En nuestro país, hay algunas acciones que llegan tarde, pero no pueden dejar de celebrarse. Es el caso de la recién creada y, la semana pasada, formalmente instalada, Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales.
Su creación fue planteada, desde el año 2016, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. El propósito fue establecer –a nivel federal como en cada entidad federativa- espacios de coordinación de todas las autoridades corresponsables en las tareas del sistema penitenciario. Es decir, la Ley buscó reconocer que no puede ser un esfuerzo exclusivo de la dependencia a cargo de la seguridad pública, procurar que una persona no vuelva a delinquir. Por el contrario, ese objetivo debe implicar un trabajo coordinado con los responsables de hacer efectivos cada uno de los derechos que favorecen la reinserción social.
Así lo reiteró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 14 de octubre del presente año. En su recomendación general 38/2019, advirtió los grandes retos que existen al respecto en el sistema penitenciario. De los 32 estados, 25 han instalado la Comisión Intersecretarial correspondiente. Sin embargo, sólo 3 de ellos, han reflejado acciones y, por lo tanto, resultados. A nivel federal, para esa fecha, la instalación aún no se había llevado a cabo.
Por ello, la preocupación de la CNDH al constatar una serie de pendientes en los diversos centros penitenciarios. Entre ellos: (1) Actividades escolares insuficientes por falta de maestros, instalaciones o material didáctico; (2) Limitadas oportunidades de empleo y carencia de talleres o acciones de capacitación para el trabajo; y (3) Deficiencias en cuanto a personal, material, equipamiento e higiene de las unidades médicas y abasto de medicamentos. Un doctor por cada 218 personas privadas de la libertad, es el personal médico promedio tan sólo en los 17 centros federales.
Es inevitable pensar que, muchas veces, son precisamente estos mismos problemas los que se padecen desde afuera de la cárcel. La falta de coordinación o la conocida práctica de “aventarse la bolita” entre las autoridades, termina siendo normalmente el pretexto o la explicación. Mientras tanto, la carencia de oportunidades y no poder garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo y la educación, ya han tenido un costo social muy alto. Uno que juega un papel protagónico en las causas y las razones por las cuales están llenas nuestras prisiones. Por eso, fundamentalmente ahí no podemos permitirnos cometer el mismo error.
Es relevante que –aún después de 3 años- el Ejecutivo Federal haya ordenado la creación de esta Comisión, en la que Secretarías de Seguridad; Gobernación; Bienestar; Economía; Educación; Salud; Trabajo; Cultura; Comisión de Cultura Física y Deporte; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; el de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, habrán de diseñar y coordinar los distintos programas de servicios para la reinserción, tanto al interior de los penales, como una vez obtenida la libertad.
En el marco de la implementación de la Ley de Amnistía, la Comisión tendrá una incidencia importante en la definición de las políticas públicas, en materia de reinserción de las personas beneficiadas con esta medida. Ojalá este espacio sea una oportunidad para acortar la distancia entre lo que dice la ley y la realidad que se vive en nuestras cárceles. Al menos, los 3 estados –Querétaro, Coahuila y Guanajuato- que han mostrado voluntad en que exista coordinación interinstitucional, han ido mejorando su evaluación en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Esperemos haya un verdadero compromiso de las autoridades involucradas de formar parte de un modelo del que podamos, algún día, celebrar su eficacia.
@wenbalcazar
