Como los problemas no resueltos se agudizan, la historia se repite. Tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, participé en una horrenda reunión realizada en el Departamento de Justicia de EU. Éramos cuatro mexicanos encabezados por el Procurador Sergio García Ramírez, versus representantes de los pesos pesados de la seguridad e inteligencia (Consejo de Seguridad Nacional, Departamento de Estado, Pentágono, NSA, FBI, CIA, DEA, Aduanas, Migración, Oficina de Tabaco y Alcohol, etc. rematados por el conflictivo actor-embajador John Gavin) liderados por el Procurador Edwin Meese. La recriminación por la ineficacia y la corrupción en la lucha contra el narcotráfico, fue despiadada. El argumento de que Camarena arriesgó su vida por realizar labores policíacas no autorizadas, fue rebatido con el de que “tenemos que hacer el trabajo que ustedes no hacen.”
Al año siguiente el Congreso aprobó la Ley Contra el Abuso de Drogas de 1986, que dispuso que, el ejecutivo, debía certificar anualmente si México cooperaba satisfactoriamente en materia de narcotráfico: la no certificación ameritaría sanciones financieras y comerciales. Pese a que la amenaza de no ser certificados duró 16 años (1986-2002), el turbio negocio continuó prosperando a la par de la corrupción y la ineficacia gubernamental. Jesús Silva Herzog afirmaba que, su peor momento como embajador en Washington, fue cuando, en pleno debate congresional sobre la certificaron de 1987, fue arrestado el flamante “Zar de las Drogas”, general Gutiérrez Rebollo, por coludirse con los narcos que debía combatir.
El viejo problema de nuevo hace crisis. La advertencia de Trump de catalogar a los carteles mexicanos como terroristas que amenazan la sacrosanta seguridad nacional, obedece a una incuestionable realidad que, demagógicamente, podría maniobrar en beneficio de su atribulada pretensión de relegirse. Siendo que el fenómeno terrorista ha sido manipulado ad nauseam con fines políticos, no es difícil convertir criminales en terroristas. Aunque no pretenden tomar el gobierno por razones políticas o ideológicas, si buscan coptarlo, comprarlo o controlarlo para que no obstaculice su lucrativo negocio: siguiendo la estrategia de “plata o plomo”, ya dominan muchos municipios, regiones y funcionarios públicos. También emplean sanguinarias tácticas terroristas para amedrentar e imponerse: torturas, asesinatos, decapitaciones, descuartizamientos, etc. Al margen de criterios académicos, teóricos o jurídicos, los pragmáticos vecinos del Norte sostienen que, si algo camina como pato y grazna como pato… ¡es un pato! De la misma forma que el canciller mexicano calificó como terrorista el asesinato de mexicanos por un demente el pasado agosto en El Paso, Washington califica el asesinato de mujeres y niños mexicano-estadounidenses de la familia LeBarón por narcotraficantes, como narcoterrorismo.
La vieja estrategia priista de que la mejor política es no tener política, es cómoda y redituable en el corto plazo, pero a la larga es contraproducente. Recordemos que fue la amenaza arancelaria de Trump, la que nos obligó a asumir la postergada posición respecto a la migración centroamericana. Como nadie conoce la “nueva estrategia” de la 4T contra el narcotráfico, porque no existe, Trump anuncia otro manotazo para llenar ese inverosímil e irresponsable vacío. Como en el pasado, EU puede “hacer el trabajo que no hacemos”, y sería electoralmente redituable para Trump. También como en el pasado, los viejos priistas transformados en morenistas, invocan la soberanía y la no intervención para encubrir el fracaso del cuento de hadas (dixit del senador Tom Cotton) de abrazos y no balazos.
Internacionalista, embajador de carrera y académico
