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A los 10 años una niña cursa su último grado de primaria, entre los 12 y los 14 estudia la secundaria, pero en México se vive otra realidad. Más de tres mil niñas de ese rango de edad se convirtieron en madres en 2023.
Si a esto se le suman los nacimientos en los que la mamá es adolescente (15-19 años), tan sólo el año pasado se registraron en total 137 mil 660 embarazos de niñas y adolescentes en el país, de acuerdo con las cifras de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
Hace nueve años, en 2015, esta problemática presentaba números insostenibles: 402 mil 452 nacimientos en donde la madre tenía entre 10 y 19 años, casi una quinta parte de los partos en México. De estos, el 2%, es decir ocho mil 540, eran de niñas menores de 15, un porcentaje que no ha cambiado hasta la fecha.
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La apuesta para frenar esta problemática fue la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enapea), que comenzó en 2015 y tuvo una segunda etapa en 2021. Las metas desde el inicio fueron ambiciosas: erradicar el embarazo infantil y reducir a la mitad la tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19. La fecha límite: 2030.
A pesar de que la tasa de fecundidad entre niñas y adolescentes ha disminuido de manera sostenida en los últimos nueve años, el embarazo en edad temprana sigue siendo una realidad constante y dolorosa en todo México.
El año en el que se lanzó la Enapea se tenía una tasa de 15 embarazos por cada 10 mil niñas de 10 a 14 años, las últimas cifras (2023) muestran que esta bajó a seis, pero entidades como Colima, Guerrero, Yucatán, Tlaxcala, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Puebla y Querétaroestán por encima de esta cifra.
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“Se piensa que este es un problema del sur del país, que sucede más con estas infancias y adolescentes, pero cuando se mira con más lupa, siempre, incluso en las entidades que tienen las tasas más bajas, te vas a encontrar municipios con cifras altas de embarazo infantil o adolescente”, explica Vanessa Arvizu, coautora del estudio “Embarazo temprano en México. Panorama de estrategias públicas para su atención" publicado por el Colegio de México (Colmex).
Un análisis hecho por EL UNIVERSAL muestra que de 2015 a 2023 más de 2.6 millones de niñas y adolescentes se convirtieron en madres en el país, lo que conlleva un impacto en sus vidas a nivel social, pero también les quita oportunidades a nivel escolar, laboral o las hace permanecer en círculos de violencia, asegura Arvizu.
“Lo que hemos visto es que parece ser un fenómeno que se va transmitiendo intergeneracionalmente (es decir de una generación a otra), esto como resultado de las situaciones de desigualdad estructural en las que se ven estas niñas y adolescentes”, dice la investigadora.
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Violencia sistemática
A finales de octubre de 2023, el caso de una niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo en Huimilpan, Querétaro, indignó a la sociedad mexicana al reflejar la desigualdad, el abuso y misoginia que sufren mujeres y niñas en el país. De acuerdo con información de la Fiscalía del estado, Esmeralda había sido víctima de violación por parte de un familiar tres años mayor que ella, aún así la primera respuesta del gobierno estatal fue criminalizarla.
Desde 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que ninguna mujer podía ir a la cárcel por abortar, sin embargo solo en 16 entidades se despenalizado y legalizado el aborto -Querétaro no entra en este listado- en el resto del país se sigue castigando, y solo es permitido por situaciones como violación, problemas de salud relacionados con la madre o con el feto, entre otros.
La realidad es que casos como el de Esmeralda no son tan poco comunes, este análisis revela que la diferencia de edad entre las madres menores de 15 años y los padres puede llegar a ser abismal. En el 50% de los embarazos infantiles registrados de 2015 a 2023 el hombre tiene entre 18 y 75 años.
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“Si hay un promedio de cinco años de diferencia, es decir, que estamos hablando de adolescentes de 14, 15, con un joven de 20 o 21, ya solo por esa diferencia de edad claramente hay un tema de dominio”, explica Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, una organización que trabaja desde el 2016 en la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la región.
Especialistas concuerdan en que estos embarazos son producto, en la mayoría de los casos, de un abuso de poder que se ejerce sobre esta población. Además, las menores se enfrentan no solo a la violencia sexual, sino a un estado de indefensión de sus derechos.
“Nos encontramos entidades en donde el aborto, se supone, debería estar despenalizado, pero hay médicos que abogan por la objeción de conciencia y no hay nadie más que las atienda [...] ahí hay una violación de sus derechos al mismo tiempo de que ni siquiera se los reconocen o se los hacen saber, es más, a veces ni ellas se atreven a pedirlo porque no los conocen”, afirma Vanessa Arvizu.
Aunque en los embarazos adolescentes es más común ver una relación entre pares, los datos muestran que en dos de cada 10 partos el padre es un adulto de más de 25 años.
El tema ha sido poco abordado desde el punto de vista masculino, es decir, generalmente se habla de las madres de edad temprana que están teniendo hijos, pero no se pone sobre la mesa el hecho de que hay hombres adultos que están teniendo una relación íntima con niñas y adolescentes, explica Juan Martín.
Discriminación permanente
Enfrentar un embarazo en la infancia o en la adolescencia no solo conlleva un impacto socioeconómico, también duplica y cuadruplica el riesgo de muerte materna en menores de 19 y 15 años, respectivamente, de acuerdo con una artículo publicado por el Instituto de Salud Pública (INSP).
Complicaciones como preeclampsia o infecciones sistémicas se ven agravadas porque las mujeres de este grupo poblacional tienden a recibir poca atención, ya que es constante la violencia obstétrica que padecen dentro del sistema de salud. “La atención que se da en los servicios públicos está basada en la discriminación y malos tratos, porque hay un prejuicio moral de considerarlas malas niñas o que han perdido su infancia”, asegura el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
La ocurrencia de un embarazo infantil o adolescente profundiza las vulnerabilidades que ya viven y la brecha que se genera es casi imposible de aminorar. No solo hay riesgos físicos, sino que se reducen las oportunidades educativas, lo que la obliga a aceptar condiciones precarias de empleo y salario.
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“Nueve de cada 10 niñas o adolescentes son expulsadas de las escuelas porque se les considera una representación social negativa, ya que tienen vida sexual y pueden contaminar a otras niñas, esto es tanto en escuelas públicas como privadas”, afirma Juan Martín.
Aunque es clara la reducción en las estadísticas, el nivel de desaceleración es menor en los embarazos de niñas de 10 a 14 años que en adolescentes, cada año hay una disminución, en promedio de apenas 675 casos en este rango de edad, de acuerdo con el análisis hecho a partir de los datos de natalidad de Inegi.
Los especialistas coinciden en ciertas recomendaciones, entre ellas la prevención, ya que lo que observan es una violencia estructural en contra de las niñas y adolescentes de México, pero también ponen el foco sobre una realidad, los registros han disminuido, pero de manera muy lenta, y ni con todas las políticas públicas ni con la Enapea, que está bien planteada, pero en ocasiones mal ejecutada, se ve que podamos llegar a la meta de 2030.
