El Presidente AMLO buscó poner el CONEVAL en manos de distinguidos consejeros e investigadores nacionales egresados del INAH / CIESAS la nueva titularidad del CONEVAL. No le aceptaron el nombramiento según su propio dicho. Logró colocar, por vía de su Secretaria de Bienestar Social, a un joven doctor de la UNAM experto en ingresos y modelos de desarrollo.
¿Movimiento presidencial decisivo?.
El giro táctico de 90 grados con el nombramiento puede obtener un peso promisorio si logra construirse como un proceso institucionalizado hacia una Post Política Social.
El viraje en el cambio en la titularidad de CONEVAL es simbólico y representa un movimiento táctico presidencial para diagnosticar en corto tiempo el estado de la organización no sólo a nivel presupuestal, dirimir la ecuación de poder hegemónicos consolidados en su interior y en sus órganos, el alcance de sus informes, la encomienda que debiese tener en política social.
No es decisivo ni estratégico aún porque CONEVAL puede consolidarse como una instancia maestra a favor de construir valoraciones sobre las causas y realidades de las pobrezas, las desigualdades y las adversidades que afrontan los más pobres entre pobres y las comunidades, lo que implica un rediseño del modelo de desarrollo social nacional.
El axioma político del yo tengo otros datos del Presidente, a mediados del sexenio podrá tener en el espejo diagnóstico del CONEVAL, los indicadores sociales y evidencias que correspondan a sus propósitos de cambio o machacaran las contradicciones que sus adversarios / críticos le señalan sobre su perplejidad ante la realidad que no cambia de acuerdo a su voluntad.
Política de austeridad y prioridades científicas.
El nombramiento de un nuevo titular de CONEVAL ha tocado a su vez fibras sensibles en parte de la élite burocrática y de la comunidad científica científica del país, enmarañadas en episódicos escándalos y desencuentros que han involucrado a autoridades del CONACYT, en buena medida porque, en el estilo y propósitos del Presidente, se da en la coyuntura de la aplicación de disposiciones de austeridad y señalamientos que sentencian de antemano, la existencia de conchas institucionales vacías de honestidad, de racionalidad en el uso de recursos públicos y falta de compromiso social en diversos sectores de la comunidad cultural, académica y científica con el país.
Mientras el gasto público en la 4T sigue alimentando compromisos y las amarras financieras de la economía no terminan de hilvanar su capacidad en correspondencia con el mismo nivel de ingresos en las finanzas nacionales, se acompaña de un proceso cuesta arriba de inversión privada y se adosa una lógica de austeridad, anticorrupción y contracción como signos de salud económica a mediano plazo, mientras en el corto plazo empieza a generar efectos negativos intergeneracionales y señales crecientes de desaliento, crisis de expectativas, desgastes institucionales y conversión de proyectos de vida que se replantean su presencia en el país o su compromiso con la inversión en nuevos negocios, en diversos segmentos empresariales, educativos / científicos.
Las potestades del INEGI y el CONEVAL en el ramo de la medición de la pobreza.
Dentro de sus atribuciones el CONEVAL tiene la encomienda de desarrollar informes, metodologías, instrumentos, lineamientos generales, herramientas de planeación, generación de indicadores, orientados sustancialmente a la evaluación de políticas y programas sociales para el desarrollo social del país [ Decreto que regula la creación del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, DOF del 24 de agosto de 2005 y de acuerdo a Leyes Generales en Desarrollo Social así como de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ].
Lógicas hegemónicas no alineadas con la misión de programas sociales contra la pobreza.
Fernando Cortés realizó el estudio Gasto Social y Pobreza en 2014, problematizando, con evidencia empírica, si hay relación entre gasto social y pobreza, y si en realidad, esta asociación ha sido inversa en lugar de directa; y a su vez, examina cuán válido es inferir que si la pobreza no se reduce, entonces los programas sociales son ineficaces, es decir, no cumplen su propósito de paliar la pobreza: “A pesar del volumen creciente de recursos económicos dedicados al gasto social, el porcentaje de población en situación de pobreza no ha disminuido a la par del aumento en el gasto. Las incidencias de las pobrezas alimentaria, de capacidades y de patrimonio presentan en 2012 niveles levemente inferiores a los que alcanzaron hace 20 años (su estudio abarca el periodo 1990-2012)” [ Cortés, Fernando (2014). Gasto Social y Pobreza, Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, UNAM ].
