Es cierto. La legislación electoral mexicana es una de las más sofisticadas en el mundo. En foros internacionales se reconoce su contribución en términos de logística, fiscalización y monitoreo, entre otros programas innovadores.
No obstante, la norma comicial del país quedó rezagada en términos de facilitar el ejercicio de derechos políticos a quienes viven con discapacidad. Esto es grave porque desafía uno de los principios de las democracias liberales: la universalidad del sufragio. Además, va a contracorriente de instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, tales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La OMS estima que 15 de cada 100 personas en el mundo vive con alguna discapacidad física, mental o psicoemocional. No es un problema marginal.
Por todo ello, resulta esperanzador el avance propuesto por la reforma electoral 2023 que reconoce para las personas con discapacidad permanente o en estado de postración, el derecho a votar desde su propio domicilio.
La buena práctica que recoge la legislación electoral mexicana recién aprobada tiene su origen en Ecuador. Desde 2013 ese país andino implementó el “voto en casa”, en el cual se obliga a la Junta Receptora de Voto a trasladarse al domicilio de aquellas personas con discapacidad física severa, a efecto de que puedan sufragar desde sus propios hogares. Si bien la cantidad de votantes inscritos para participar es modesta, el impacto político de esta medida es importante. Se refuerza que la pertenencia a la comunidad política no está limitada por alguna condición de discapacidad.
La reivindicación política que logró el programa ecuatoriano ha logrado que la buena práctica sea replicada en otras naciones como Paraguay (2015), República Dominicana (2016), Honduras (2017) y próximamente México.
Desde antes de la reforma 2023, la Ley Electoral incluye algunos dispositivos favorables. Se exige que las casillas se instalen en lugares accesibles y que se utilicen materiales adecuados para las personas con discapacidad. Asimismo, la Ley permite que aquellas personas “incapacitadas físicamente” puedan solicitar al INE que acuda a sus domicilios para tramitar ahí su credencial para votar. Deben entregar un comprobante médico.
La enmienda recién aprobada no modifica este derecho, pero agrega el de emisión del voto desde el propio domicilio. Más allá de programas piloto como los que con éxito se están llevando a cabo en Coahuila y Estado de México, es previsible que la nueva disposición abra nacionalmente la puerta de la participación electoral a personas que, quizás no habían siquiera considerado votar, por las dificultades que el desplazamiento significa para ellos y sus familias.
Pero la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no se limita al derecho al sufragio activo. Garantiza también otros derechos políticos, tales como el de asociación y el de competir por cargos públicos en igualdad de condiciones con los demás. Obliga a la promoción de entornos en los asuntos públicos se pueda dar sin discapacidad.
En ese sentido, la legislación y las políticas públicas que han sido adoptadas siguen siendo insuficientes. Es necesario que las autoridades electorales incluyan a la discapacidad en sus planes estratégicos, de manera que operen en todo tiempo. La inclusión de personas con discapacidad debe estar presente en los programas de educación cívica, en las políticas de incorporación al servicio profesional electoral, en la observación, en la capacitación y por supuesto, en el diseño de materiales.
Es posible construir un sistema electoral donde quepamos todas y todos. Hay que conocer nuestras diferencias y ensanchar las puertas de la democracia.
Analista de temas electorales.
@yuribeltran
