El crimen organizado existe porque existe el Estado. En México, la relación entre el Estado y el crimen organizado se inserta en el contexto del desarrollo de una guerra criminal, cuyos antecedentes datan desde los años 80. En 1985, el homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), llevó a una crisis interna dentro del Cártel de Guadalajara y a su posterior fragmentación. Esta fragmentación sentó las bases para la proliferación de nuevos grupos del crimen organizado y una intensificación de la violencia relacionada con el narcotráfico. Durante el mandato de Vicente Fox (2000-2006), aunque hubo intentos de una reforma en materia de seguridad, las estrategias contra el narcotráfico fueron menos intensivas en comparación con su sucesor. En 2006, con Felipe Calderón asumiendo la presidencia, dio inició la llamada “Guerra contra las drogas”, caracterizada por un conjunto de operativos de despliegue de fuerzas del Estado, planteada como una estrategia de “combate frontal y eficaz al narcotráfico”. Esta política marcó una nueva era de confrontación abierta y directa entre el Estado y los grupos del crimen organizado, exacerbando la violencia y alterando la relación entre el Estado y los actores criminales. Sin embargo, esta relación ha seguido fluctuando.
Las investigaciones académicas y periodísticas han mostrado periodos de colusión entre ciertos funcionarios del Estado y grupos criminales, reflejando un grado de tolerancia y colaboración en distintos momentos históricos. Por ejemplo, la investigación del caso Ayotzinapa en 2014 reveló nexos profundos entre autoridades locales y el crimen organizado, dejando al descubierto la complejidad y las fluctuaciones en esta relación. A partir de 2018, con Andrés Manuel López Obrador en el poder ejecutivo, se introdujo la estrategia discursiva de "abrazos, no balazos", que enfatizaba la reducción de la confrontación directa y el fortalecimiento de programas sociales para abordar las causas profundas del crimen, aunque la violencia y la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública continuaron e, incluso, se intensificaron.
En el debate público actual se encuentran las implicaciones de la reforma judicial, planteada por Andrés Manuel López Obrador. Ante las preocupaciones que se tienen por la elección popular de jueces y ministros se encuentra el crimen organizado. Algo de estas preocupaciones es verdad: el crimen organizado ya no está sólo en el ámbito del narcotráfico, sino que el control territorial se ha expandido a diversos ámbitos, incluidos el político y el judicial. En la literatura el control y la imposición de reglas y formas de vida por parte de grupos criminales se ha definido como gobernanza criminal. Esta es una realidad en México. Los grupos del crimen organizado tienen injerencia en ámbitos políticos y judiciales. Las elecciones de jueces y ministros por voto popular generarían incentivos para que estos grupos tomen acción.
En nuestro país, los grupos del crimen organizado ya proveen bienes y servicios. Durante la pandemia, el CJNG y el Cártel de Sinaloa repartían despensas a las poblaciones. Recientemente, al grupo criminal “Los Viagras” le incautaron antenas que usaban para brindar internet en Tierra Caliente de forma monopólica y a precios elevados. La injerencia política de los grupos criminales en México es, también, una realidad. Organizaciones como Data Cívica han documentado la violencia político-criminal durante los procesos electorales. La gran pregunta es: ¿cómo se puede asegurar que el crimen organizado no intervenga en las elecciones de jueces y ministros?
A lo largo de la historia de México, hemos visto que las formas de intervención estatal directa tienden a generar competencia, fragmentación y multiplicación de los grupos del crimen organizado, lo que produce mayores niveles de violencia. El primer paso para avanzar hacia la construcción de paz, en la reformación de la justicia, es -me parece- admitir que estamos ante formas de gobernanza más allá de la estatal. La realidad de nuestro país necesita encontrar paz y justicia.
