En 2002 la Cumbre Judicial Iberoamericana suscribió en Cancún, la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, en la que incluyó el apartado “Una Justicia para proteger a los más débiles”, cuyos principios y recomendaciones dieron lugar a Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad o “Reglas de Brasilia” surgidas en el marco de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2008.
Las Reglas de Brasilia, actualizadas en Perú (2018), aportan cien reflexiones sobre los problemas de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población y contribuir a la mejora de las condiciones de acceso a la justicia para las personas que por edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales tienen dificultades para ejercer con plenitud los derechos.
Las Reglas reconocen a la pobreza como una condición de vulnerabilidad, ya que se trata de un factor que perpetúa y agrava las desventajas de las personas que la viven, al impedir o dificultar, el ejercicio de sus derechos, entre éstos, el de acceso a la justicia.
La pobreza no es sólo la escasez de los recursos económicos indispensables para satisfacer las necesidades básicas, es un fenómeno multidimensional relacionado con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales e imposiblitan su plena integración social.
Adaptar procedimientos para permitir la práctica anticipada de las pruebas, redactar notificaciones y requerimientos con términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, evitar comparecencias innecesarias y procurar la concentración en el mismo día de la práctica de las diversas actuaciones son algunas de las recomendaciones de las Reglas de Brasilia; medidas que conviene sean conocidas e impulsadas por todos los operadores juridicos, no sólo por quienes imparten justicia. De lo contrario, el sistema de administración de justicia seguirá siendo visto como un conjunto de instituciones al servicio de los poderosos y de las personas privilegiadas, lo que reduce su capacidad para impulsar la cohesión social e incentiva la adopción de mecanismos informales y violentos para resolver las disputas entre particulares.
En un país con altos índices de violencia como el nuestro, la plena participación social, económica y cultural de las personas en pobreza y pobreza extrema es indispensable para consolidar una paz sostenible; un objetivo que debe estar cimentado en un sistema de administración de justicia eficiente y eficaz que garantice la igualdad y la no discriminación.
