Se equivocan quienes sostienen que hay otras experiencias de elección de personas juzgadoras similares a la que se pretende para México. De hecho, Bolivia es el único sistema político que somete a votación popular la integración de sus más importantes cortes. El proceso 2024 arrojó resultados hace unos días, por lo que ofrece enseñanzas valiosas para nuestro país.
La Constitución del país andino permite que la ciudadanía elija a las y los integrantes de sus tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental (TA), así como a los miembros del Consejo de la Magistratura (CM). El resto de magistrados y jueces son definidos desde un sistema profesional de carrera.
El sistema es dual. Las candidaturas que llegan a la boleta son definidas desde el Congreso. Es a partir de esa lista selecta que la ciudadanía puede decidir.
En muchos sentidos las dos primeras elecciones judiciales (2011 y 2017) fueron desafortunadas. El hecho de que el partido en el poder haya tenido supermayorías parlamentarias le permitió imponer candidaturas a modo, con el consecuente riesgo de capturar al Poder Judicial. Además, en ambos procesos la cantidad de votos blancos/nulos casi duplicó el número de votos válidos.
Hay que recordar que cuando el pueblo boliviano decidió en las urnas no permitir una cuarta reelección para el entonces presidente Morales, la Corte Constitucional revirtió la decisión y lo habilitó para una nueva elección. Por eso es de celebrar que el proceso 2024 haya logrado resolver algunos de los problemas suscitados en las experiencias previas. Si bien no son todos, hay enseñanzas que deben aquilatarse.
Por vez primera la proporción de votos válidos (64%) superó a los blancos y nulos (35%). Además, la tasa de participación fue del 82%, una cantidad importante inclusive para países con voto obligatorio.
También en el proceso de selección de candidaturas hubo avances importantes. Las comisiones de la Asamblea Legislativa que se encargaron de definirlas permitieron la observación por parte de organizaciones ciudadanas y accedieron a transmitir sus sesiones en vivo.
Estos adelantos no fueron suficientes para que llegaran a la boleta las personas más preparadas. De hecho, la OEA recomendó que para futuras ocasiones el Congreso se auxilie de un comité asesor integrados por juristas de las universidades y organizaciones profesionales.
Del lado de los problemas, subsiste una extremada politización de la elección, lo cual se ha agudizado a partir de los conflictos al interior del partido mayoritario. Ya desde 2022 el Relator de Naciones Unidas había considerado “esencial que en estos procesos no sean los criterios ni las consideraciones de índole político los que prevalezcan”.
El objetivo no se cumplió del todo. Son muchas las notas periodísticas que relatan que los partidos enviaron mensajes por redes sociales para indicar a sus votantes duros por qué candidaturas votar, a pesar de que esa intromisión está prohibida.
La politización trajo consigo un segundo problema que no se puede soslayar. La falta de consensos provocó que la elección no se pudiera llevar a cabo en tiempo, por lo que quienes fueron electos en 2017 siguen juzgando con “mandatos prorrogados”. Además, las convocatorias a elección emitidas en cinco departamentos fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, lo que provocó que no se eligieran juzgadores en esas entidades.
Pero quizás el desafío más importante que enfrentó la elección boliviana es el de garantizar el derecho a la información. Fue poco el tiempo y recursos para explicar a la ciudadanía las funciones de las autoridades que serían electas, así como las propuestas de quienes competían por un cargo.
El análisis de las experiencias internacionales siempre arroja luz a quienes administran comicios. Bolivia evidenció que es posible generar mejoras, aunque hay desafíos que deberán ser resueltos quienes quieran obtener mejores resultados en proyectos similares.
Analista de temas electorales
