En 2016 el Congreso de la Unión declaró el 19 de noviembre de cada año “Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil”, coincidiendo con el Día Mundial que, con el mismo propósito proclamó la ONU en 1990, con el objetivo de crear conciencia y evidenciar este indignante problema, así como impulsar la creación e implementación de políticas públicas y programas para su prevención, atención y erradicación. El hecho de que un acto tan atroz exista, deshonra a la humanidad que tolera semejantes abusos y que reconoce que ha sido incapaz de proteger a quienes por su condición de menores merecen especial consideración.
En la iniciativa que dio origen al Decreto se refiere que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, siendo alrededor de 4.5 millones las niñas y niños víctimas de abuso sexual, de los cuales el 77 % de los casos son niñas, según datos que proporciona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La misma fuente apunta que 80 % de los casos se comenten en casa por un familiar.
Un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, citando a diversas fuentes, precisa que: el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual varía de 16,000 a 20,000; cada año, alrededor de 21 mil menores son captados por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual; más de 50% de los delitos cometidos vía Internet se relacionan con la pornografía y la trata de menores con fines de explotación sexual; que México genera más de 60% de la producción global de pornografía infantil, y que la CDMX, Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara son algunos de los focos rojos de la explotación sexual comercial infantil.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, respecto a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, se ha identificado que de 2015 a 2020 aumentó 76.1% el número de casos de lesiones por violencia sexual contra niñas y niños menores de 5 años. En 2020, el 92.4% de los casos de violencia sexual de personas menores de 18 años fue en contra de mujeres, y para mayo de 2021 representó el 93.0%. También se identificó que, en 2020, el 78.5% de los agresores por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes fueron parientes o conocidos cercanos.
Estas cifras estremecedoras y vergonzantes, dan cuenta de conductas abominables perpetradas en contra de seres indefensos cuya vida comienza, que dejan huella indeleble en su existencia, con consecuencias irreparables en nuestras niñas y niños, afectando su desarrollo y bienestar en la edad infantil, lastimando su dignidad en lo más íntimo, con lamentables resultados en la edad adulta como son: baja autoestima, trastornos psiquiátricos, deterioro del funcionamiento cognitivo, consumo de drogas, infecciones de transmisión sexual y hasta el suicidio, así como una espiral de violencia cada vez más profunda.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación del Estado para adoptar las medidas para proteger a las personas menores de edad, destacando el abuso sexual. En el ámbito doméstico, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes impone a todas las autoridades del país la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por abuso sexual o explotación sexual infantil con o sin fines comerciales. ¿Acaso son letra muerta?
Cada niña y cada niño víctimas son proyectos de vida frustrados. Las preguntas obligadas frente a esta atroz realidad que viven en carne propia nuestros infantes son ¿en qué estamos fallando? ¿por qué autoridades, familia y sociedad no somos capaces de protegerlos? ¿es lícito y moralmente aceptable normalizar esta violencia y darles la espalda?
