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Todo ocurrió en segundos. Gritos, gente corriendo, fuego, confusión, pánico. Un conflicto en medio de la pandemia por Covid-19 terminó en el asesinato de dos mujeres y 13 hombres a manos de una multitud enardecida en el municipio indígena Ikoot de San Mateo del Mar, Oaxaca.
Las personas asesinadas “fueron golpeadas, apedreadas, les arrojaron blocks de concreto; sus extremidades fueron cercenadas con machetes y, posteriormente, sus cuerpos incendiados”, de acuerdo con los testimonios que recabó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que forman parte de la recomendación 54VG/2022.
Han pasado más de cuatro años desde la noche del 21 de junio de 2020 y, al día de hoy, nadie sabe decir quién encendió la chispa de aquel linchamiento.
“Éramos una comunidad unida que, después de esto, se vino abajo. Aquí la gente sigue dolida”, dice Ramiro Escudo de 27 años, nativo del lugar.
Después de la matanza se instauró un clima de desconfianza en este municipio de 15 mil habitantes. Ahí, donde el 90% vive en pobreza, se cerró el acceso a personas externas al municipio y se instauró el silencio.
Sin embargo, quedó una herida abierta, visible en los rostros de los “mareños” que a finales de 2023 decidieron crear la Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoots (COPACNI) con una sola misión: restaurar la paz interna y entender cómo llegaron a agredirse entre ellos.
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Divide y vencerás
La matanza de junio de 2020 fue la expresión de una serie de vulneraciones que iniciaron un año antes en este municipio de pescadores. Según explican los miembros de la comunidad, el punto de partida fueron los cambios en el método de elección de representantes comunales y la compra de votos para las elecciones de 2019.
En ese proceso se declaró como presidente municipal a Bernardino Ponce Hinojosa, quien era cercano al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al empresario contratista del estado Jorge Leoncio Arroyo que, sin ser originario de San Mateo del Mar, buscaba tener injerencia en las decisiones internas. Gran parte de la comunidad lo rechazó; otra, lo respaldó. En eso estaban cuando llegó el Covid-19.
Durante la pandemia de 2020, el 2 de mayo, autoridades de Huazantlán del Río, una de las agencias del municipio de San Mateo del Mar, detuvieron a personas que presuntamente iban en estado de ebriedad, incluyendo a cinco mujeres que aseguran que su detención se debió a su participación en las elecciones porque “les habían prohibido votar”. Este argumento es rechazado por quienes actualmente ostentan cargos comunitarios en el municipio.
Según testigos, en la madrugada del 3 de mayo, un grupo de 30 ciudadanos llegó a la agencia para intentar liberar a los detenidos. Agredieron físicamente a los encargados del retén, quemaron viviendas, negocios y vehículos. La comunidad pidió apoyo al gobierno estatal, pero no intervino.
En este evento, Filemón Villalobos Gómez, agente municipal suplente de Huazantlán del Río, parte del grupo que rechazaba el proceso electoral, fue asesinado de un disparo en la cabeza. La Fiscalía de Justicia del estado de Oaxaca no tiene información sobre detenidos por los crímenes que se suscitaron en esta fecha, dijo en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública.
El grupo que hizo los destrozos y que respaldaba al presidente municipal instaló un plantón que duró más de un mes.
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La llama de la masacre
En la mañana del 21 de junio de 2020, los habitantes de San Mateo del Mar buscaban celebrar una asamblea comunitaria para dialogar sobre el conflicto, la violencia y el plantón instalado en Huazantlán del Río. Pero mientras los habitantes se trasladaban a la sede, un grupo armado, presuntamente vinculado al empresario Arroyo y al presidente municipal, les disparó. Seis personas resultaron heridas de bala.
De emergencia pidieron apoyo al gobierno estatal. Lograron sacar a los heridos y, escoltados por las autoridades, el resto de los comuneros siguió el camino a Huazantlán del Río. En el sitio se encontraron con aquellos que mantenían el plantón desde mayo.
