Ha transcurrido un mes desde que la Ley de Amnistía fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Un mes desde que falsamente se dijo, esta Ley sería la llave para abrir las puertas de las cárceles, a todas aquellas personas a las que -aún sin conocer sus nombres y sus historias- fueron catalogadas en la tribuna del Senado, como “delincuentes”; “narcotraficantes”; “rateros”; como “los malos” que se distinguen de los ciudadanos de bien, que a diario se levantan para llevarle comida a su familia.
El tiempo ha evidenciado la falsedad de ese discurso lamentable e incendiario, que pasa por alto la necesidad de reconocer un país en el que persisten grupos de la población históricamente estigmatizados, olvidados y juzgados, para luego ser privados de libertad, exacerbando las condiciones de vulnerabilidad en las que ya de por sí vivían. Hombres y, sobretodo, mujeres que, precisamente en la búsqueda de ver por el sustento de su familia, se enfrentan al encarcelamiento como desenlace de una vida llena de obstáculos, de falta de oportunidades, en la que recurrir al delito pareciera ser la única salida.
Esto que ha sido un reclamo durante años, especialmente desde la implementación de una política de drogas punitiva y fallida, encontró respuesta en medio de una pandemia que ha venido a agudizar las desigualdades, y halla en el hacinamiento un factor mayor de riesgo de muerte por contagio.(1)
En este contexto, otorgar la libertad a aquellas personas para quienes, de inicio, la cárcel nunca debió ser “la solución”, cobró mayor relevancia. Sin embargo, la sola publicación de la ley no basta. El Decreto contempló la integración de una Comisión encargada de recibir y analizar las solicitudes de amnistía. El plazo máximo para instalarla es de 60 días. El tiempo transcurre mientras los casos de COVID aumentan en las cárceles y de la Comisión aún no hay noticias.
Por eso esta semana se le cuestionó a la Secretaria de Gobernación sobre su avance. Respondió que ésta no ha podido ser instalada porque la Secretaría de Hacienda solicitó un impacto presupuestal que aún está por entregarse. La respuesta sorprende porque la Ley de Amnistía es producto de una iniciativa presentada por el Presidente. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé la obligación tanto para el Ejecutivo, como para las comisiones del Congreso de la Unión de realizar una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se pongan a su consideración.
Sorprende porque la creación de esa Comisión se contempló desde la iniciativa presentada en septiembre de 2019, a la cual se acompañó un oficio de la Subsecretaría de Egresos estableciendo que la propuesta no tendría ningún impacto adicional en el gasto de las dependencias y entidades.
Desafortunadamente, en México es común que la aprobación de las leyes no vaya acompañada de una estrategia y un plan administrativo para alcanzar sus objetivos. Pero, en este caso, preocupa que la urgencia con la que se convocó a una sesión en el Senado, no se vea reflejada en las acciones que se requieren para una correcta implementación, especialmente en medio de la contingencia sanitaria.
La Secretaria advirtió que esto no ha sido obstáculo para crear una mesa de justicia que ha logrado excarcelar a decenas de personas que fueron presos políticos. Esperemos ese mismo esfuerzo se replique para, cuanto antes, revisar expedientes, priorizar la liberación por razones humanitarias, contar con un plan de reinserción integral y, desde luego, instalar esta Comisión que hoy es clave para la libertad y la vida de tantas personas que indebidamente han sido encarceladas.
(1) En un análisis de 130 mil casos realizado por Viridiana Ríos, Doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, encontró que el hacinamiento, la obesidad y la diabetes son los factores más relevantes en el riesgo de muerte por contagio en México. El hacinamiento sería un factor incluso más importante que la edad en la letalidad del Covid-19.
