En los últimos días, la situación que se vive en Afganistán por el retorno al poder de los talibanes ocupa la atención de los medios de comunicación. Son muchas las voces en la esfera internacional que alertan sobre una inminente crisis humanitaria, la violación reiterada de derechos humanos de la población civil y el temor fundado de que las mujeres y las niñas afganas retornen al yugo de la aplicación estricta de la Ley Sharia y pierdan los derechos que habían logrado les fueran reconocidos en los últimos 20 años.
Entre 1996 y 2001, cuando prevaleció el régimen talibán, se caracterizó por violaciones sistemáticas contra mujeres y niñas; castigos corporales crueles, incluidas ejecuciones; supresión extrema de la libertad de religión, expresión y educación, y prohibición del empleo de mujeres fuera del hogar, del que debían salir completamente cubiertas con un “burka” o “niqab” y acompañadas de un “mahram”, un miembro masculino de su familia.
A partir de 2001, en que fue derrocado ese régimen, en Afganistán millones de niñas han ido a la escuela y las mujeres han participado en la vida pública, incluso ocupando cargos políticos, en mayor número que nunca en la historia de esa nación. Un avance que hoy se encuentra en inminente riesgo.
En medio del conflicto político-humanitario, los combates constantes y el desplazamiento de miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares suman a la vulnerabilidad de mujeres y niñas, inmersas en una dinámica cultural, de tradición milenaria, en la que no tienen voz y se les condena a vivir confinadas en el reducido espacio que les ordenan las normas islámicas.
Esa circunstancia de riesgo se advierte aún más delicada para aquellas mujeres que se sobrepusieron al modelo cultural, que estudiaron, se prepararon no sólo para ellas y sus familias, sino para servir a una sociedad desde una de las posiciones más honrosas para una jurista —la judicatura—.
El pasado 17 de enero, una noticia que dio la vuelta al mundo nos conmocionó, se trataba del asesinato de 2 mujeres juezas de la Corte Suprema de Justicia en Kabul. Aunque no se precisaron las causas de tan lamentable hecho, no podemos desestimar la doble condición de vulnerabilidad en la que se encontraban al ser mujeres y tener una función relevante en el sistema jurisdiccional de su país.
En contextos tan exacerbados, un análisis obligado es la suma de los componentes de la vulnerabilidad en la que se encuentran las juezas afganas que, como lo expresa la jueza Tayeba Parsa, se saben un blanco natural, principalmente por el ejercicio de sus responsabilidades en judicatura, en la que en ocasiones ha tenido que condenar a personas que hoy pueden tener poder.
A través de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ por sus siglas en inglés), la jueza Tayeba Parsa confía en el eco de sus más de 6,500 colegas de las magistraturas, en más de 100 países que conformamos la asociación, para pedir que, como parte que las negociaciones de paz, se preserven los derechos de las mujeres y las niñas, así como los de las 250 juezas que hay en Afganistán y que representan el 11% de la judicatura de ese país.
La situación que impera en Afganistán, los hechos atroces que presenciamos en los medios de comunicación y redes sociales, en clara violación de derechos humanos, nos traslada a una realidad impensable en este siglo, que nos impone alzar nuestra voz y sumarnos a los múltiples pronunciamientos de toda la comunidad internacional por la vida y la libertad del pueblo afgano, por la protección de los derechos de niñas y niños, y de las tantas mujeres afganas que hoy están siendo silenciadas.
Ministra de la SCJN
