Este año, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en nuestro país, está enmarcada por un llamado a las mujeres a unirse a las marchas que se han organizado, así como a un paro nacional, en señal de protesta por la escalada de violencia en su contra, en especial, los feminicidios. Un hecho sin precedentes que debe convertir a 2020 en un parteaguas para el combate a la violencia de género.
La violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos. Así lo reconoce la Corte y a partir de ello ha dictado múltiples fallos de los derivan criterios de gran trascendencia para su eficaz tutela y el pleno acceso a la justicia.
En materia de feminicidio, por ejemplo, estableció una serie de pautas que se exige cumplir en la investigación de este lacerante delito, sobre la base de que el deber de investigar adquiere mayor relevancia, en relación con la muerte de una mujer en un contexto de violencia de género.
Así también, con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, que todo caso de muertes de mujeres, incluidas las que a primera vista parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio o accidentes, deben de analizarse con perspectiva de género, lo que conlleva diligencias particulares para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte.
En este sentido, además de las diligencias propias en cualquier caso, estableció que se debe identificar cualquier patrón o práctica, que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, así como preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual.
En otros asuntos se ha pronunciado sobre el testimonio de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual, precisando que, como prueba fundamental, debe ser valorado con perspectiva de género, a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración, que reste credibilidad a la versión de las víctimas, imponiendo al efecto ciertas reglas.
De igual manera en casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia económica, acoso laboral, hostigamiento sexual; sobre la interrupción legal del embarazo producto de una violación y las características que deben colmar las medidas de reparación, entre otros más, siempre mirando por la salvaguarda de los derechos de la mujer.
Hoy la violencia en su contra y los niveles que alcanza, se han hecho visibles y exigen de acciones inmediatas en todos los frentes. Este es el reto que hoy enfrentamos como sociedad.
Estamos ante un fenómeno estructural, complejo, que obedece a múltiples causas que debemos atender. Es imperativo en la familia, eliminar patrones culturales y prejuicios que perpetúan la desigualdad; en las instituciones educativas, formar individuos que reconozcan el principio de igualdad como eje de conducta; en la esfera estatal, diseñar e instrumentar políticas públicas tendentes a erradicar la violencia y fortalecer en nuestras instituciones la capacidad para brindar seguridad a la mujer y proteger sus derechos.
Hemos avanzado, es cierto, hoy tenemos mayor presencia. El Congreso de la Unión por vez primera una integración paritaria; también por vez primera, en la Corte, desde su nueva integración, tres mujeres concurrimos al Pleno, dos de nosotras designadas en el año de 2019, de manera sucesiva, de ternas integradas sólo por mujeres, como garantía de que una accediera al cargo. Trece mujeres Ministras en 200 años de vida del Máximo Tribunal, entre más de 500 varones.
Una presencia que nos compromete a seguir avanzando hacia la igualdad.
Hoy es tiempo de actuar, es un compromiso de todas y todos, para hacer realidad el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes de nuestro país a una vida libre de violencia y discriminación.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
