Hace algunos meses, la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa –que me honro en presidir– recibió un correo electrónico de una extranjera en México, donde afirmaba que estaba recibiendo agresiones físicas y verbales de su esposo mexicano, que además de golpearla, la amenazaba con separarla del hijo de ambos y deportarla.
La Comisión para la Igualdad de Género es un órgano colegiado, integrado por cinco Magistradas y/o Magistrados, tres de Salas Regionales y dos de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tiene por objeto: estudiar, promover, difundir e incorporar, en el quehacer administrativo y jurisdiccional del Tribunal, las obligaciones y principios contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres “CEDAW”, la “Convención De Belem Do Pará”, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; y el Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México.
La Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no tiene competencia para atender ese tipo de quejas, sin embargo, se buscaron las instancias que sí podrían ayudar a la solicitante y, al mismo tiempo, se le informó el alcance de sus atribuciones. Así, esta Comisión canalizó el correo al instituto estatal de la mujer –de la entidad federativa– en que la presunta víctima residía y también remitió el correo a la Unidad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que de inmediato tomó cartas en el asunto y se puso en contacto con ella.
¿Cómo es que se logró articular la ayuda para esta mujer que enfrentaba violencia? ¿Por qué bastó un escueto correo electrónico para movilizar a tres instituciones gubernamentales?
Lo que impidió que la solicitud fuera ignorada o rechazada por incompetencia de la institución a la que se dirigió originalmente, es muy simple: el personal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa –que la recibió– aplicó la perspectiva de género, lo que hicieron también las otras dos instancias a las que ésta se remitió; que consideraron la denuncia sin privilegiar la forma sobre el fondo, ni exigir que se detallara y acreditara –en ese momento– la violencia.
Las personas servidoras públicas entendieron que se trataba de una llamada de auxilio frente a circunstancias que –para la mujer solicitante– ponían en riesgo su vida y la de su hijo.
Este caso, como otros que hemos conocido en la Comisión, me han llevado a plantear algunas preguntas: ¿por qué se acudió a una instancia que no tiene competencia cuando los gobiernos municipales y estatales han creado diversas instituciones para atender a las mujeres que sufren violencia?, ¿qué mecanismos o estrategias de comunicación se requieren para que las mujeres que viven situaciones de violencia reciban el apoyo institucional que necesitan?, ¿por qué si hay múltiples disposiciones de protección a los derechos de las mujeres, especialmente para que puedan vivir una vida libre de violencia, no saben a quién dirigirse?, ¿cómo se debe vincular a las mujeres y a las instituciones creadas para la defensa y protección de sus derechos?
El servicio público requiere vocación y profesionalización, pero ésta no debe centrarse exclusivamente en los aspectos técnicos, sino que debe incluir además una formación sobre perspectiva de género y derechos humanos, para que las personas servidoras públicas –ejecutoras de la actuación estatal– cumplan sus atribuciones con responsabilidad, aplicando la ley y teniendo en mente que al Estado corresponde también proteger y garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos.
La historia de violencia que hoy les he compartido todavía no ha terminado, sin embargo, comenzó con una pronta respuesta de tres instituciones del Estado mexicano. Tres entes públicos que se han interesado en avanzar e impulsar la creación de las condiciones necesarias para la materialización de los derechos de las mujeres. Estoy segura de que hay muchas personas e instituciones públicas en ese camino. Ojalá pudieran compartir también sus experiencias.
@z_mosri
