Durante 24 años, el Poder Judicial fracasó en castigar a los jueces y magistrados que cometieron faltas disciplinarias, como acoso laboral, o delitos, como enriquecimiento ilícito o acoso sexual.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es el órgano responsable de vigilar el comportamiento de miles de funcionarios del Poder Judicial. Una revisión de la información de todas las sanciones disciplinarias que impuso a juzgadores entre 2000 y 2023, la lectura de medio centenar de investigaciones por faltas graves, y la revisión, de principio a fin, de una treintena de casos penales, ofrece una radiografía inédita del sistema que hoy vigila a mil 500 jueces y magistrados.
Este trabajo de investigación inició mucho antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera una reforma total al Poder Judicial Federal. Los hallazgos de este análisis pueden resultar pertinentes a la luz de las discusiones que transcurren en el Congreso de la Unión. Uno de los pilares de la iniciativa del presidente consiste en disolver al CJF y sustituirlo por un nuevo órgano llamado Tribunal de Disciplina Judicial.
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El análisis de cientos de solicitudes de información y una veintena de impugnaciones permitió conocer que, en 24 años, el CJF impuso 664 sanciones por faltas administrativas leves y graves a 423 jueces y magistrados. En las dos décadas que comprende esta investigación, 32 juzgadores desempeñaron la función de jueces y en otro momento de magistrados, y recibieron castigos en ambos cargos.
La sanción más severa —y escasa— fue la destitución, ordenada contra 22 jueces y ocho magistrados. Una de las personas removidas de su cargo fue un magistrado de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que sacó de su portafolio una pistola y le apuntó a una magistrada durante una sesión.
La mayor parte de los castigos han sido llamados de atención por escrito, en público o en privado, o advertencias de que no deben reincidir.
Entre los casos que merecieron un simple regaño por parte del CJF hay juzgadores que fabricaron acusaciones contra empleados por denunciar sus arbitrariedades; que fueron negligentes o descuidados; que alteraron actuaciones judiciales; que mantuvieron relaciones sexuales en sus oficinas; que contrataron a sus hijos o yernos como secretarios, y que negaron amparos a personas que habían sido torturadas o incomunicadas.
El CJF rara vez fue más lejos. Aunque tiene la facultad de acusar a funcionarios ante el Ministerio Público federal (MP), en 24 años apenas presentó 23 denuncias penales contra juzgadores. La más reciente fue en 2020 contra un magistrado, según información obtenida de la dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial tras un largo proceso ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Si bien la fiscalía logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en un tribunal. A la fecha, ninguna de las investigaciones que inició por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia, ha terminado en una sentencia condenatoria irrevocable.
Es decir, en 24 años el CJF no ganó un solo caso en contra de jueces y magistrados a los que descubrió presuntamente cometiendo delitos.
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Esto no significa que sean impolutos. En los documentos judiciales revisados se encontraron acusaciones de empleadas que dijeron haber sufrido acoso sexual, jueces que probablemente emitieron fallos a favor de sus amigos, recibieron millonarios depósitos en sus cuentas bancarias que no pudieron explicar, o cometieron defraudación fiscal, y magistrados que liberaron a narcotraficantes o ampararon a empresarios de casinos.
Quinto Elemento Lab obtuvo vía transparencia los expedientes judiciales de las 23 denuncias penales y, tras revisar las sentencias emitidas en primera instancia, los amparos, las apelaciones, las declaraciones recabadas, los dictámenes financieros, las órdenes de detención y los autos de vinculación a proceso, encontró que entre 2000 y mediados de 2024, sólo cuatro juzgadores pisaron la cárcel y por muy corto tiempo.
Uno es Isidro Avelar Gutiérrez, acusado de favorecer con sus fallos a personas presuntamente ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación; otro, Efraín Cázares López, señalado por liberar a decenas de acusados en el llamado "Michoacanazo", un proceso que inició en 2019 con la detención de funcionarios locales acusados de tener vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana. El magistrado José Manuel Rodríguez Puerto estuvo en la cárcel unas horas, bajo proceso por defraudación fiscal. No fue posible conocer la identidad del cuarto procesado.