El especialista mexicano Cortés dimensiona el uso clientelar y la focalización de los subsidios para sustentar la réplica a la ineficacia de los programas sociales, pero también sus efectos positivos en otras dimensiones del bienestar social, como coberturas en salud y educación, en mejora en condiciones de vivienda.
Acudamos ahora al impecable estudio que sustenta la nula incidencia estructural para reducir la pobreza desde el programa social mexicano, insignia mundial, el programa social federal PROGRESA-OPORTUNIDADES-PROSPERA: “cuando uno observa el nivel de pobreza extrema (medida con la tradicional metodología del ingreso, desde la introducción del programa en 1997, este está ubicado alrededor del 20 por ciento, con algo de varianza, pero estadísticamente significativo, donde una de cada cinco personas es pobre extremo, por lo que el programa no ha cumplido con uno de sus objetivos fundamentales, abatir la pobreza, pero sí ha mejorado el capital humano [ Hernández, Trillo Fausto. ¿Fracasó el Progresa-Oportunidades-Prospera?. Una evaluación a la evaluación de impacto, 2019 ].
Trillo asume en su evaluación de la evaluación que PROGRESA puede ser una pieza maestra más del plan integral de la política social. Debe señalarse que el programa PROGRESA (y sus antecedentes federales), es sólo un eslabón fundamental en la urdimbre de la política social, al que no podía exigirse exclusivamente haber incidido en los niveles de pobreza, sobre todo porque su diseño lógico institucional y despliegue operativo, nació divorciado de su misión estructural, logrando incidir más en procesos sociales tangenciales.
Es importante se delibere si CONEVAL debe tener un nuevo mandato constitucional, y si debe formar parte de la estructura del INEGI para evitar duplicidad de funciones en sus encomiendas institucionales (el cordón umbilical entre ambas instancias es tan claro en la medición de la pobreza nacional que no se explica porqué en esa rama el país debe seguir invirtiendo en estructura y recursos públicos de manera diferenciada), independientemente de que organizaciones de la sociedad civil u otras instituciones educativas o científicas pueden y deberían formular sus propias valoraciones, estudios y mediciones contrastantes, en temas sociales delicados para el futuro del país.
Por otro lado, los índices de desigualdades y de adversidades, al menos, no han sido un referente metodológico en el diseño de los programas y en la evaluación de impacto en el CONEVAL actual, lo que conlleva la necesidad de una deliberación de sus matrices de variables, indicadores y procesos con perspectiva compleja comunitaria / transdisciplinar.
Post Política Social.
El compromiso presidencial contra la pobreza en la 4T es un pilar invaluable que busca revolucionar el compromiso social del Estado mexicano, aunque en materia presupuestal, se ha sostenido desde 1992, una inversión social creciente en desarrollo social (salvo en los años de los cambios de presidentes -2006/2007, 2012-2013) y ante la crisis financiera / inmobiliaria internacional del 2008), pero sin los resultados empíricos sustantivos que se buscaban para el país.
Por ello la viabilidad de la economía pública actual es factor clave para favorecer a su vez el diseño de las políticas y programas ante este fenómeno social tan complejo.
A la política social del país le ha faltado, irónicamente, diseño integral metodológico complejo, mayor tejido científico multidisciplinar que recupere la dimensión cualitativa en la evaluación de su impacto, formulación de estándares alternativos e internacionales de evaluación del diseño y del impacto de políticas y programas, visión de Estado entreverada con el aprendizaje de las lecciones sobre las crisis de modelos de bienestar, del caleidoscopio del contexto socio comunitario mexicano y de los factores que nos hacen interdependientes del orden global.
En medio de contradicciones, incertidumbres y animadversiones que fragmentan y des angelan procesos sociales, el proceso de diseño de una Post Política Social es imprescindible como proyecto de desarrollo alternativo en México, con deliberación democrática y participación de sujetos beneficiarios de programas sociales en el diseño y evaluación de los programas sociales, de lo contrario, el país seguirá postrado ante sus niveles de pobreza.
En dicho proceso, las comunidades culturales,académicas, científicas y tecnológicas son claves para acercar a las instituciones con el mundo, los proyectos de la iniciativa privada, las organizaciones, el gobierno y la gente común.
Por ahora, el giro pendular en la decisión presidencial sobre CONEVAL es táctico pero puede desplegarse como un golpe de timón si logra demostrarse en los hechos el sesgo pragmático ideológico en la tesis de que la política social es ineficiente para lograr crecimiento económico, dado que, como afirmaba Karl Polanyi en 1944 “la política social moderna es necesaria para aliviar la pobreza y la inseguridad”.
