En las últimas semanas la República ha sido objeto de ofensas por sus propias autoridades, todas en torno a la Suprema Corte.

La Primera de estas se da cuando López Obrador no asiste al informe de la Ministra Presidenta, se trataba de un acto republicano, no de Piña Hernández. La descortesía fue a la Unión Federada, con su desaire, muestra el repudio que tiene al equilibrio de poderes.

Luego, nuevamente el Mandatario agravia. Para suplir al Ministro Zaldívar envía dos ternas al Senado, ambas, compuestas por mujeres que no reúnen el perfil para el cargo, con ello deshonró al Alto Tribunal. Su movimiento es calculado, sabía y esperaba el resultado.

El siguiente denuesto proviene de la Cámara Alta al rechazar las propuestas, los representantes de los Estados se negaron a ejercer su facultad replicando que no eran idóneas, pero esa tesis no es sostenible, el Presidente puede proponer a las abogadas que mejor le parezca, así evidenciaron su falta de interés en lo público, pero sobre todo su limitada agudeza política, simplemente podían haber designado a la menos mala, Andrés Manuel los llevó al punto que planeó, los ‘chamaqueó’.

La cuarta humillación ocurre en el momento que López Obrador designa a la mujer con menor experiencia, la señal es clara: No respeta al Judicial, no le importa, hay que llenarlo de adeptos, no de juristas. Detesta la ley.

Luego es la propia Ministra Batres quien le falta al Pleno, máximo Tribunal de la Nación, en su discurso deja de manifiesto dos cuestiones: Su dependencia ideológica con el Ejecutivo y su desconocimiento del derecho. Su filiación afloró al recriminar a los Ministros la nulificación de actos legislativos afirmando que son extralimitaciones, avaló que no debe haber órgano revisor, esto se traduce en un absolutismo contrario a la libertad, como lo reclama López Obrador. En tanto su impericia emerge al ignorar que es la propia Constitución la que habla a través de los Ministros, de hecho, están obligados a evaluar los actos de autoridad e invalidar el que no se ajuste al orden, sin importar la jerarquía de quien lo emita. No sabe que al tomar protesta se constituyó en guardiana del mandato superior que nos cohesiona como país. Batres desprecia la facultad o la ignora, ambas son graves.

Los insultos fueron constantes, pauta lo que el régimen pretende, el sometimiento a una voluntad, en donde pensar diferente es ilícito, desdeñable e incluso perseguible, como fueron los ferrocarrileros del 58, los médicos del 64, los estudiantes del 68 o los ahora gobernantes en los ochenta. La historia se repite.

Si es verdad, la judicatura tiene una gran deuda nacional pero la solución no es la burla a la República, sino a través del fortalecimiento de las ideas, la inclusión de nuevas formas de hacer justicia de cara a la sociedad, para lograrlo se requiere lo que se ve imposible: civilidad política.

El oprobio final es llamar a Lenia Batres Ministra del pueblo, es una distorsión de la democracia, fue nombrada por el Ejecutivo y éste no lo representa, López Obrador tiene un puesto electivo temporal, que por cierto en ocho meses concluye.

El cierre del sexenio está lleno de irreverencias con una manifiesta irritación con lo institucional, pareciere que el inminente adiós genera una profunda frustración presidencial volcada a todo aquello que no pudo controlar, principalmente contra los garantes de la Unión, como la Corte.

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