A casi ocho años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en el caso de Mariana Lima Buendía, quien perdiera la vida de forma violenta, y tras una larga cadena litigiosa, por fin, un tribunal del Estado de México condenó a 70 años de prisión a Julio César Hernández Ballinas, esposo y victimario de Mariana.
El 29 de junio de 2010, Irinea Buendía recibió la noticia de la muerte de su hija Mariana, una joven estudiante de derecho de apenas 29 años, quien supuestamente se había suicidado. Los antecedentes de la violencia reiterada que Julio César ejercía sobre Mariana, de la que tuvieron conocimiento días previos a su deceso, despertaron en sus familiares sospechas sobre el curso de la investigación que se seguía, así como de la indebida intervención de su esposo, que en ese momento era policía ministerial del Estado de México.
El 9 de septiembre de 2011, el Ministerio Público concluyó que Mariana Lima Buendía se había suicidado y decidió no ejercer la acción penal. Ante esta determinación es que doña Irinea Buendía emprende su lucha por obtener justicia para Mariana, en un peregrinar que la llevó hasta el Máximo Tribunal de la Nación.
En una emblemática sentencia que constituye un auténtico parteaguas para la investigación de los casos de muertes violentas de mujeres, la Primera Sala de la Suprema Corte consideró que la especial obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres, así como el derecho correlativo de éstas y sus familiares de que, entre otras, la investigación se lleve a cabo con perspectiva de género y con especial diligencia, sitúa a la dignidad de las mujeres más allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo.
Bajo esta y otras consideraciones de las que derivaron relevantes criterios en la materia, la Primera Sala de la Corte determinó otorgar el amparo a la quejosa —madre de la víctima— y ordenar a la autoridad investigadora el cumplimiento de su obligación, con especial hincapié en que el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultural.
El caso de Mariana Lima se convirtió en emblemático y alcanzó a visibilizarla a nivel nacional e internacional, muestra de ello las manifestaciones que han hecho patentes diversas organizaciones tras la condena de su victimario, tales como ONU-Mujeres.
Hoy la valiente lucha de Doña Irinea ha sido recompensada. Su incesante peregrinar rindió frutos. Su grito de dolor de madre frente a la pérdida de su hija de forma cruenta y despiadada ha sido escuchado y ha logrado el acceso a la justicia para su hija, cuya muerte ha escapado del manto de la impunidad, abriendo el camino para que otras víctimas puedan también alcanzar justicia.
Como ella, como otras tantas y tantas madres a quienes les ha sido arrebatada la vida de sus hijas, hemos de perseverar en una exigencia permanente por que la respuesta frente a la muerte violenta de mujeres que tiene lugar cada día en nuestro país no sea la impunidad, y de esta forma exaltar no sólo la necesaria dignidad que las mujeres deben de tener en el complejo social, sino para verdaderamente alcanzar la ansiada equidad sustantiva e igualdad de derechos y oportunidades que todas y todos añoramos.
Por fin, la justicia llegó para Mariana.
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