La investigación en contra de otro juez continúa “en trámite” en la Fiscalía General de la República (FGR), aunque su familia lo veló en una funeraria de Monterrey, Nuevo León, en enero de 2019.
A la fecha, el resto de los casos está bajo investigación o fueron archivados por la FGR; otros han rebotado entre jueces renuentes a juzgar a sus colegas.
A criterio del CJF, hubo faltas graves que no ameritaron una denuncia ante la Fiscalía, pero sí la inhabilitación o destitución.
Según la revisión hecha por esta reportera con Quinto Elemento Lab a docenas de expedientes de investigación del CJF que concluyeron con esos castigos, el Consejo actuó de forma reactiva cada vez que un juez o magistrado fue exhibido en notas periodísticas, pero no de forma preventiva ni investigativa.
El Consejo falló en detectar las inconsistencias en la evolución del patrimonio de los juzgadores. En el caso de un magistrado del Tribunal Colegiado en Sinaloa, no detectó irregularidades en 15 años de declaraciones patrimoniales. El funcionario incluso compró un auto cuyo valor superó su salario de todo un año.
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En la mayoría de los casos de inhabilitación o destitución de 38 jueces y magistrados, el Consejo descubrió tan tarde las conductas infractoras que, en los casos que presentó ante el MP, el delito había prescrito o estaba a punto de extinguirse.
Con frecuencia resolvió mudar de juzgado o de tribunal a los funcionarios y decidió investigarlos solo cuando en la nueva sede hubo quejas de sus colegas.
Al igual que en México, en países como Argentina, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos existen órganos internos de vigilancia y sanción, integrados por magistrados que juzgan a sus pares. Sistemas sin contrapesos.
Mario Melgar-Adalid, uno de los primeros integrantes del CJF —órgano que comenzó a operar en 1995—, explicó que el diseño del Consejo buscaba garantizar la independencia de los juzgadores para que emitieran sus fallos libres de presiones. Al igual que los salarios y el derecho a cargos casi vitalicios, son parte del blindaje ideado para darles autonomía.
Pero el sistema tiene sus grietas. Es endogámico, explicó Melgar-Adalid. “Cuesta mucho trabajo que un amigo venga a ejercer la disciplina frente a otro amigo, conocido o compañero del trabajo, y esto ha ido entorpeciendo un poco la función disciplinaria”, dijo el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
"[Actualmente] tenemos la existencia de familiares, amigos, nepotismo cruzado, de decenas de personas que pertenecen a una misma familia y trabajan en el Poder Judicial. Por supuesto que esto propicia redes de complicidad y de apoyo", opinó el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer.
Este sistema está a punto de desaparecer. Si el Congreso aprueba la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en lugar de este órgano habrá un Tribunal de Disciplina Judicial. El detalle acerca de cómo funcionará quedará planteado en las leyes reglamentarias y en los acuerdos que se emitan después.
“Se pretende establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público”, se lee en la propuesta legislativa.
El nuevo tribunal, que estaría conformado por cinco magistrados electos por voto popular, podrá también investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solicitar a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia contra éstos. Además, conocerá de los asuntos relacionados con la disciplina de los miembros del Tribunal Electoral; competencia que no tiene actualmente.
Melgar-Adalid dijo que esta tendencia histórica del Poder Judicial que se defiende a sí mismo podría eventualmente desaparecer si el tribunal se integra con personas que no forman parte de la carrera judicial. “Me parece que en parte la reforma tiende a evitar esto que ha sucedido y sigue pasando […], pero eso va a ser incierto hasta que no sepamos quiénes resultan electos y sus perfiles”.
Laurence Pantin, experta en independencia judicial y directora de la Fundación para la Justicia, propone que para reducir el riesgo de que los juzgadores se cuiden entre sí podría haber una conformación mixta del nuevo tribunal, en la que algunos miembros pertenezcan al Poder Judicial y otros sean externos. “Habría que encontrar un balance; es decir, si son cinco magistrados, que dos sean externos y tres internos, o al revés […], y como es un órgano colegiado al final se tienen que poner de acuerdo”, señaló.
El Consejo de la Judicatura Federal tiene diversas maneras de captar información sobre la conducta de los juzgadores.
