Tras la publicación del decreto presidencial que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y su eliminación en la alimentación de las mexicanas y mexicanos, así como la eliminación del herbicida glifosato --considerado como probable cancerígeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- en todos los programas de gobierno de manera inmediata, y su sustitución total en una fecha que no puede pasar del 31 de enero del 2024, la agroindustria ha reaccionado.
El sector agroindustrial, principalmente Bayer-Monsanto y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), ha emprendido una artera estrategia legal y de comunicación contra el decreto. Hasta ahora han interpuesto 12 amparos y el CNA mencionó que tiene un presupuesto de 12 millones de pesos mexicanos para estrategias legales y de marketing para deslegitimar y sabotear dicho ordenamiento presidencial.
Los 12 amparos contra el decreto que se conocen, han sido interpuestos principalmente por empresas formuladoras de agroquímicos y de la industria cárnica. Pero también se encuentran los promovidos por Bayer-Monsanto y el CNA, que piden quedar exentos de la aplicación del decreto presidencial que prohíbe el glifosato y maíz transgénico en México para 2024.
Es decir, que de concederse el amparo que solicitan, las corporaciones podrían continuar importando glifosato y maíz transgénico, y además, en caso de pedir nuevas solicitudes el decreto presidencial no podría ser utilizado para negarlas.
Dicho panorama es muy preocupante y devela sobre todo, que la agroindustria está interesada en defender sus intereses económicos a toda costa, incluso si esto implica ir contra el interés general de las mexicanas y mexicanos y el derecho a un medio ambiente sano, a la biodiversidad, a la salud y a una alimentación adecuada.
Los amparos que se encuentran ahora en manos del Juez octavo en materia administrativa Martín Adolfo Santos Pérez y el Juez Sexto en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo, son observados por miles de mexicanas y mexicanos quienes solicitamos que no se privilegien los intereses de particulares en detrimento de los derechos humanos de la población y en perjuicio del medio ambiente. Adicionalmente, recordamos que una de las obligaciones que tiene cualquier órgano jurisdiccional es que las suspensiones de los juicios de amparo que conceda no impliquen un perjuicio al interés social, como lo es la salud de las personas, el cuidado al medio ambiente o la producción nacional.
Finalmente, se tiene que tomar en consideración que el modelo agroindustrial actual ha colocado a la sociedad mexicana en un alto grado de vulnerabilidad, pues la manera en que se producen los alimentos con altas cantidades de agrotóxicos y la manera en que consumimos alimentos ultraprocesados y alto valor calórico, ha generado que nos encontremos más vulnerables ante problemáticas como la actual emergencia sanitaria por COVID-19.
De esta forma, cambiar el actual modelo de producción y consumo de alimentos agroindustrial por un modelo agroecológico es esencial para proteger nuestra salud y la del planeta. Actualmente existen miles de experiencias a pequeña, mediana y gran escala que demuestran que es viable tener sistemas alimentarios resilientes basados en la agroecología sin depender de agroquímicos ni semillas genéticamente modificadas. Este es el cambio que necesitamos para poder aspirar a la soberanía alimentaria.