A inicios de este año, la ONU anunciaba que el 2020 sería la oportunidad excepcional para lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Lejos de ello, en estos meses de pandemia, hemos visto que las condiciones de discriminación y violencia recrudecen de manera alarmante. Basta un vistazo a los periódicos para encontrar la denuncia de las condiciones de desigualdad que padecen por las cargas de una doble jornada laboral, los riesgos del teletrabajo y la creciente violencia en su contra, que crece de forma exponencial.
Como cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer el Informe sobre violencia contra las mujeres, con corte al 31 de agosto último, en el que se aprecia —nuevamente— un repunte en el número de presuntos feminicidios, para acumular un total de 626 en lo que va del año, en una tendencia que rebasa las cifras reportadas en el año anterior.
A ello, se suman los casos de homicidio doloso cuyas víctimas fueron mujeres, que acumulan la preocupante cifra de 1,906, entre enero y agosto de este año.
En el mismo período, resaltan las 37,988 denuncias de mujeres presuntas víctimas del delito de lesiones dolosas; las 143,784 de violencia familiar, con un máximo histórico de 20,504 en marzo. El informe también destaca la denuncia de 2,541 presuntos actos delictivos de violencia de género, en todas sus modalidades, mostrando en julio la cifra histórica de 371, y una tendencia ascendente desde 2015. Si bien estos dos últimos datos no se desagregan sólo para mujeres, la desigualdad y violencia estructural predominante, permite presumir que son el mayor número de víctimas.
Estas últimas cifras —además de estridentes y preocupantes— evidencian el incremento de una de las violencias más indignantes y arraigadas que se ejerce en contra de la mitad de la humanidad: las mujeres, y pueden ser la antesala de un feminicidio. Por ello las acciones preventivas y, sobre todo, la concientización por una efectiva igualdad de género, se vuelven prioritarias.
Es tiempo de actuar y dejar esa actitud indolente y complaciente que tolera y nos habitúa a la violencia contra las mujeres, y asumir una reacción solidaria que la condene y pugne por un entorno que elimine las condiciones de discriminación que la exacerban.
Es tiempo de poner fin a la impunidad; de exigir acciones contundentes. Es necesaria una instancia nacional que coordine y dirija las políticas y acciones de las autoridades que, en los tres órdenes de gobierno, son responsables de la investigación, persecución y sanción de estos delitos, en especial, del de feminicidio. Acoger las mejores prácticas; la especialización de todas las autoridades que intervienen en esas funciones; actualizar los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género y enfoque interseccional, al tiempo que se adopte un modelo único que les dé unidad y continuidad.
Es urgente disponer de información desagregada, producto de inteligencia focalizada, que atienda a las características de la víctima y del agresor, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para el análisis y abordaje de las posibles causas, junto con estrategias de prevención y políticas públicas para el cuidado de las víctimas directas e indirectas, en especial de los menores, a quienes pocas veces se atienden de forma particular, con consecuencias funestas para su desarrollo.
Estas cifras deben sacudir nuestra conciencia y movernos a la acción. La dignidad y derechos de las mujeres deben pasar del papel a la realidad. Hoy contamos con poco más de una decena de leyes que los tutelan y pretenden salvaguardar, es tiempo de hacerlos efectivos; es tiempo de justicia para las mujeres.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
