Violeta R. Núñez Rodríguez y Genoveva Antonio Cano
Para los campesinos, los fertilizantes son indispensables para producir en suelos sobreexplotados. Por esto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se estableció que se implementaría “un programa de entrega de fertilizantes, donde éstos no dañen los suelos y sean en beneficio de productores agrícolas empezando por el estado de Guerrero” (Presidencia de la República, 2019). Éste se propuso como parte de los programas que tienen como objetivo romper el “circulo vicioso entre postración del campo y dependencia alimentaria”, situación de urgencia si consideramos que México importa el 69% del maíz amarillo, 72% del arroz pulido y 67% del trigo panificable (SADER-SIAP, 2019). En este sentido, Fertilizantes para el Bienestar forma parte de los 30 proyectos y programas prioritarios del actual gobierno federal, con el que se quiere “mejorar las condiciones de vida en los territorios rurales y asegurar la producción de los alimentos básicos” (Villalobos, 2019).
Pero el programa no es nuevo en Guerrero. En 1994, estando como gobernador Rubén Figueroa Alcocer , el programa de fertilizantes entró en operación. A decir de los campesinos, el programa era “gratuito”, pero para acceder tenían que pagar una cuota a las organizaciones campesinas “para los trámites y acarreo del producto hacia los pueblos”. Además, se politizaba la entrega, con fines electorales. Aunque, señalan: “el insumo llegaba a tiempo” (campesino de la Costa Chica, 2019).
Ante esto, se “planeó” la entrega de los fertilizantes directamente a los pequeños productores de maíz, frijol o arroz de localidades de alto y muy alto grado de marginación (SADER, 2019). Pero, algo falló. En general, el insumo llegó a destiempo, y los campesinos sólo recibieron una parte de lo necesario; o simplemente no llegó.
Muchas preguntas surgieron. ¿Hay alguien que esté interesado en que el fertilizante no esté a tiempo, o no llegue? ¿Hay intereses políticos y económicos de fondo? o ¿Es incompetencia de los responsables de la operación? Hay un poco de todo.
Ante la demora de la entrega, productores detuvieron tráileres con el fertilizante que se dirigían a las bodegas habilitadas, y se repartieron el insumo; “tomaron” bodegas, para acceder al producto; cerraron carreteras y Centro de Apoyo al Desarrollo Rural; y retuvieron a funcionarios, militares y policías estatales. Otros se vieron obligados a comprarlo a través de comercializadoras, quienes se aprovecharon de las circunstancias, o incluso, revendieron el insumo almacenado que habían recibido en otro momento. Los campesinos pagaron por un fertilizante de mala calidad, $2 800 para una hectárea. En palabras de los campesinos: “salió más caro el caldo que las albóndigas” (campesino de la Costa Chica). Entonces, ¿dónde quedó el bienestar?
Aunado a lo señalado, hay un problema de fondo. El gobierno planteó entregar un fertilizante “que no dañe los suelos”. Pero no ocurrió así. El programa contempló fertilizantes químicos, lo cual es grave ante el daño que genera en los suelos. Además, una de las hipótesis del arribo de miles de toneladas de sargazo (macroalga) a las costas de varios países, es el uso excesivo de este tipo de fertilizantes que terminan en los mares (Amaro, 2019).
En este sentido, ¿por qué mantener estos fertilizantes? Los estudios confirman que provocan daños en el suelo, acidificación y ensalitramiento (CEDRSSA, 2018); además de no contribuir a incrementar la producción y generar una fuerte dependencia de los campesinos a un insumo (Méndez Lara, 2013).
Por qué no recurrir a los biofertilizantes: abonos verdes, cenizas, carbón vegetal, estiércoles, compostas, lombricompostas, extractos húmicos y guanos (CEDRSSA, 2018). Los pueblos indígenas nos han enseñado mucho al respecto. Hay formas de producir de manera sustentable, urgentes hoy ante el envenenamiento de suelos y mares.
Genoveva Antonio es campesina. Egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero. Seleccionada en el XXIX Verano de la Investigación Científica, Academia Mexicana de Ciencias.