La Visitaduría Judicial realiza visitas programadas y sorpresa a los juzgados y tribunales, se entrevista con el personal y elabora informes de conducta. El área de Contraloría verifica la evolución patrimonial.
En uno de los edificios del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la bulliciosa avenida Insurgentes de la Ciudad de México, está la sede de otra de las áreas encargadas de vigilar, investigar y sancionar a jueces y magistrados. En el piso tres trabajan los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina (SED), que recibe y da trámite a las quejas que llegan a los buzones físicos o digitales.
Una revisión de las investigaciones realizadas por las áreas del CJF permitió constatar el difícil camino que sigue una queja. La ley orgánica y los acuerdos que regulan el funcionamiento del Poder Judicial exigen que estos escritos vayan acompañados de pruebas documentales en las que se constate cuándo, dónde y cómo ocurrieron hechos que suelen suceder de manera oculta y sin testigos.
Si la SED encuentra elementos suficientes en una queja, remite el caso a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA). Esta área puede requerir información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al final emite un reporte con el que da inicio a un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Todas estas áreas están a cargo de magistrados de circuito o secretarios de juzgado o de tribunal, que tienen la responsabilidad de conseguir pruebas y testimonios.
Cuando la falta no es grave, el caso lo resuelve la Comisión de Disciplina, otro de los órganos internos del CJF.
Si se trata de faltas graves que ameriten destitución o inhabilitación, son resueltas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, integrado por la presidencia de la SCJN y otros seis consejeros. Las discusiones transcurren en sesiones privadas y los casos se deciden por votación.
Durante 20 años, el CJF no transparentó las resoluciones del Pleno. Solo difundió detalles de casos que ya habían sido ventilados en los medios de comunicación. A partir de una modificación a la ley de Transparencia, en 2015, la información de faltas graves y no graves fue pública hasta 2019, pero ese año, en acatamiento a la ley anticorrupción, dejaron solamente pública la información de las faltas graves. Los nombres de los jueces y magistrados dados a conocer en esta investigación provienen de información del CJF entregada vía transparencia o difundida en comunicados oficiales, en los que el propio consejo los identificó.
Ante el fallo de destitución e inhabilitación, los juzgadores pueden acudir a la SCJN a inconformarse. Entre 2000 y mediados de 2024, al menos 42 jueces y 30 magistrados que fueron destituidos o inhabilitados por el Pleno presentaron un recurso de revisión ante la SCJN. La Corte confirmó la decisión del consejo de remover a 22 jueces y a ocho magistrados.
Aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dicta que el CJF debe denunciar a un juzgador ante el MP en cuanto sepa de un posible delito, primero suele hacer su propia investigación.
La ley, además, establece que, para que un juzgador pueda ser aprehendido o enjuiciado, antes debió ser suspendido por el CJF, tras su propia investigación. Y esto puede llevar años. La información de los casos administrativos y penales contra 14 jueces y magistrados, obtenidos por transparencia, indican que el Consejo los denunció, en promedio, dos años después de que detectara las irregularidades.
Casi la mitad de las sanciones administrativas consistieron en un apercibimiento privado, dirigido solo a la persona investigada, una advertencia por escrito de que no vaya a reincidir. En cambio, 15% fueron amonestaciones públicas; en esos casos, la persona es citada al edificio del Consejo, donde un alto funcionario le da a conocer el castigo. La tercera medida disciplinaria más común fue la suspensión, con 15% de los casos.
Una sola jueza, María del Carmen Torres Medina, tuvo un récord de 10 sanciones.
De los 24 años que abarcó este análisis, fue en 2001 cuando el CJF emitió más sanciones (83). El número cayó desde 2019. Entre 2021 y 2023 fueron únicamente seis. El CJF estuvo en esos años presidido por el ministro Arturo Zaldívar, y a partir de enero de 2023 por la ministra Norma Piña.
Los fallos de los jueces y magistrados repercuten en la vida de millones de ciudadanos. Aunque se espera que su actuar sea intachable, no siempre actúan apegados a las leyes que rigen su investidura.
