“Les estoy pidiendo auxilio, me estoy muriendo; por favor les pido que ya no permitan que me sigan matando, que detengan la mutilación que me están haciendo con la extracción de piedra, con la contaminación de mi lecho y la destrucción de mis árboles, pues mis aguas y los paisajes se van a perder para siempre sin ellas”. Así inicia la petición promovida en change.org/amigosriosanrodrigo, denominada “Que se erradique la extracción de grava del río San Rodrigo”, la cual hasta el momento, ha sido firmada por más de 50 mil personas. En esta petición se expresa que la destrucción del río “es uno de los peores desastres ambientales de Coahuila”.
Los ríos en México, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, son propiedad de la nación. Sin embargo, las 4 000 concesiones (ARSR, a partir del -Registro Público de Derechos de Agua, 2020-) que se han otorgaron a empresas privadas (quienes no socializan las ganancias), permiten extraer de los ríos, millones de m3 de minerales, que ponen en cuestión su sobrevivencia. En este sentido como se evidencia en la petición de change.org, la sustentabilidad no está garantizada, y un ejemplo es la realidad que vive el Río San Rodrigo.
En este río que alimenta de agua, entre otros a los municipios de Zaragoza, Jiménez y Piedras Negras, se han entregado cinco concesiones, que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, son para extraer casi 4 millones de m3 al año de grava, arena y piedra (https://app.conagua.gob.mx/consultarepda.aspx), equivalente para construir 96 Estadios Azteca. Los Amigos del Río San Rodrigo (ARSR), organización conformada por ciudadanos que tiene como misión "el restablecimiento y la conservación del ecosistema del río” (amigosdelriosanrodrigo.org), estiman que “se han extraído, más de 100 millones de m3 de grava del Río San Rodrigo” (ARSR, 2020). Al respecto, una de las grandes dudas, expresadas por los ARSR, es qué se ha hecho con los recursos que en teoría debieron pagar las concesionarias al Estado mexicano por todos estos millones de m3 extraídos, ya que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, el artículo 236 estipula que se pagarán $15.22 por m3 de extracción (promedio de los diferentes materiales), lo que implicaría más de $1 500 millones. Pero, la extracción puede ser mayor debido a que si bien el título de concesión fija un volumen de extracción anual, señalan los ARSR, “éste no se verifica”.
No obstante, lo más dramático es que esta extracción que ha implicado ir matando esta corriente natural de agua, no sólo no ha cesado, sino que ahora, como lo denuncian la organización, están avanzando sobre los humedales, donde se lleva a cabo el avistamiento de castores. Pero el escenario no es muy alentador porque con estos permisos es imposible “negociar”, como expresa un riosanrodriguense, ya que las empresas no se preocupan por el agua, por la vida, generada a partir del Río San Rodrigo, sino por la ganancia, obtenida a partir de su práctica
extractiva. Al respecto, el precios de m3 de grava, en el mercado local, está entre $700-$750, y recordemos, el pago por extracción de m3 es de $15.522, es decir, casi 4 500% más.
Contrario a esta realidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, estableció que en 2021, los ríos estarían recuperados y saneados; y la Agenda 2030, planteó su limpieza. En este sentido sería fundamental que el gobierno federal, además de escuchar a los afectados directos por esta extracción brutal (que ha dañado la salud del medio ambiente y de los habitantes), escuchara a los especialistas, entre ellos a los geohidrólogos, quienes pudieran emitir un veredicto técnico del daño ya causado, y el que se avecina por el avance de la extracción sobre los humedales. Asimismo, considerar que la extracción en ríos está prohibida en diversos países. Mientras tanto, es vital, que “se salgan del río las empresas, a espacios donde no se atente contra la sustentabilidad” (ARSR), a fin de no continuar con su agonía.
