La “Drug Enforcement Administration” fue creada en 1973 por Richard Nixon como parte de su guerra contra las drogas, que también incluyó la “Operación Intercepción” de 1969. Esta consistió en revisiones exhaustivas en la frontera con México para frenar el trasiego de drogas, que duró 20 días. Como no se previno al gobierno de Díaz Ordaz, se registraron grandes pérdidas económicas y trastornos fronterizos, la cooperación a través de la nueva DEA , se inició con desconfianza.
A pesar de la obligada colaboración binacional, la creciente demanda en EU incrementó el papel de la delincuencia mexicana como proveedora de drogas, su poderío y capacidad corruptora, de suerte que, 12 años después, el problema ya era abrumador. Lo que lo evidenció fue el brutal asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en Guadalajara durante 1985. Nuestro reclamo -yo era Director General para América del Norte en la SRE- de que Camarena arriesgó la vida por realizar actividades policiacas no autorizadas, fue rebatido con el argumento de que ellos tenían que hacer el trabajo que la policía mexicana no realizaba por estar coludida con los narcos. Aunque fueron encarcelados los capos del cartel de Guadalajara, y los gobiernos de Reagan y de la Madrid prefirieron atemperar la grave crisis bilateral causada por el asesinato, la DEA objetó que no se sancionaran a todos los funcionarios implicados, entre los que señalaban a dos secretarios de Estado, uno de ellos militar. Consecuentemente, sus agentes condujeron la “Operación Leyenda” para capturar -legal o ilegalmente- a otros responsables.
Desde entonces la problemática cooperación fue de altibajos, pues aun en los sexenios en los que se fortaleció, hubo fricciones, como en el de Calderón. A pesar de las concesiones que hizo a los agentes de la DEA como parte de su “guerra contra el narcotráfico” y de la “Iniciativa Mérida”, exigió el retiro del embajador de EU por criticar dicha guerra. El arresto en EU de su exsecretario de seguridad, García Luna, evidenció que su lucha antinarcóticos era falsa, pues el funcionario estaba asociado a los narcos. De la misma forma, el “Zar de las Drogas” del presidente Zedillo, general Gutiérrez Rebollo fue arrestado por las mismas razones, y también en años recientes más de 12 generales de alto nivel que, supuestamente, combatían el narcotráfico.
Bajo ese contexto, la sorpresiva detención del general Salvador Cienfuegos, se inscribe en la tradicional desconfianza, atizada por la política de “abrazos y no Balazos”, el “culiacanazo”, el saludo presidencial a la madre del Chapo, etc. En el tenor de una tortuosa relación de estira y afloja de 40 años, el gobierno mexicano -muy probablemente- decidió emplear su “poder blando”, amenazando con suspender la cooperación en materia de seguridad si no se liberaba al general. Suponemos que, como en el muy disfuncional gobierno de Trump no hay buena coordinación interinstitucional, la DEA actuó con criterios meramente policiacos sin considerar las implicaciones de política exterior y seguridad nacional. Empero, como en los altos niveles se prefirió preservar una colaboración estratégica prioritaria, se optó por sobreseer el procedimiento judicial en curso. La gran perdedora del embrollo fue la DEA, y los ganadores nuestra cúpula militar que dejó sentir su peso, así como el canciller que le torció el brazo a la superpotencia.
Sin embargo, el pasado nos recuerda que este tipo de entuertos no concluyen fácilmente: falta saber que ofreció a cambio el gobierno mexicano, si la DEA buscará revancha bajo en gobierno mucho más institucional de Biden, y si las acusaciones contra Cienfuegos son verídicas.
