Leydy Pech Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes
Ximena Ramos Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Desde hace muchos años los pueblos originarios han buscado el reconocimiento y respeto de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios, así como la lucha por la defensa de los recursos naturales.
El colectivo de comunidades mayas del municipio de Hopelchén, apoyadas por investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, no ha sido la excepción, ya que han emprendido distintas acciones para la protección de sus derechos a la salud, a un medio ambiente sano, a la continuidad de la actividad apícola, la defensa de su territorio, su identidad y sus formas de vida.
Sin embargo, esos derechos fundamentales se han visto frecuentemente vulnerados por el modelo de agricultura industrial insostenible, que implica la siembra del cultivo de soya transgénica; la deforestación y los cambios de uso de suelos para el establecimiento de grandes extensiones de monocultivos, que hacen más vulnerables a las comunidades mayas al impacto de fenómenos naturales, producto del cambio climático, como huracanes y temporales e incluso a enfermedades nuevas como el Covid-19. Además, en la agricultura industrial se hace uso excesivo de agroquímicos como el glifosato, declarado como probable carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), y que podría tener graves impactos en su salud por su presencia en sus fuentes de agua.
Las acciones por la defensa del territorio y cultura del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes incluyen acciones legales que han ocurrido desde 2012 y que en 2015 tuvieron éxito cuando la Corte de Justicia de la Nación suspendió el permiso para la liberación de soya transgénica en el municipio de Hopelchén. Sin embargo, en las inspecciones llevadas a cabo en 2016 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) encontró la presencia de soya genéticamente modificada. Por tal motivo, en el 2017 se inició el proceso de revisión del permiso de liberación de soya transgénica otorgado a Monsanto, debido a que la autoridad consideró que la liberación fuera de lugares donde se autorizó constituye daños graves o irreversibles. Dicho procedimiento concluyó con la revocación del permiso el 15 de septiembre de 2017.
Ante tal acontecimiento, Monsanto, una empresa transnacional que controla gran parte del mercado mundial de semillas transgénicas, principal beneficiaria en México de los primeros permisos de siembra experimental de maíz transgénico, promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que se resolvió el 15 de marzo de 2019 a su favor.
Sin embargo, las comunidades mayas presentaron un amparo directo y revisión fiscal por SENASICA, recursos que fueron resueltos el 30 de enero de 2020, determinando que la sentencia del TFJA fue omisa en analizar todos los planteamientos de SENASICA y ordenó que se emitiera una nueva sentencia, la cual adoptó el principio precautorio para preservar el medio ambiente, y finalmente revocó dicho permiso.
El hecho de que se haya considerado el principio precautorio para la revocación del permiso es relevante, ya que significa que se actuó ante la posible afectación del ambiente y de la salud de las personas. Sin tener que esperar a que ocurran daños significativos irreparables. Apelar al principio precautorio, a favor del medio ambiente y de la vida, en lugar de recurrir al sistema basado en el riesgo, en el que se tiene que justificar un daño, resulta crucial para la protección de los ecosistemas y de la salud de las comunidades mayas.
Por último, el 18 de agosto de 2020, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TFJA emitió una nueva resolución, en la que confirmó la revocación del permiso otorgado a Monsanto en los siete estados para los que se había otorgado.
Lamentablemente aunque no existen permisos para la siembra de soya transgénica, no se ha impedido que ésta se siga cultivando de manera ilegal en el municipio de Hopelchén. Desde 2015 y hasta la fecha, algunos productores han continuado con esta siembra sin que se tomen las acciones necesarias para sancionarlos, continuando con los diversos impactos documentados por este tipo de siembra.
Por tal motivo, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes espera que esta sentencia sirva para reforzar la vigilancia que debe hacer el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en la región, para efectivamente erradicar la siembra ilegal, sancionar a quienes siembren soya transgénica y poder garantizar los derechos humanos de las comunidades Mayas. Además es fundamental repensar el modelo agrícola industrial que las autoridades federales están impulsando, sin escuchar a las comunidades mayas y sin analizar los impactos negativos que éste conlleva.
