Aún lo recuerdo, era el 1 de marzo, el primer día de campañas presidenciales, cuando la ahora Presidenta, Claudia Sheinbaum, arengó en el Zócalo: “Que siga la corrupción”; y no mentía.
La lucha contra la corrupción sigue siendo una pelea de sombras para el gobierno federal, al igual que fue para la administración anterior y, como muestra, abordaré dos casos.
En días pasados los dos líderes de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente, se acusaron de uso de “guardaditos” y de “negocitos” en sus funciones como servidores públicos.
Por un lado, el coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto, aseguró que se ajustaría a la reducción del presupuesto que aplicó la cámara baja al Senado, pero también comenzaría el proceso de recisión de dos contratos que realizó Ricardo Monreal, los cuales simulaban prestaciones de servicios. Dijo que una de las empresas contratadas era para el mantenimiento de elevadores cuando ni si quiera se pudo instalar el aparato.
Por el otro lado, Ricardo Monreal aseveró que las acusaciones eran infundios y reclamó al tabasqueño el uso de un “guardadito” de mil millones de pesos en el Senado.
Probablemente no se dieron cuenta, pero su actitud abrió la puerta a rumores sobre la fragilidad del liderazgo de la Presidenta de la República.
Las declaraciones no deben quedar en simple confrontación entre correligionarios que fomentan la división de su movimiento, como intentan hacernos creer. Se trata de claros actos de corrupción y están obligados a presentar las denuncias y las pruebas.
Lo que es peor es escuchar a la Presidenta decir que se trata de un “problema menor” y los llamó a tener “cabeza fría” para resolverlo.
Prefirió darle la vuelta a la página en lugar de hacer la diferencia con su antecesor y pedir una investigación a la Fiscalía General de la República, pues se trata de uso de recursos públicos.
Se convirtieron en lo que tanto se quejaron.
Un segundo caso fue la boda de Martín Borrego en el Museo Nacional de Arte cuando se desempeñaba como el Jefe de oficina de la Cancillería y a la que asistió la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien se dijo engañada porque no estaba al tanto de los planes de su subalterno.
Bárcena primero lo negó y luego se justificó, pero nunca informó por qué no pidió una investigación al órgano interno correspondiente en contra de su cercano colaborador, quien, dijo, había quebrantado su confianza al utilizar su posición para obtener un beneficio personal. No solo no lo cesó, lo premió con un puesto en la secretaría de Medio Ambiente.
Y, nuevamente, la titular del Ejecutivo Federal salió al quite y dijo que las críticas en contra de Alicia Bárcena eran injustas porque es una mexicana ejemplar. Empequeñeciendo así el acto de corrupción y dejándolo en la impunidad.
Fue como la Presidenta, en lugar de pedir cuentas o renuncias, decidió encubrir a sus correligionarios y colaboradores. Con estas actitudes de “aquí no pasa nada”, no podemos aspirar a que el actual gobierno investigue contratos del Tren Maya o compras de medicamento, donde, de acuerdo con investigaciones periodísticas, están involucrados amigos de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Recordemos que la corrupción es un delito y se puede traducir también en más recursos que se pueden utilizar para más y mejores escuelas, universidades, hospitales, carreteras y así mejorar la vida de la gente.
Promesa cumplida de la Presidenta: “Que siga la corrupción”.
Ciudadana
