuando en los juicios surgieron testimonios que lo comprometían, el mandatario los rechazó como provenientes de criminales que querían vengarse de sus acciones contra el narcotráfico y reducir sus propias condenas en Estados Unidos.
"Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95% (datos oficiales de USA) que logramos, generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos", tuiteó Hernández la semana pasada, cuando finalizaba el juicio a Fuentes Ramírez.
Sin embargo, uno de los testigos en ese caso fue un excontador de una arrocera hondureña que dijo haber visto cómo el actual presidente recibió maletines con dinero del narco, con el que buscó asociarse en un laboratorio de cocaína y habló reservadamente sobre "la protección y el trasiego de drogas".
"Le vamos a meter la droga a los gringos en sus propias narices y no se van a dar cuenta", habría dicho JOH, según relató ese contador, un testigo protegido de la fiscalía estadounidense presentado con el seudónimo de José Sánchez.
Durante años Washington respaldó políticamente al presidente de Honduras pese a las acusaciones de corrupción gubernamental y abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Trump envió ayuda económica a Honduras y en 2017 aceptó la reelección de Hernández en unos comicios que, según observadores internacionales, estuvieron plagados de irregularidades y que la Organización de Estados Americanos (OEA) quería que se repitieran.
Con Trump en la Casa Blanca, Hernández evitó además renovar en 2020 el mandato de la MACCIH, que había sido creada con el apoyo de EE.UU. y la OEA, y que contribuyó a investigar a decenas de funcionarios del gobierno hondureño.
Ahora las revelaciones sobre narcotráfico que han surgido en las cortes de Estados Unidos crean nueva presión para que el gobierno de Biden revise la estrategia de apoyo de Washington a Honduras.
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Un grupo de ocho influyentes senadores demócratas presentó el mes pasado un proyecto de ley para cortar la ayuda financiera a Honduras, las exportaciones de municiones al país y sancionar a JOH ante la evidencia de que "se ha involucrado en un patrón de actividad criminal y uso del aparato estatal para proteger y facilitar el narcotráfico".
Pero eso no ha ocurrido hasta ahora.
Cuando Biden pidió a su vicepresidenta, Kamala Harris, encabezar la respuesta de su gobierno al fenómeno migratorio la semana pasada, ésta dijo que esperaba involucrar a "los líderes en El Salvador, Guatemala y Honduras para fortalecer la democracia y el Estado de derecho, y garantizar la prosperidad compartida en la región".
La Casa Blanca ha indicado, además, que piensa condicionar las ayudas a Centroamérica a la lucha contra la corrupción en cada país, y que los dólares irán a ONGs que buscan mejorar la situación en el terreno en vez de dirigirse directamente a gobernantes.
No obstante, algunos observadores señalan que el gobierno de Biden ha evitado por el momento cuestionar o criticar abiertamente a Hernández.
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La condena a Tony Hernández este martes "es un claro desafío para la administración de Biden porque quiere mirar para otro lado. Aún no dirán que el presidente Juan Orlando Hernández está tan profundamente vinculado con los narcos", dice Dana Frank, una profesora emérita de historia en la Universidad de California experta en Honduras, a BBC Mundo.
"Escenarios políticos"
Además de la cadena perpetua, el juez Castel ordenó este martes el decomiso de US$138 millones en patrimonio de Tony Hernández, quien prevé apelar.
Natalie Guevara, una inmigrante hondureña de 52 años que escuchó la condena dentro de la corte de Manhattan envuelta en la bandera de su país junto a uno de sus seis hijos, le dice a BBC Mundo estar "súper feliz".
"Mi pueblo está empezando a respirar un poco después de tantas muertes y represión", señala Guevara, quien trabaja limpiando casas como inmigrante indocumentada en Estados Unidos "Se está investigando mucho sobre el hermano, tengo la esperanza de que (la situación en Honduras) va a cambiar".
Los juicios por narcotráfico en Estados Unidos han salpicado a varias figuras de Honduras, además del presidente.
En las audiencias se han escuchado testimonios de exnarcos como Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo narco hondureño Los Cachiros que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, sobre supuestos sobornos pagados a los expresidentes Porfirio Lobo y Manuel Zelaya, quienes al igual que Hernández niegan las acusaciones.
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Además hubo relatos sobre la participación de miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas en el tráfico de drogas, y el contador Sánchez dijo haber escuchado a JOH decirle a un narco que el fiscal general Oscar Chinchilla lo protegería.
A nivel de los candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, Yani Rosenthal del Partido Liberal cumplió el año pasado una pena en EE.UU. por lavado de dinero del narcotráfico.
Y Nasry Asfura, del Partido Nacional de JOH, está bajo investigación por presunto desvío de fondos como alcalde de Tegucigalpa.
Hernández ha descartado buscar una nueva reelección, pero Frank cree que un escenario posible es que Asfura sea descalificado como candidato por enfrentar un juicio y el presidente asuma entonces la postulación de su partido, en busca de un tercer mandato.
Consultado sobre el papel que jugaría Estados Unidos ante esta posibilidad, Ricardo Zúñiga, un diplomático de carrera de Estados Unidos nacido en Honduras y recientemente nombrado por Biden como enviado especial para el Triángulo Norte centroamericano, ofreció una respuesta limitada.
"No podemos responder a una pregunta hipotética", dijo Zúñiga en una conferencia telefónica con la prensa el viernes. "Lo que sabemos es que vamos a seguir impulsando la cooperación con socios que están comprometidos con el Estado de derecho y el esfuerzo contra el crimen organizado".
Jiménez Mayor, el exjefe de la MACCIH, cree posible que Honduras busque "salidas constitucionales al problema que tiene".
"En la política no se puede descartar nada. Si bien es cierto que el presidente Hernández ha construido todo una arquitectura política muy fuerte dentro del país con grandes respaldos, tiene el control de la Corte Suprema y del Congreso, también hay que tener en cuenta que tiene muchos adversarios políticos, ha hecho una gestión bastante polarizante en el país", advierte.
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"Los escenarios políticos pueden cambiar rápidamente. Imaginemos, salvando distancias, cómo acaban las dictaduras que luego de un amplio control se desmoronan. Y eso no es inverosímil que pueda suceder en Honduras", agrega.
También sostiene que Estados Unidos se equivocó y precisa hacer un "mea culpa" por su estrategia reciente hacia Honduras, que en el gobierno de Trump priorizó cortar la emigración de ese país apostando por la estabilidad política.
"El gran desafío de la administración Biden va a ser cómo enfrentar este problema que claramente se está destapando en las cortes norteamericanas, que no son manejadas por el Ejecutivo", dice Jiménez Mayor. "El sistema de justicia norteamericano está emplazando al Ejecutivo en relación a uno de sus socios en la región".
lsm
