El modelo actual no funciona. El World Justice Project (WJP) ha evaluado el Estado de Derecho en el país como uno de los peores del planeta. Nunca se ha podido avanzar. Tan solo en el 2023 aparece en el sitio 116.
Por su parte, Mexicanos contra la Corrupción, ha insistido por años en el enorme déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares que dominan a la institución. Evidenció que la contratación se sujeta al parentesco haciendo de lado la capacidad en el ascenso. El documento concluye de manera lapidaria: “En una palabra, la carrera judicial en México está trunca, incompleta”.
Estos factores son percibidos por la población, no se puede ocultar el sol con un dedo, cada vez se cree menos en las magistraturas, para muestra la ONG ‘Impunidad Cero’. En el recién terminado mes de agosto hizo público el resultado de la investigación sobre la percepción de legalidad, simplemente es una catástrofe: se desconfía de los jueces, fiscales y de las averiguaciones, obvio de las sentencias no se escapan, fluctúa la duda en su honestidad.
No hace falta seguir con la larga lista de informes que indican la condición desastrosa del sistema, sin embargo, la ruta de la reforma no es la adecuada. La elección popular de los togados no es un certificado de que vayamos a encontrar la ansiada legalidad, al revés, pone en serios riesgos la calidad de su desempeño, su independencia y la fortaleza de sus resoluciones frente a los entes políticos y fácticos. Seamos francos, la enmienda huele más a venganza que a la verdadera construcción de una sólida estructura que de confianza de igualdad ante los tribunales.
El problema es grave, son décadas de omisión, de no vigilar y sancionar a los que vieron en la ley una ilegítima forma de perpetuarse y enriquecerse, cediendo a la tentación del dinero o de la influencia. Sumado a este descuido, se olvidaron los procedimientos que jamás se transparentaron, son confusos caminos cargados de tecnicismos llevados en la obscuridad de expedientes bajo la complacencia de las barras de abogados y de la propia ciudadanía. A nadie le importaban. Encima de todo, cuando se intenta castigar a los operadores es en casa, en privado, sin ventilar las causas ni las consecuencias.
Hay que reconocer que también son muchos los que honraron el nombramiento y desarrollaron una vida de entrega y esfuerzo permanente a la noble actividad de juzgar.
El martes se puso el último clavo al ataúd, la Corte se unió al paro como si no hubiese seres humanos en juicios nos quedamos sin el Alto Tribunal y para colmo, una jueza ordenó suspender las discusiones en la Cámara de Diputados, el mayor recinto de la soberanía nacional. Es absurdo. La necedad de unos y la vendetta de otros nos ubica en el desamparo: Somos una sociedad sin justicia, convulsionada, al garete, en manos de bandas criminales que actúan sin piedad.
Los actos prueban que los de a pie no significamos valor alguno en la perversa ecuación de los gigantescos intereses en pugna, entre los que ambicionan adueñarse de la República y los que pretenden conservar sus prerrogativas. Así de fácil, amanecimos sin quien nos proteja, en el abandono, en pleno estado natural, cercano a la autodefensa porque los que se dicen garantes de nuestras libertades se fueron y cerraron la cortina para salvar sus privilegios.