Siempre es difícil volver al principio. Encontrar el inicio de la historia. Regresar y decir este es el punto de partida. Cuando hablamos de cuestiones estructurales, es quizá el momento en que reconocemos, frente a la sociedad, que hay algo debajo, muy hondo, cuyo comienzo desconocemos, pero que está ahí presente, alquitranándose desde hace tiempo, incluso desde la fundación misma del todo, en lo que conocemos como actualidad.
La sociedad mexicana padece desigualdad. Asumámoslo en este espacio textual como una enfermedad, la infección primitiva. Por desigualdad entendemos que ciertos grupos de personas experimentan condiciones de vida, acceso a recursos y oportunidades significativamente desiguales en relación con otros sectores de la población. Esta desigualdad no solo implica diferencias en ingresos o bienes materiales, sino que también abarca la falta de acceso a derechos básicos como la educación, la salud, la seguridad y, sí, la justicia. Es una condición estructural, acumulada a lo largo de generaciones, que restringe el potencial de individuos y colectivos, y que perpetúa, casi como un eco invisible, las limitaciones de aquellos que se encuentran en desventaja.
En el plano de lo económico, esta desigualdad se vuelve aún más palpable cuando miramos hacia “la informalidad”. Lo pongo entrecomillas porque de asumir lo que significa informalidad viene una común primera imagen: la informalidad se ve como un tianguis, como puestos ambulantes sobre el espacio público. Sin embargo, esta imagen es tan solo un prejuicio basado en el clasismo. Me explico: la informalidad laboral son los empleos en los que las personas trabajadoras carecen de seguridad social o protección legal. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad laboral es cualquier actividad remunerada—ya sea autoempleo o empleo por cuenta ajena—que queda fuera del registro y de la regulación por parte de normativas legales. En resumen: la diferencia central entre formalidad e informalidad radica en el acceso a protección y seguridad social. Creer que “los informales” son solamente las personas que trabajan en el tianguis es tener, por lo menos, una visión limitada de lo que significa la informalidad y, por otra parte, refleja esta imagen que perpetúa a unos trabajadores dentro de un prejuicio que responde a muchos argumentos “a favor del orden” pero que no son más que intentos de argumentos basado en el clasismo.
La informalidad en México es un reflejo de la desigualdad. Hace algunos días, la imagen de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, en donde se veía a unos puestos ambulantes en la explanada se volvió tema de conversación. Algunos comentarios destacaban que el espacio se veía “sucio” y que “ya no podíamos tener nada bonito”. El clasismo en estas frases está, precisamente, en no poder ver el problema principal: sí, la desigualdad. En este entorno de carencias, la informalidad se convierte en una opción de supervivencia. La informalidad no es una elección individual, sino que va precedida por la falta de acceso a derechos.
Otro argumento que se intentó dar en la discusión pública en torno a los puestos ambulantes de la Cineteca es el mismo argumento que siempre sale a relucir cuando hablamos de informalidad: “los informales no pagan impuestos”. Pues, ¿qué creen? Eso es un mito, de nuevo, basado en el prejuicio de la imagen que tienen de “los informales”. Sí pagan impuestos. En realidad, todos y todas pagamos impuestos. Las personas que laboran en la “informalidad” también contribuyen al pago de impuestos, ya que, como cualquier otro ciudadano, cubren el IVA o el IEPS al consumir bienes y servicios. Además, se estima que cerca de una cuarta parte de quienes trabajan informalmente lo hacen en el sector formal, a través de contratos de servicios profesionales, por lo que también pagan ISR. Aunque la informalidad suele ser vista como una limitante para la recaudación fiscal, el economista José Ignacio Casar señala que formalizar toda la economía informal no resolvería los problemas de baja recaudación ni de redistribución fiscal. ¡Incluso si todos los trabajadores informales estuvieran registrados formalmente, el incremento en recaudación sería marginal! Casar estima que se recaudaría entre 0.25 y 1% del PIB, dado el bajo ingreso promedio de este sector y, por ende, sus bajas tasas de ISR.
Lo grave, es decir, el problema principal, no es la presencia misma del ambulantaje sino que se vuelve palpable y presente esta falta de acceso a derechos. Lo que les molesta no es ver un tianguis en la Cineteca, lo que les molesta es que ven de frente la desigualdad que tanto se niegan a reconocer.