Entre los centenares de casos que investigó en 24 años el CJF, hay personas que faltaron al trabajo por su adicción al alcohol, o que trataron a su personal de forma prepotente; juzgadores que mintieron en sus declaraciones patrimoniales o que intercambiaron favores con abogados litigantes.
También hay jueces que fueron sancionados porque se negaron a dar acceso a documentos de la indagatoria, tardaron en responder al pedido de personas presas que requerían atención médica, incurrieron en un posible conflicto de interés al emitir fallos a favor de sus amigos y otorgaron indebidamente amparos que pusieron en libertad a narcotraficantes y narcomenudistas.
En Matamoros, Tamaulipas, el juez José Susano Lucio ofreció una plaza de chofer a una persona, siempre y cuando compartiera la mitad del sueldo con su cuñado.
En Oaxaca, el magistrado Francisco Salvador Pérez fue destituido por dilación en el dictado de 183 resoluciones. En los 23 casos en que había personas encarceladas, estas fueron liberadas una vez que se emitió la sentencia, indica el expediente del caso.
La lectura de los expedientes sobre faltas graves permite advertir que las áreas del CJF fallan en detectar irregularidades a tiempo.
La mayoría de las investigaciones que derivaron en una destitución no iniciaron por los descubrimientos que hicieron estas áreas, sino por escándalos en la prensa o por quejas que presentaron a la SED víctimas de delitos, otras autoridades o personas subordinadas a los jueces y magistrados.
La Contraloría del CJF es la encargada de revisar la situación financiera y dar seguimiento a la evolución patrimonial de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, incluidos los juzgadores. Verifica sus registros bancarios, inmobiliarios y vehiculares, y debe constatar que presenten su declaración patrimonial.
Pese a las facultades con que cuenta, la contraloría tarda y falla en detectar las inconsistencias en el patrimonio de los juzgadores. Sucedió con Isidro Avelar Gutiérrez, suspendido precautoriamente (es decir, mientras se le investigaba) el 17 de mayo de 2019, el mismo día en que el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos lo exhibió en su lista negra como “narcotraficante designado” debido a sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones de narcotráfico a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros principales”, reportó el organismo en un comunicado.
Ese mismo día, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda anunció que había bloqueado las cuentas bancarias del magistrado. Una vez que el CJF concluyó su investigación interna, comenzó el procedimiento administrativo y lo denunció penalmente porque concluyó que parte de su patrimonio podía tener una procedencia ilícita. El Consejo encontró que Avelar Gutiérrez no fue veraz en las declaraciones de modificación patrimonial de 2014 a 2018, algo que no detectó la Contraloría en todos esos años.
En un caso anterior, el CJF no advirtió las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Carlos Arturo Lazalde Montoya, magistrado de un Tribunal Colegiado en Sinaloa, hasta que un homólogo del mismo tribunal lo acusó.
La contraloría descubrió entonces que Lazalde Montoya probablemente proporcionó información incorrecta en 12 de las declaraciones patrimoniales que presentó entre 1985 y 2000. No informó que era copropietario de un terreno y de una finca, ni que su esposa había adquirido dos vehículos y cuatro inmuebles, ni sobre la caja de seguridad en la que guardaba centenarios de oro y monedas de plata.
Aunque al final fue destituido en 2004, hubo otras faltas sobre las que el CJF no pudo pronunciarse porque ya había prescrito la facultad para hacerlo, como la compra de un vehículo “en cantidad exorbitante al precio real del mercado”, por un importe mayor incluso que su salario de todo el año.
El Consejo no denunció al magistrado ante el MP pese a que por norma debía hacerlo.
En entrevista, Lazalde Montoya calificó de injusta su destitución y dijo que aclaró la legal procedencia de bienes no declarados. Quinto Elemento Lab no logró respuesta del CJF ni de los demás jueces mencionados en este reportaje.
Otros casos graves han estado fuera del radar del CJF.
Uno ocurrió en el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, a cargo de Álvaro Tovilla León. Un juzgado donde se habían resuelto litigios importantes en los sectores de telecomunicaciones e inmobiliarios.
