Recientemente Francisco Ortiz Malcher, Presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) y Cristian García de Paz, Director Ejecutivo de la organización Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCTyT) emitieron réplica sobre el artículo denominado “México dice No al Glifosato”
En dicha réplica se hacen algunas aclaraciones como las siguientes:
Mencionan que “en el artículo se omite la clasificación al glifosato emitida por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) cuya clasificación es 2A, misma que la de bebidas calientes o carne roja que no están prohibidas”. Ante eso, cabe mencionar que no hay que minimizar la clasificación en la que se encuentra el glifosato, tal como lo hacen los articulistas Francisco Ortiz y Cristian García. El hecho de que el glifosato se encuentre en la categoría 2A al igual que consumir bebidas por arriba de los 65ºC no significa que el glifosato sea igual de peligroso que las bebidas calientes. La clasificación de la IARC no hace referencia a la magnitud del efecto cancerígeno de las sustancias o actividades listadas, más bien, se hace alusión al nivel de certeza que existe entre la relación de estas sustancias y algún tipo de cáncer[1].
Con respecto a lo anterior, la monografía de lARC concluye que "hay evidencia limitada en humanos para carcinogenicidad del glifosato" y "hay evidencia suficiente en animales de experimentación para la carcinogenicidad del glifosato” (IARC 2015). La IARC basa su decisión en diversos estudios científicos (más de mil) y como resultado, concluyó que hay fuerte evidencia de que la exposición al glifosato o formulaciones a base de glifosato es genotóxico y puede inducir estrés oxidativo, dos factores conocidos como precursores de cáncer en humanos. Este último mecanismo también se atribuyó al Ácido aminometilfosfónico o AMPA (el principal metabolito del glifosato, sustancia que se forma al degradarse el glifosato).
Por otro lado, hay que recordar que hace algunas semanas, se anunció que la empresa Bayer-Monsanto deberá pagar hasta US$10.900 millones tras alcanzar un acuerdo en una demanda sobre un producto en su herbicida marca Roundup que podría causar cáncer[2]. De acuerdo con la BBC, el producto en cuestión es glifosato, que ha sido objeto de unas 125 000 demandas por los supuestos efectos cancerígenos. Lo cual nuevamente pone en duda la seguridad del glifosato.
Por lo pronto, en México se está considerando iniciar un trabajo intersecretarial que permita determinar la seguridad del glifosato como ingrediente activo de plaguicidas, y en un comunicado de prensa del 25 de junio del año en curso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declara que trabaja en una hoja de ruta para la prohibición de glifosato hacia 2024, acción que califican como esencial para la transformación del sistema agroalimentario del país con el fin de lograr que sea “más seguro, más sano y respetuoso con el medio ambiente”, en el mismo comunicado también mencionan que afinan la ruta crítica para la disminución gradual del herbicida con métodos alternativos. La aprobación de estas declaraciones, en ningún momento buscan descalificar el diálogo entre las partes interesadas ni la democratización de la política pública, al contrario se celebra que exista un diálogo público que apele siempre al principio precautorio y a la ciencia, tal como lo ha expresado en repetidas ocasiones Víctor M. Toledo, titular de la Semarnat.
Así pues, es verdad que ante la duda se tiene que recurrir al principio precautorio que significa que ante la incertidumbre o controversia científica, los operadores jurídicos y autoridades ambientales deben de tomar decisiones, aún sin tener una precisión sobre el riesgo o el daño ambiental y a la salud, o bien, sin saber específicamente cuáles son las causas que lo producen, esto con el fin de preservar la salud humana y la del planeta.
Por último, no solo se debe aspirar a alcanzar la seguridad alimentaria de nuestro país, que supone que todas y todos gocemos de alimentos suficientes. Hay que mirar más allá y apuntar hacia la soberanía alimentaria que es la capacidad de decidir cómo queremos producir y consumir nuestros alimentos. La soberanía alimentaria nos permite gozar del derecho a decidir si lo que queremos son alimentos producidos industrialmente con altas cantidades de plaguicidas y agrotóxicos que ponen en peligro el patrimonio genético biocultural y medioambiental de nuestro país o si por el contrario preferimos alimentos agroecológicos producidos localmente, de manera sustentable, respetando los ciclos de la naturaleza y a las comunidades campesinas que han resguardado nuestras semillas durante milenios y han forjado la inmensa agrobiodiversidad con la que hoy contamos.
Al contrario de los alimentos agroindustriales, los alimentos agroecológicos no dejan espacio a dudas sobre su inocuidad y valor nutrimental, y no hay incertidumbre de que estos alimentos nos ayudan a conservar nuestra salud y la del medio ambiente, por lo tanto, es urgente la transición y la transformación del sistema de agricultura industrial hacia la agricultura ecológica, un modelo de agricultura sustentable que nos permite hacerle frente a los efectos negativos del cambio climático, beneficia al planeta, nuestra salud y a las comunidades campesinas de nuestro país.
Desde Greenpeace México hacemos un llamado a los grupos gremiales de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos que asuman también el compromiso de respetar los derechos humanos de la población ante la mala gestión de los plaguicidas altamente peligrosos en México. Lo anterior queda documentado en la Recomendación 82/2018 de la CNDH, que claramente señala los pasos a seguir por parte de las distintas autoridades federales para mejorar su manejo y gestión; mismos que han asumido acatar en todos sus términos.
Especialista en agricultura y cambio climático
