Culminó el año 2024 y con nuevos bríos recibimos al año 2025. El término de un ciclo y el inicio de otro es tiempo propicio para el balance de las metas cumplidas y de aquello que nos quedó en el tintero; así también, de proyectar los objetivos a perseguir en el nuevo año.
Desde mi llegada a la Suprema Corte de Justicia tuve clara mi misión como jueza del Tribunal Constitucional, la protección de los derechos humanos de las personas, en especial de aquellas personas de los sectores más vulnerables de la sociedad, en cabal cumplimiento del artículo 1º de nuestra Constitución.
Hoy, al cierre de un ciclo y a las puertas de otro que avizora la transformación más profunda que ha sufrido el Poder Judicial de la Federación, con la genuina aspiración de formar parte de este cambio, me parece oportuno el recuento del trabajo jurisdiccional que he desarrollado a lo largo de mi estancia en el Máximo Tribunal y su impacto en el acceso a la justicia de las personas.
Sin duda, son muchos y variados los temas que abordamos en la Segunda Sala y en el Tribunal Pleno, por lo que aquí comentaré algunos que estimo de interés.
Uno de los temas que más me preocupa y ocupa, es la violencia de género. Con el propósito de combatirla y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes, se aprobó el criterio que sostuve, en el sentido de que todas las pruebas presentadas ante los juzgados por personas víctimas de violencia sexual sean analizadas con perspectiva de género, es decir, que las personas juzgadoras deberán atender y valorar las pruebas con sensibilidad y comprensión de las circunstancias en que se llevaron a cabo los actos criminales, sin prejuicios ni estereotipos, evitando exponer a las personas a la revictimización.
En otro proyecto de mi Ponencia, aprobado por unanimidad en la Segunda Sala, sostuve que las trabajadoras en estado gestante gocen forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y otros dos después del alumbramiento, percibiendo su salario íntegro, así como conservando su empleo y los derechos que hubiesen adquirido por la relación laboral, sin hacer distinción alguna sobre la naturaleza de su condición de trabajadora de base o de confianza.
A propuesta de mi Ponencia, la Segunda Sala determinó que todo asunto laboral debe analizarse a la luz del interés superior de niñas, niños y adolescentes cuando pudiesen ser afectados directa o indirectamente sus derechos, esto es, garantizando su pleno respeto, así como la satisfacción de todas sus necesidades y generar las condiciones para su desarrollo integral.
En el caso que se analizó, se estimó que cuando existan indicios de un posible daño a menores de edad respecto de una persona denunciada por acoso, no se le debe permitir su reincorporación al lugar de trabajo, esto para preservarlos de cualquier potencial riesgo.
La finalidad es proteger por encima de cualquier otra consideración a las niñas, niños y adolescentes.
En el Pleno de la Suprema Corte se aprobó otro proyecto de mi Ponencia en el que se determinó que la prioridad que se da a aquellas madres trabajadoras, estudiantes o víctimas de violencia familiar para inscribir a sus hijas e hijos a los Centro de Atención y Cuidado Infantil de la CDMX, es una medida válida que tiende a eliminar la discriminación en contra de las mujeres en situación de vulnerabilidad, brindándoles la posibilidad de consolidar las condiciones necesaria para acceder a mejores oportunidades.
Cada caso, además de proteger los derechos de la persona involucrada, ha tenido el potencial de generar un cambio en la realidad social de las mujeres.
Sigamos adelante, cada uno desde nuestra trinchera, luchando en favor de los derechos de las mujeres. Por una justicia de puertas abiertas, por una justicia cercana a las personas.
Mis mejores deseos para este año 2025.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación