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Lo preguntó varias veces: “¿Está muerta?”. El silencio fue la respuesta. Diana no tuvo noticias hasta que se registró el cambio de turno en el Hospital General Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías —conocido como el Hospital Venados—, en la Ciudad de México. Fue entonces cuando le informaron que su hija no tenía latidos. Luego escuchó a una doctora decirle: “Ay, mijita así son las cosas”. Como “no era un caso de urgencia”, la mantuvieron 10 horas con su hija muerta en el interior de su vientre, en una sala donde vio a niños recién nacidos llorando. “Y yo sin poder hacer nada. En ese momento sólo pensaba: Ojalá me hubiera muerto también en la cesárea, ojalá no estuviera aquí.
El desarrollo de su embarazo fue normal hasta la semana 33 de gestación, en la que detectó disminución del movimiento de su bebé. Al presentarse en la clínica familiar que le correspondía del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), le dijeron que no había nada extraño, excepto “una circular”, sin explicarle a qué se referían, lo que la dejó intranquila.
Su médico familiar la refirió al área de Urgencias, en el Hospital Venados, donde la recibieron con regaños. El maltrato se incrementó: realización del tacto sin su permiso y de forma agresiva, además del retraso de un ultrasonido urgente que le practicaron seis horas después y a gritos: “¡Cómo es posible que nos hagas perder el tiempo, tu hija se está moviendo!”. Diana no podía distinguir, porque la obligaron a quitarse los lentes.
Al ser trasladada al área de tococirugía —donde están las mujeres en labor de parto— tuvo que hacer fila de pie junto a otras; esperaban a que una cama o una silla se desocupara. El personal le realizó pruebas de cinturones —para monitorear el ritmo cardiaco de su hija, a quien llamaría Paula María— sin explicarle los resultados. Al otro día, le anunciaron que entraría a una cesárea de emergencia sin darle razones. La rasuraron y vendaron, pero a las dos horas el médico decidió cancelar la intervención diciéndole: “Tu bebé aún está chiquita, es mejor que se quede en la panza las semanas que le faltan”. Así que la subieron a piso y a las pocas horas, recuerda Diana, sintió “un jalón súper fuerte en la panza” y cree que en ese momento su hija sufrió un paro cardiaco y murió. A los 10 minutos la revisaron y no detectaron el latido de la niña. Diana entró en estado de shock. “No sabía si llorar, gritar, preguntar”.
Como pudo, reaccionó y preguntó varias veces: “¿Está muerta?”, pero nadie respondía. No tuvo noticias hasta el cambio de turno, cuando le corroboraron que su hija no tenía latidos.
Para expulsar el cuerpo de su hija, el médico insistió en un parto, pero ella le dijo que prefería una cesárea, porque no podía concebir la idea de parir a su hija sin vida. “Si existe el infierno es pasar por la muerte de un hijo y que no piensen en tu dolor. Están tan insensibles que no les importa, eres una más y ya”.
El médico no cambió de opinión, aunque Diana le repetía: “No puedo parir a mi hija muerta, no me pida que haga eso”. Le dijeron que no había opción, hasta que indicó que por una malformación que tenía en el brazo no podía pujar y como no tenían su expediente, prefirieron no arriesgarla. Sólo pudo ver a su hija antes de que se la llevaran los servicios fúnebres, a los que no pudo asistir.
Diana ignoraba que había sido víctima de violencia obstétrica, que aqueja a 33.4% de las mexicanas de 15 a 49 años que tuvieron un parto de 2011 a 2016, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares del Inegi. También desconocía que la Ciudad de México se encuentra dentro de las cinco entidades con más incidentes en el parto, junto a Querétaro, Morelos, Tlaxcala y el Edomex.
La violencia obstétrica, que enfrenta una de cada tres mujeres en México es definida por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) como una forma específica de violencia que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención obstétrica en servicios de salud públicos y privados, consiste en cualquier acción u omisión del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o sicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano, degradante o un abuso de medicalización, menoscabo de su capacidad de decidir con libertad e información sobre procesos reproductivos.
En su caso, Diana inició un procedimiento de reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado en contra del IMSS. La institución de salud pública no ha dado resolución a ésta.
CNDH: IMSS lidera quejas
Las instituciones que ocupan los tres primeros lugares por número de incidentes son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otros hospitales o clínicas públicas y los Centros de Salud. En el IMSS 40.8% de mujeres reportaron malostratos durante su proceso de atención.
Otro caso es el de Liliana, originaria de Quintana Roo. Como Diana, también fue víctima en 2013, durante su estancia en el Hospital General de la Zona Médica Familiar 1 del IMSS. El médico le dijo que tendría un parto natural y la dejó a cargo de un residente, lo que la hizo sentirse abandonada. Después de dos horas, su dilatación se estancó y al cambio de turno llegó un nuevo médico que mostró “una actitud muy áspera, grosera y tajante”, relata.
Al revisar su expediente, le dijo que le haría una cesárea y cuando preguntó por la posibilidad de un parto natural, se negó, respondiéndole: “Si quieres esperarte, me voy a dar vueltas para revisar a todos mis pacientes. Si en media hora en que yo regrese tu bebé tiene sufrimiento fetal es tu responsabilidad”. Por miedo, Liliana accedió.
Recuerda que el anestesiólogo la “trató como una res, sin consideración” al ponerle la anestesia raquídea. La cesárea duró 14 minutos, pero el dolor acompañado de fiebre no cedía y aun así la dieron de alta. Dos días después regresó por los mismos síntomas y la atendió el mismo doctor, que alegó no encontrar su expediente. Liliana dice: “[En el IMSS] son como una mafia en la que se cubren todos. Me revisaban y todos minimizaban mis síntomas, me estuvieron tratando por una infección en vías urinarias, mientras me estaba desangrando por dentro”.
