A 10 años de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 que acogió el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a legisladores federales y locales, este principio se ha convertido en un pilar de nuestra democracia, garantizando una más equitativa participación de la mujer en la vida política del país.
Producto de esta reforma, se expidieron –entre otras– las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos que establecieron las reglas a las que debían apegarse los partidos políticos para dar eficacia al principio de paridad de género.
De este modo, en las elecciones federales intermedias de 2015, las mujeres pasaron de ocupar un 37.2% de las curules en la Cámara de Diputados al 42%, superando las 200 curules. Así también, en los estados de la República en los que hubo elecciones locales, se logró un avance en la representación de las mujeres en los congresos estatales de entre 40% y 49%; en ocho entidades se alcanzó la paridad y en dos más los triunfos de las mujeres la superaron.
Este mandato de paridad se vio favorecido por los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que expandieron su aplicación también a la postulación de candidatos a miembros de los ayuntamientos, reconociendo la obligatoriedad del principio de paridad en su dimensión vertical y horizontal.
Un paso trascendente hacia la igualdad sustantiva de la mujer se dio en 2019 con la reforma constitucional denominada de paridad en todo, impulsada por senadoras de las diferentes fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta, que extendió el mandato de paridad de género a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), así como en los organismos autónomos.
Desde 2020 se cuenta también con criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas, los que fueron aplicados en los procesos electorales locales 2021-2022, y lo serán también en los que se realizarán en este año.
Cabe destacar que, en esta lógica de paridad, recientemente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de la Unión legislar para garantizar la paridad de género en la elección presidencial de 2030.
En la última década, gracias al principio de paridad, ha habido un aumento significativo en la participación femenina en la política mexicana.
En la actualidad, diez mujeres ocupan una gubernatura. En el Senado de la República, las mujeres representaban el 50.4% en 2023, mientras que en la Cámara de Diputados alcanzaron el 50% en el mismo año.
En los congresos locales también la representación femenina ha crecido. De un total de 1,063 congresistas electos en 2021, el 53.2% fueron mujeres.
La reforma constitucional de 2014 fue un paso significativo hacia la paridad de género en la esfera política de nuestro país, estableciendo un marco legal sólido para la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones y la representación ciudadana y, desde entonces, la paridad se ha consolidado como un principio fundamental para nuestra democracia.
La igualdad en la participación de la mujer en la toma de decisiones es una deuda histórica, sin su participación y la integración de su perspectiva en todos los niveles de la toma de decisiones, los objetivos de igualdad, desarrollo y paz será difíciles de alcanzar.
