El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, hace un par de semanas, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. El anuncio que se hiciera días antes, respecto a la reducción de los recursos solicitados por los organismos autónomos, se vio finalmente reflejado en las cifras. Uno en especial, generó mayor preocupación e inconformidad: el recorte de mil 71.5 millones de pesos aplicado al monto proyectado por el Instituto Nacional Electoral.
Ante esa decisión, el INE advirtió el riesgo de poner al límite su capacidad operativa, particularmente, en un año en el que inicia la preparación de una de las elecciones más grandes de la historia, en la que estará en juego la renovación de 15 gubernaturas, 29 congresos locales, casi 2 mil ayuntamientos y 500 diputaciones federales.
Salvaguardar los derechos de 96 millones de potenciales electores será la prioridad. Entre ellos, el Instituto habrá de contemplar, por primera vez, a un sector de la población invisibilizado, segregado y olvidado del sistema democrático mexicano. Personas que se encuentran privadas de la libertad, sin aún haber sido sentenciadas, participarán en lo que sería una primera etapa para poder ejercer su derecho al voto.
Según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al corte del pasado 30 de junio, 200 mil 753 personas se encuentran recluidas en alguno de los 304 centros penitenciarios del territorio mexicano. 38%, es decir, 76 mil 832 de ellas, ven transcurrir los días sin recibir todavía una sentencia.
Frente a la justicia, pocas veces pronta y expedita, dos indígenas tzotziles presos ya durante 15 años en una cárcel en el estado de Chiapas, impugnaron, en junio de 2018, la omisión del INE en emitir mecanismos para garantizar el derecho al sufragio de personas, como ellos, cuya inocencia aún no ha sido desacreditada por medio de una condena.
Tras valorar que el derecho al voto únicamente puede suspenderse cuando exista una sentencia definitiva que declare a una persona culpable1, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió mandatar a la autoridad electoral, implementar -de manera paulatina y progresiva- una prueba piloto para que personas sujetas a proceso penal, privadas de la libertad, puedan votar desde prisión en las elecciones de 2024.
En su momento, los Consejeros electorales advirtieron la oportunidad de organizar este primer programa en el proceso electoral 2020-2021. La muestra, según lo indica la sentencia, habrá de ser representativa, plural, con perspectiva de género y tomará en cuenta varios reclusorios de distintas entidades federativas.
El reto no es menor, comenzando por contar con un padrón confiable de personas en esta situación. Ojalá que las posibilidades administrativas y financieras no sean impedimento para empezar a dar voz y abrir un canal de comunicación, con quienes decimos querer reinsertar de manera efectiva a la sociedad, mientras las despojamos de una credencial que constituye identidad y terminamos por excluirlas de la comunidad.
Quizás garantizar el ejercicio libre y secreto de este derecho –en otros países, reconocido hace tiempo-, conlleve algún día que la clase política se ocupe menos por proponer aumentar los años de cárcel, y más por generar políticas públicas que atiendan las causas de la delincuencia dentro de prisión como fuera de ella. Esperemos el año 2021 empiece la prueba para que la cárcel deje de ser un pase automático para la exclusión y el olvido.
1 Cfr. Sentencia que reconoce el derecho al voto activo de las personas que se encuentran en prisión preventiva. SUP-JDC-352/2018 Y SUP-JDC-353/2018 ACUMULADO. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 febrero 2019.
@wenbalcazar