Como el dolor no cedía, su familia decidió llevarla a una clínica privada en donde se enteró que le habían causado un derrame interno y le habían perforado la vejiga, lo que le causó la necrosis de parte del intestino y de la matriz, que tuvieron que retirarle. Liliana quedó imposibilitada para volver a tener hijos y pasó seis meses hospitalizada. Su caso fue acompañado por GIRE para presentar una queja ante la CNDH, que aún se encuentra en etapa de investigación. A la par, realizó una denuncia penal, que tampoco se ha resuelto.
De acuerdo con un conteo de este diario en el portal de la CNDH, se han emitido, de 2015 a 2017, un total de 33 recomendaciones por violencia obstétrica [lo que representa 15% del total de recomendaciones de la comisión], 19 fueron para el IMSS. Con el propósito de que las autoridades de salud visibilicen y combatan, las violaciones a los derechos humanos en la atención obstétrica, la CNDH dirigió la Recomendación General 31/2017 a Secretarios de Salud de la Defensa Nacional y de Marina; Gobernadora y Gobernadores de las Entidades Federativas; Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos y Directores Generales del IMSS e ISSSTE.
Los puntos principales de dicha recomendación son impulsar la capacitación y sensibilización del personal además de realizar un diagnóstico "para detectar las necesidad materiales, de infraestructura y de personal que se requieran para satisfacer las demandas obstétricas de la población", para que se le de vista al poder legislativo, y se tome en cuenta en los recursos al sector salud.
Las cuatro entidades con más recomendaciones son Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco. En el reporte general de quejas del organismo —obtenido por EL UNIVERSAL— del 1 de diciembre de 2012 al 29 de septiembre de 2017, los tres tipos de quejas por parte de mujeres antes, durante o después del parto son: alteración de los derechos de maternidad, histerectomía y omitir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad de procreación. En las recomendaciones sobre violencia obstétrica, los derechos vulnerados con más frecuencia son: protección a la salud, a la libertad y autonomía reproductiva, a elegir el número y esparcimiento de los hijos, así como el derecho a una vida libre de violencia.
Anel Ortega, abogada de GIRE, explica: “Hay una dilación impresionante en el caso de las comisiones de Derechos Humanos, incluyendo la nacional; al menos tenemos casos de cuatro años o más que siguen en fase de investigación. De 100% de casos que recibe la CNDH, ni siquiera 30% termina con recomendación. No sé si son las áreas de seguimiento de la CNDH, o si es que no está tan posicionado el tema de salud versus otros temas que pueden percibirse como más graves. Me parece que es un tema que la CNDH no presiona para que sus recomendaciones sean cumplidas, habría que revisar cómo funciona el mecanismo de seguimiento”.
Como abogada en GIRE, Ortega ha visto que el tema más común es la no información a las pacientes o sus familiares; falta de consentimiento informado; que no reciban, regresen o dejen esperando a las mujeres porque no hay personal médico o es el cambio de turno y la negación al acceso de expedientes clínicos. “Hemos detectado, en la mayoría de los casos que acompañamos, que están todos alterados. Cuando hay muerte neonatal no se le informa por qué falleció el bebé hasta que se piden los expedientes clínicos y se analizan, pero eso es más de medio año después, si es que las personas insisten.
“Para la CNDH, esta es una modalidad de violencia institucional y de género. Y es cometida por prestadores de servicios de salud, es una cuestión que ha sido invisibilizada y el objeto de los pronunciamientos que emite la comisión es contribuir a visibilizar el problema”, dice en entrevista Patricia Mendoza, visitadora adjunta de la Cuarta Visitaduría General. Para la CNDH es sumamente importante sensibilizar a las instituciones de salud para que se identifiquen las causas que reproducen la violencia contra las mujeres en el marco de la atención obstétrica y que son atribuibles a algunos integrantes del personal de salud, añade Mendoza.
Serafin Romero, vocal de Educación e Investigación del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia AC, explica que la Federación Mexicana de Obstetricia y Ginecología y la COMEGO “no usamos el término violencia obstétrica porque es un término erróneo que causa confusión y desprestigio”. Señala que la OMS acuña el término Prevención y Erradicación de la Falta de Respeto y el Maltrato durante la Atención del Parto en los Centros de Salud. Menciona dos ejemplos de maniobras que están proscritas: la maniobra de Kristeller [presión en el útero para lograr la expulsión del bebé] o la versión interna que era voltear a los niños, meter la mano y ponerlos en una posición que pudiera facilitar el parto. “El médico tiene que ser respetuoso en la atención de la paciente”, para lo que recomienda que en la etapa formativa se inculquen y refuercen los principios de ética.
Mónica Flores-Ramos, doctora adscrita a la Clínica de Transtornos Afectivos del Instituto Nacional de Psiquiatría, señala que una mujer que tuvo un parto complicado y las que sufrieron algún tipo de violencia durante su atención obstétrica, pueden presentar depresión o estrés postraumático.
Recomienda acompañamiento sicológico de por lo menos un año. “No hay en general instituciones de salud que den seguimiento a mujeres que hayan tenido una pérdida, a menos que la mujer los solicite dentro de un servicio de sicología o un servicio de siquiatría en dichos centros hospitalarios”, agrega.
Este diario buscó la postura del IMSS, a través de Patricia Serrano de Sala de Prensa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