“El pueblo se desesperó porque no había autoridad, aunque se pidió que se atendiera este problema, aunque se pidió apoyo, nadie intervino”, recuerda Romeo Fajardo, coordinador de la COPACNI. Ya en la noche de aquel día, la tensión aumentó y una multitud —que algunos calculan era de 300 personas, y otros de más de mil— comenzó a agredir a quienes habían tomado el inmueble.
Elementos de la policía estatal declararon a la CNDH que intentaron resguardar a las personas que estaban siendo agredidas, pero que “la multitud estaba muy violenta [...] los individuos amenazaban con prender a las personas con gasolina al igual que a los elementos policiales”.
En el municipio había 32 miembros de la Policía Estatal, 12 de la Guardia Nacional, ocho de la Policía Municipal y dos policías ministeriales. Incluso había cuatro mandos presentes. Sin embargo, no apagaron la llama de la violencia.
Lo que vino es incierto. Gritos, gente corriendo, fuego, confusión, pánico.
Las autoridades dijeron que no documentaron la actuación de su personal y no ofrecieron bitácoras sobre los hechos. Esta omisión imposibilitó reconstruir a detalle lo ocurrido, y también ha sido una de las limitantes para el acceso a la justicia de las víctimas. Las negligencias en la atención al pedido de auxilio en el municipio antes y durante el linchamiento, les valió una recomendación de la CNDH.
La única certeza, hasta el momento, es el saldo: 15 muertos y 30 lesionados en una misma noche a manos de una turba.
En la causa penal 206/2020 se acusa a 161 personas por los delitos de feminicidio y homicidio doloso en estos hechos. Pero hay quienes afirman no haber participado o que no estaban en el municipio en esa fecha. Desde finales de noviembre de 2024, se pidió el estatus de la investigación a la Fiscalía oaxaqueña, pero hasta el cierre de edición no brindó la información. A pesar de ser un caso estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana federal presumió en diciembre de 2023 la sentencia de 210 años de prisión en contra de tres hombres, presuntamente los únicos responsables de la matanza hasta el momento.
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La comunidad que se levanta
En una habitación de la cabecera municipal están reunidos los representantes de las 16 agencias y los dirigentes comunitarios de San Mateo del Mar. Es julio de 2024 y esta es la quinta mesa de trabajo que sostienen con autoridades para dar cumplimiento a las recomendaciones que hizo la CNDH al gobierno estatal. Apenas este año se iniciaron los trabajos para suturar la herida.
“Es difícil pensar en que nosotros mismos llegáramos a hacer esto”, dice uno de los asistentes a la reunión. En general, los pobladores hablan de una acción colectiva, pero no del grado de participación en lo individual.
A través de estos diálogos, la comunidad busca que, además de los 30 lesionados del linchamiento, se incluyan a las personas agredidas en mayo de 2020; el gobierno ya cuenta con un listado con los nombres de todos los afectados. Han pedido la “nulidad inmediata” de las carpetas de investigación por lo que consideran “faltas al debido proceso” y la liberación de cuatro personas detenidas acusadas de los homicidios. También que se sancione al empresario Jorge Leoncio Arroyo, pues lo señalan de ser el “autor intelectual de todos los hechos”, según enumeró la organización Maderas del Pueblo del Sureste, cuya misión es acompañar a los pueblos indígenas en la defensa de su territorio y sus derechos colectivos, y la Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoots (COPACNI).
Juan Zubieta, síndico municipal encargado de la seguridad, dice que “la comunidad se fracturó con los señalamientos contra las personas que aparecen en la orden de aprehensión, quienes ni siquiera tuvieron qué ver; hay personas inocentes en este asunto”. El trabajo de la COPACNI es fomentar el diálogo y actividades internas que ayuden a recobrar la confianza.
Imelda, miembro de la COPACNI, es una de las encargadas de acudir puerta a puerta ante las familias de las víctimas directas. Realiza un trabajo de sensibilización, tratando de unificar, de recuperar la confianza. “Es un trabajo muy difícil porque no nos quieren escuchar, es cansado”, dice, pero poco a poco algo se va moviendo, hay quienes comienzan a dialogar, reflexionar sobre los hechos y conciliar.