A principios de 2011, el CJF supo por una nota periodística que Esiquio Martínez Hernández, secretario del juzgado, había recibido 432 millones de pesos en sus cuentas. El Consejo presentó una denuncia ante el MP, y Martínez Hernández terminó en prisión. Pero no el juez Tovilla León.
Ese mismo año, el CJF concluyó que había indicios de que Martínez Hernández posiblemente actuó con la “anuencia, tolerancia y colaboración” del juez Tovilla León, por lo que comenzó una investigación. “Tovilla León conoció de 23 juicios de amparo entre los años de 2006, 2007 y 2008 en los que aparecen promoventes o autorizados –litigantes– que se identifican como depositantes de las cuentas bancarias a nombre de quien en su momento fungiera como su secretario de juzgado”, informó el Consejo en un boletín.
El CJF destituyó a Tovilla seis años después, en 2017. Pero no lo castigó por tener ingresos adicionales a los de su cargo, por haber mentido en sus declaraciones patrimoniales de tres años y no declarar tres cuentas bancarias. Cuando detectó estas faltas, ya había prescrito su facultad para hacerlo, indica el expediente. En lugar de eso, lo sancionó por descuidar su juzgado, por no vigilar el resguardo de diversos expedientes y por ser omiso ante los actos de un subordinado.
La denuncia penal contra Tovilla tampoco prosperó. Aunque el MP inició en junio de 2014 una averiguación previa por enriquecimiento ilícito y delitos contra la administración de justicia, a la fecha sigue en trámite, respondió la FGR.
Tal vez uno de los casos más mediáticos fue el de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, cuyas sentencias causaban revuelo. En 2005 exoneró a Iván Archivaldo Guzmán Salazar –hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa– por el delito de lavado de dinero. “Yo no advierto que el señor padre se dedique a ser narcotraficante y que los recursos que él se allega por actividades ilícitas se los haya allegado a su hijo”, dijo Luna Altamirano en una rueda de prensa.
En 2010, el juez absolvió a Jesús “el Rey” Zambada, hermano de Ismael “el Mayo” Zambada. Dos años después, el consejo entabló una denuncia penal contra Luna Altamirano. La fiscalía ya llevaba dos años investigándolo. En el documento que presentó, el CJF lo acusa de falta de profesionalismo, de falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de 2004 a 2012, y de no justificar ingresos adicionales a su salario por 2.7 millones de pesos; se refirió también a depósitos en las cuentas de sus familiares de las que se desconocía el origen.
Ninguna de las denuncias prosperó.
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A la fecha, ninguna de las investigaciones que inició la FGR por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad, hostigamiento sexual o delitos contra la administración de la justicia, ha terminado en una sentencia condenatoria irrevocable. Aunque logró una sentencia condenatoria en la primera instancia, después la perdió en un tribunal.
En 24 años, el CJF no ha ganado un solo caso en contra de los jueces y magistrados a quienes descubrió violando la ley.
El Consejo inició 23 denuncias penales que se convirtieron en 28 investigaciones del MP. Solamente siete casos llegaron ante un juez –después de rebotar entre juzgados, que se negaron a tomarlos–. Los delitos de algunas de las causas habían prescrito cuando los recibió el juzgador.
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Hay otros siete casos penales, que ni siquiera fueron llevados ante un juez, porque el MP resolvió no ejercer la acción penal.
Otras 14 carpetas continúan en la cancha de la FGR, pese a que cinco llevan poco más de diez años en fase de investigación. Es el caso de Jorge Figueroa Cacho que, entretanto, ya se jubiló.
También está el caso de José Manuel Rodríguez Puerto, un magistrado forjado en el sistema judicial desde el escalafón más bajo. El 8 de mayo de 2014 el CJF lo suspendió para investigarlo porque días antes había sido acusado en diversos medios de comunicación de formar parte de una red de protección y tráfico de influencias para favorecer a Juan José Rojas Cardona, conocido como el Zar de los Casinos.
Expedientes judiciales obtenidos vía transparencia revelan que el MP llevó a cabo dos investigaciones en contra del magistrado. Pero sin mucho éxito.
Una es por el delito contra la administración de justicia, que sigue en trámite; la segunda por defraudación fiscal. Esta causa lo llevó a prisión unas horas; es la que estuvo más cerca de culminar en una sentencia condenatoria.
