Mañana conmemoraremos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (NU) que surgió en el año 2000 con el propósito de movilizar a la sociedad para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.
Según las NU, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo, que se ha intensificado en diferentes espacios, así como también se ha visto agravada por los efectos postpandemia, los conflictos y el cambio climático.
En nuestro país esta situación resulta dramáticamente cierta. De conformidad con las cifras que mensualmente publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al mes de septiembre de este año, se reportan más de 2,500 mujeres que perdieron la vida en condiciones que presumen violencia de género.
Sin duda –como lo afirman las NU– la violencia contra la mujer se ha extendido y no hay ámbito en el que esté exenta de sufrir sea violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, digital, política o, feminicida, todos ellas reprochables, indignas e inadmisibles.
A propósito de la conmemoración del 25N y considerando que en el país transcurre el proceso electoral federal y diversos locales para la renovación de cargos públicos en ambos niveles de gobierno, procesos en los que —por mandato constitucional— debe regir el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas, quisiera hacer énfasis en la violencia política contra las mujeres en razón de género y sus impactos.
Esta violencia comprende toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar o anular el ejercicio de nuestros derechos políticos y electorales, el acceso al cargo, el desarrollo de la función, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas que según sea el caso nos corresponden.
De acuerdo con la consultora Etellekt, en el proceso electoral de 2021, en el que se disputaron más de 19 mil cargos a nivel federal y local, de 810 víctimas de violencia política, el 36% fueron mujeres, registrando 21 candidatas asesinadas, marcando ese proceso como el más violento en la historia de México.
La violencia política que se ejerce en nuestra contra se alza como un obstáculo para la participación política de la mujer, que nos impide incidir en la toma de decisiones y puede llegar hasta inhibir la participación de quienes, con vocación de servicio, se ven amedrentadas.
La participación política de la mujer en condiciones de paridad es nuestro derecho, lo que en justicia nos corresponde. Sin esa participación hoy no tendríamos las leyes que han fortalecido el reconocimiento y defensa de nuestros derechos y, que —a su vez—?nos han permitido expandir horizontes en el ámbito público y privado.
Reconocer nuestro derecho a una participación política libre de violencia y sancionar su ejercicio por razón de género, hoy puede ser causa de nulidad de una elección. Recordemos el caso del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, en que se decretó la nulidad de la elección al acreditarse la violencia política de género contra una de las candidatas contendientes a presidenta municipal, en el proceso electoral de 2021.
Hoy existe un Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y eventualmente, bajo ciertos requisitos, la persona agresora puede llegar a ser declarada inelegible para un cargo público.
Estos logros no se hubieran podido alcanzar sin la presencia de nosotras en los cargos de toma de decisión.
¿Cuántos más 25N tendremos que conmemorar para erradicar la violencia contra la mujer? Ya es tiempo de exigir respeto a la dignidad de la mujer y reconocer su papel en la sociedad.