Flor Estela Morales, titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, explica que el caso es complejo pues hay un fuerte impacto a nivel comunitario. “Incluso para quienes no estuvieron involucrados directamente, su vida cambió”.
Dentro del equipo de la Coordinación se reconoce a toda la comunidad como víctima, pues tras los hechos, los niños dejaron de jugar en el parque, las actividades comunitarias se suspendieron, y todo el municipio se cerró al exterior. Morales señala que es por eso que el acceso a la justicia debe hacerse con procesos adecuados de investigación, “de manera transparente y sin condicionamientos políticos o injerencia de ningún personaje”. Desde su punto de vista, “no se puede hablar de justicia si quienes son llevados a juicio no son quienes realmente cometieron los delitos”.
Un grupo multidisciplinario, compuesto de antropólogas, tanatólogas, psicólogas y sociólogas han acudido desde febrero. Impulsaron el bordado entre las mujeres de las distintas localidades para fomentar la expresión, actividades entre pescadores y con las juventudes.
“Al principio notamos que la comunidad tenía una distancia entre ellos mismos y entre las agencias. Entre las mujeres había una desconfianza importante. Hicimos el taller de bordado para establecer redes y sensibilizar sobre las emociones que han quedado guardadas”, explica Ayranis López, una de las antropólogas que forma parte del equipo que trabaja en el municipio.
Empezaron a bordar los problemas, los miedos y los dolores. Un complemento del esfuerzo que inició la comunidad cuando definieron crear su Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoot. Este respaldo institucional es parte del reconocimiento de las omisiones ante los pedidos de auxilio.
Apenas este año, la comunidad retomó las festividades religiosas que son parte de su identidad y que, desde la perspectiva de los habitantes, también fomenta la convivencia entre familias que quedaron divididas en el conflicto.
La COPACNI busca que establezca un “Plan de reparación integral del daño con perspectiva intercultural”, que no sólo busca resolver lo que trajo el conflicto, sino atender las causas que los llevaron a ese momento: la pobreza, el abandono institucional y la desconfianza para con las autoridades externas al municipio. También el cese a la criminalización de la comunidad.
La CNDH detalla que en el caso de linchamientos, aunque no hay intervención directa y activa de servidores públicos, lo cierto es que deben tomarse las acciones necesarias para impedirlos o detenerlos. “Hubo una gestión y tratamiento inadecuado a las inconformidades, que inició con el acercamiento de las autoridades comunitarias con el subsecretario de Gobierno para desconocer tanto los procesos de elección como al presidente municipal electo, y al no ser debidamente canalizadas esas demandas se aumentaron los niveles de descontento grupal”, se lee en el documento.
Para Miguel Ángel García, de la organización Maderas del Pueblo del Sureste y asesor de la comunidad, la división interna responde a intereses de personas externas para desarticular la organización en contra de megaproyectos que tienen impacto en su territorio. San Mateo del Mar se opuso en 2006 a la instalación de parques eólicos y recientemente ha rechazado el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“Los políticos están interesados en esta zona y lo primero que hicieron es dividirnos a través de este personaje, Leoncio Arroyo. Quieren que perdamos fuerza”, afirma Ramiro Escudo, joven habitante cuyo nombre, le informaron, también está en la lista de indiciados.
El esfuerzo cotidiano por volver a la unidad parece urgente ante los proyectos comerciales que se desarrollan en los alrededores.
“Fracturados nos van a agarrar más fácil. Lo que queremos es que la comunidad siga unida, que nuestro tejido social esté íntegro para la defensa de nuestra madre tierra, de nuestro mar y de nuestra cultura”, dice Zubieta.
*Se buscó por todos los medios posibles al expresidente municipal, Bernardino Ponce, y al empresario Jorge Leoncio Arroyo, sin que al cierre de edición se les haya localizado.
jf