Aunque pasó por varias instancias judiciales y se demostró que Rodríguez Puerto había declarado ingresos menores a los realmente obtenidos, no se le pudo sentenciar porque un tribunal colegiado concluyó que había prescrito la facultad de la fiscalía para ejercer acción penal y cerró el caso.
Los otros cuatro juzgadores denunciados penalmente por el CJF ante la FGR fueron Eduardo Ochoa Torres, Javier Rubén Lozano Martínez, Ricardo Hiram Barbosa Alanís y Luis Armando Jerezano Treviño.
En la vía penal, los expedientes nunca prosperaron, de acuerdo con el seguimiento realizado por Quinto Elemento Lab a las denuncias. Las indagatorias siguen en investigación en la fiscalía después de diez años.
En el caso de Barbosa Alanís, el primer obstáculo fue conseguir que un juez asumiera la competencia para ver el asunto, ya que al menos tres argumentaron diversos motivos para no llevarlo. Cuando el MP logró que un juzgado analizara la orden de captura, este la negó y devolvió el expediente a la fiscalía para que integrara mejor la investigación. Según la FGR, la denuncia sigue en trámite, pese a que Barbosa Alanís falleció en enero de 2019.
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La iniciativa de reforma que se discute en la Cámara de Diputados plantea que el CJF ha sido incapaz de cumplir con su obligación de combatir la corrupción, la impunidad y los abusos, y por eso pretende sustituirlo por un nuevo órgano. El diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, cree que el Tribunal de Disciplina es un primer paso para acabar con la corrupción en el sistema.
La reforma que envió el presidente establece que las resoluciones y sanciones del tribunal serían definitivas e inatacables. Tras los foros que se realizaron para debatir la reforma, ahora se propone que el tribunal funcione en pleno y en comisiones, y que sean estas últimas las que emitan los fallos en primera instancia, y pueda ser el pleno el que decida de forma definitiva.
Expertos entrevistados por Quinto Elemento Lab dudan que sea una solución integral. Se refirieron a dos aspectos centrales: el alcance de sus facultades y su integración.
La iniciativa propone que el nuevo tribunal pueda investigar y sancionar a juzgadores “que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia”. Para Laurence Pantin, directora de la Fundación para la Justicia, esta definición podría dar pie a que se les castigue por el sentido de sus fallos y no solo por sus comportamientos y acciones, lo que iría en contra de los estándares internacionales.
El riesgo, dijo el exintegrante del CJF, Mario Melgar-Adalid, es que si un juez emite una sentencia adversa a los intereses del gobierno –como ha sucedido ya– se podría establecer que el juzgador está actuando en contra del interés público nacional y podría ser sujeto de una investigación y sanción. “Esperemos que este tribunal no solo esté atendiendo a las decisiones inquisitoriales, sino que procure y propicie la independencia judicial, y que no se vaya a perder la formación técnica-académica de jueces y magistrados”, añadió.
Otro tema que les preocupa es el nombramiento por voto popular de los magistrados que encabezarían el tribunal.
“Hay un sistema de protección y padrinazgo que es importante modificar, [pero] tenemos que hacer un diseño que permita que perfiles idóneos puedan llegar a ese cargo”, dijo el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa Mijares.
Laurence Pantin consideró que este método politiza a las personas que ocupan el cargo y las incita a responder a intereses políticos o económicos. “Si la elección de jueces es complicada, lo es todavía más cuando se trata de magistrados que van, a su vez, a juzgar a los jueces”.
(Contribuyeron a este reportaje Efraín Tzuc, de Quinto Elemento Lab, y Jesús Ibarra, periodista independiente en Sonora. Diseño de portada y gráficos: Omar Bobadilla.)
NOTA METODOLÓGICA: Quinto Elemento Lab obtuvo información pública de 664 sanciones que corresponden a 423 personas juzgadoras a quienes se les impusieron entre una y 10 sanciones. En las más de dos décadas que comprende esta investigación, 32 juzgadores desempeñaron la función de jueces y en otro momento de magistrados, y recibieron castigos en ambos cargos.
mahc