Nuestra Suprema Corte de Justicia tiene una larga tradición que data de más de dos siglos atrás, cuando en plena lucha independentista, el 7 de marzo de 1815 se instaló el Supremo Tribunal de Justicia en Ario (hoy de Rosales) Michoacán, que instituyó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán.
Tras la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla, el movimiento independentista quedó al mando de José María Morelos y Pavón, quien urgía a la instalación de un congreso soberano, convencido de la necesidad de la organización de un gobierno supremo que estuviera al frente de la emergente nación.
El 14 de septiembre de 1813, en la ciudad de Chilpancingo se instaló el denominado Congreso de Anáhuac, al que se encomendó dictar las bases para la organización de ese gobierno. En la ceremonia de apertura, José María Morelos y Pavón –hombre de elevados ideales y arraigadas convicciones que nutrió de las ideas de la Revolución Francesa y de los debates de las Cortes de Cádiz– dio lectura al documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, en el que, con auténtica vocación republicana, resume su proyecto de nación y su ideario político, destinado a encausar las discusiones del Congreso.
Los Sentimientos de la Nación plantean la independencia total rompiendo todo vínculo con España, así como —entre otros principios— el de la soberanía popular; el de división de poderes; que las leyes que dicta el Congreso deben ser tales que moderen la opulencia y la indigencia; se proscriba la esclavitud y lo mismo la distinción de castas, reconociéndose todos iguales sin más distinción que el vicio o la virtud.
En la Constitución de Apatzingán, sancionada el 22 de octubre de 1814, se establecieron tres poderes: el Supremo Congreso Mexicano, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia.
El 7 de marzo de 1815 quedó instalado el Supremo Tribunal de Justicia, integrado por cinco individuos elegidos por el Congreso Supremo, con amplias facultades para conocer en segunda y tercera instancia de resoluciones de tribunales inferiores en materia civil, penal y eclesiástica, poniendo fin a privilegios y a tribunales especiales que prevalecieron durante la época colonial.
A dos meses de su instalación, ante el acoso del ejército realista, el seis de mayo de 1815, el Tribunal se vio obligado a huir a causa de la llegada de Agustín de Iturbide para restablecerse en diversas ciudades Finalmente, en Tehuacán, es disuelto el 15 de diciembre de ese año, junto con los otros dos Poderes Supremos.
Aunque su existencia fue efímera y muchas las vicisitudes que tuvo que sortear, el Supremo Tribunal hace realidad el anhelo del generalísimo José María Morelos y Pavón de “que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.”
A lo largo de estos más de 200 años, nuestra Suprema Corte de Justicia continúa velando por la vigencia del estado de derecho, la separación de poderes y la garantía para el pleno goce de los derechos humanos de las personas.
No obstante, existe una deuda histórica que apenas empieza a resarcirse. En estos años, entre más de 500 hombres que han integrado nuestro Máximo Tribunal, apenas quince mujeres hemos sido designadas ministras, cuatro de nosotras, en la presente administración, sumando el inédito número de cinco ministras que concurren al Tribunal Pleno.
En este aniversario de la instalación el Supremo Tribunal de Ario, es ocasión de renovar aquellos ideales de José María Morelos y continuar dándoles vida a través de nuestro diario quehacer en el Máximo Tribunal de la Nación.
Hoy el reto es impartir justicia con estricto apego a la Constitución.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
