El próximo domingo 2 de junio, la ciudadanía mexicana tiene una cita con las urnas. Mujeres y hombres acudiremos a votar para la elección de quien ocupará la Presidencia de la República y quienes integrarán ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como para la renovación de 9 gubernaturas y de un importante número de congresos locales y ayuntamientos. Una elección que se antoja histórica en muchos sentidos, de manera particular, por ser la primera en la que más de la mitad de las candidaturas la ostentan mujeres.
Una realidad que dista mucho de la que se vivía en julio de 1955, cuando las mujeres acudieron por vez primera a votar y ser votadas, tras la reforma constitucional de 1953 que les reconoció derechos político-electorales. De esos comicios resultaron electas apenas 4 mujeres como diputadas federales para integrar la XLIII Legislatura por los estados de Chiapas, Jalisco, México y Nuevo León.
El Senado tardó una década para integrar a 2 mujeres: María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, electas en 1964. Sería hasta 1979 cuando fue electa la primera gobernadora: Griselda Álvarez, en el Estado de Colima.
A casi 70 años de distancia, en la contienda electoral del próximo 2 de junio, se disputarán más de 20 mil cargos para renovar 9 gubernaturas, 31 Congresos locales, 1786 ayuntamientos y 16 alcaldías en la Ciudad de México que, respetando el principio de paridad que obliga a los partidos políticos a garantizar la mitad de las candidaturas a las mujeres, lo esperado es que precisamente la mitad de dichas posiciones las ocupe una mujer.
Si bien no es la primera ocasión en que una mujer aparece en la boleta electoral para la elección presidencial, las tendencias apuntan a que será una mujer quien obtenga el triunfo y sea investida como la primera en ocupar la presidencia de la República.
El Congreso Federal, desde 2018, está integrado en términos de paridad y es previsible que la próxima legislatura mantenga esta composición paritaria, si tomamos en cuenta que, en aplicación de ese principio, los partidos políticos registraron 2,619 mujeres y 1,968 hombres, incluyendo propietarios y suplentes.
De las 9 gubernaturas, en al menos 5, los partidos políticos nacionales postularon a una mujer, bajo el principio de paridad sustantiva mediante criterios de competitividad, esto es, en donde tuvieran posibilidad de triunfo. Las que resulten electas, se sumarán a las 9 que ya encabezan un gobierno estatal.
Los avances cuantitativos son incuestionables. La participación mayoritaria en las urnas es de las mujeres (62% en 2018), y también son más las candidatas; pero desde un punto de vista cualitativo resta avanzar en el efectivo ejercicio de los cargos que ocupan mujeres, que presidan comisiones de relevancia en los órganos parlamentarios; que su voz sea escuchada y tenga resonancia en decisiones fundamentales, esto es, alcanzar una igualdad sustantiva. Para ello es necesario transitar de la cultura patriarcal y de discriminación que todavía prevalece, a una cultura de plena igualdad.
Una de las barreras que amenazan la participación de las mujeres es la violencia política por razón de género, la “sanción” para quienes asumen el reto de contender para un cargo de elección popular y, en su caso, ejercerlo. Las mujeres no debemos ceder a la violencia, ni normalizarla como el “costo” de nuestra participación en la vida pública de nuestro país. Hoy, más que nunca, debemos mantener los avances logrados en el camino a la igualdad sustantiva.
Sin duda, la participación política de la mujer ha requerido de voluntad política, cambios de paradigma y la lucha tenaz de muchas de ellas, que se ha materializado en trascendentes reformas constitucionales y legales que permitieron transitar a la paridad de género en la integración de los poderes públicos. Aún nos resta una paridad sustantiva, la participación política de las mujeres en pie de igualdad, es condición de una auténtica democracia.
