No es la regla, pero casi nunca son buenas noticias cuando éstas llegan en la madrugada y este 30 de julio, algo así sucedió. Mientras dormíamos, el Senado de la República aprobaba un dictamen con el que daba un golpe más a los derechos humanos, argumentando que el endurecimiento de las penas es la solución para reducir la inseguridad.
El mismo argumento se utilizó durante la aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional que le da sustento, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Fueron miles las voces que advirtieron los riesgos. La reforma era un grave error por ser contraria a los estándares internacionales y al debido proceso. La llamada prisión automática debería usarse sólo como último recurso y de manera excepcional, por el contrario, el Congreso optó por el populismo penal e incorporó a los supuestos una decena de conductas.
Hubo oídos sordos a la advertencia de que apostar por la cárcel como “solución mágica” al incremento de la violencia, solo aumentaría la probabilidad de privar de la libertad -sin un juicio previo- a miles de personas, muchas de ellas inocentes. El riesgo lo sufriría principalmente la población más vulnerable: mujeres, comunidades indígenas, personas LGBTTTI, aquellos que han sido excluidos, marginados y violentados, porque como dicen en la cárcel: “Aquí lo que se castiga es la pobreza”.
A pesar de ello, esa reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019, con un transitorio ordenando al Congreso a armonizar una serie de leyes. El jueves, alrededor de las cuatro de la mañana, el Senado aprobó modificaciones a las leyes penales, confirmando el abuso de la prisión preventiva y endureciendo las penas, incluso hasta para otros delitos.
Lo hicieron sin el análisis debido porque de haberlo hecho, se hubieran dado cuenta que las consideraciones del dictamen que aprobaron, hacen un recuento de cómo han incrementado cada uno de los delitos; cómo la mayoría no son ni siquiera denunciados; y cómo cada uno de ellos deja a miles de víctimas para quienes no hay justicia ni reparación del daño. Sin explicar cómo ni por qué aumentar la pena tendrá impacto en la disminución de la incidencia delictiva, las y los legisladores concluyeron que ésta era la respuesta adecuada.
Parecería como si pensaran que la gente revisa antes su Código Penal para decidir, en función de los años de prisión que corresponden, salir o no a la calle a cometer un ilícito. De lo contrario, no hay forma de explicar cómo sin analizar la raíz del problema de cada delito; las cifras que comprueban que más personas en la cárcel no es equivalente a un menor número de víctimas; sin cuestionarse lo discrecional que es la aplicación de esa medida cautelar –ahí está el caso de Emilio Lozoya o el del 40% de las personas encarceladas sin sentencia, con la posibilidad de escuchar varios años después un “Usted disculpe. Tenía razón, es inocente”- los legisladores sostienen que ésta era la mejor alternativa.
Horas más tarde, llegó otra mala noticia. El INEGI informó la estrepitosa caída de la economía mexicana, detrás de la cual hay miles de familias que habrán perdido su empleo y su sustento. Mientras no haya acciones para atender los múltiples factores que originan la criminalidad en México, entre ellos, el económico, también habrá miles de personas para las que la delincuencia organizada tenga disponible la oferta de una vacante.
Ojalá que entonces los legisladores no tengan en mente proponer más años de cárcel, porque no habrá prisiones que alcancen. Hoy vivimos las consecuencias de un México que a golpes de realidad ha comprobado que la cárcel no es sinónimo de culpabilidad ni de justicia. Por eso, una vez más el llamado a rectificar, a construir de manera conjunta estrategias y soluciones más complejas que atiendan y aspiren a resolver de manera efectiva la raíz de los problemas.
@wenbalcazar
