El 26 de septiembre se cumplieron diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 10 años, se ha acumulado la impunidad y la indiferencia del Estado, representado por los mandatarios de los distintos niveles de gobierno. La indolencia permanece, incluso hasta ahora. Tantos años, tantas marchas, tantas exigencias que siguen sin cumplirse. A 10 años, las familias de los estudiantes desaparecidos no han obtenido justicia sino un menoscabo a la verdad y a la memoria.
Seguimos repitiendo: fue el Estado. Fueron elementos del Ejército coludidos con grupos del crimen organizado y distintos operadores del gobierno local. No olvidemos que fue el Estado y que ese mismo Estado, diez años después, le acaba de otorgar más poder a las Fuerzas Armadas mediante la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional, que se incorpora, de manera definitiva, a la Secretaría Nacional de Defensa. Esta reforma ha desatado un debate en torno a la militarización y sus significados e implicaciones.
Desde 2006, con la mal llamada “guerra contra las drogas” que inició Felipe Calderón, la presencia de las Fuerzas Armadas en el espacio público se reforzó. Esta presencia implicaba una serie de “operativos conjuntos” que, más allá de ser una política pública de seguridad, sólo fue un desencadenante de la violencia letal en nuestro país que, hasta nuestros días, sigue en aumento. La guerra no se ha terminado y parece que no tendrá fin pronto. La reforma que incorpora la Guardia Nacional a la SEDENA nos da cuenta de ello. La estrategia de la “guerra” como “política de seguridad” está más vigente que nunca.
La reforma a la Guardia Nacional, discutida a la sombra de que se cumplieran 10 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, no es casualidad. He aquí un símbolo poderoso e innegable: la prioridad no está en la verdad y la justicia, ni en la construcción de paz y memoria, sino en el reforzamiento de la guerra. ¿Cómo negar esta prioridad tan dolorosa? La evidencia nos lo ha demostrado a lo largo de los años: los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas, su presencia en el espacio público no sólo no reduce la violencia sino que la incrementa.
En torno a esta reforma, comenzó a surgir un debate que está presente desde 2006: la militarización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de militarización?, ¿México se está militarizando? Primero, es necesario aclarar cómo el término militarización se ha usado no sólo para definirlo de forma teórica sino para comprobar empíricamente sus consecuencias. En el consenso académico, de forma minimalista, la militarización se refiere a la asignación de funciones públicas de carácter civil a cuerpos militares. La militarización implica, pues, el desdibujamiento de las fronteras entre lo militar y lo civil. Ante esto, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que pronunciarse: únicamente se debe recurrir a las Fuerzas Armadas de manera “excepcional, temporal y restringida”. Esto es algo que, evidentemente, no se ha cumplido.
Por otra parte, hemos visto cómo la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad se encuentra correlacionada positivamente con un aumento en la probabilidad de tortura, arrestos injustificados y ejecuciones extrajudiciales (Flores-Macías y Zarkin 2021; Lawson 2019; Magaloni, Rodriguez, y Rodriguez 2020; Atuesta 2006). En una veta similar, el despliegue de las fuerzas armadas en labores otrora facultad de dependencias civiles del Estado suele reducir las capacidades de estas en el largo plazo, mientras que la evidencia de su efectividad en la solución del problema de seguridad y combate contra las drogas no es concluyente. La evidencia parece indicar que se relaciona con aumentos en la violencia expresada por organizaciones criminales y crecimiento en sobornos debido a la presencia de armas que suele acompañar este fenómeno (Flores-Macías 2018; Olken y Barron 2009).
Es indignante negar que en México se vive un proceso de militarización, iniciado en el sexenio de Felipe Calderón, y reforzado en los sexenios subsecuentes. ¿Con qué cara los representantes del Estado voltean a ver a las familias de los desaparecidos y les dicen que es mentira que le están otorgando más poder a los culpables de esa desaparición?
