“Bájale de huevos o te va a cargar la chingada”. Esta amenaza se la han dicho a uno de los defensores del río San Rodrigo al oponerse y denunciar la extracción indiscriminada de material pétreo que durante años ha ocurrido en el río, junto al que nació y creció.
El río San Rodrigo cruza los municipios de Zaragoza, Jiménez y Piedras Negras en Coahuila, al norte de México. En este afluente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó un permiso a una empresa privada para extraer materiales pétreos, actividad prohibida en otras naciones (Francia, Bulgaria, EUA). Esto fue posible por la Ley de Aguas, aprobada en el mismo año que las leyes Agraria y Minera, como parte de las leyes reglamentarias de la reforma al artículo 27 constitucional.
El artículo 113 de la Ley de Aguas de 1992 estableció que “los cauces de las corrientes de aguas nacionales” quedaban a cargo de la CONAGUA (Cámara de Diputados, 1992), y después se adicionó lo siguiente: “quedarán al cargo de ‘la Autoridad del Agua’ los materiales pétreos localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales… Será obligatorio contar con concesión para el aprovechamiento de los materiales” (Cámara de Diputados, 2004). Esto posibilitó la privatización de los bienes comunes, en este caso del río y de lo contenido en el río, al declarar que los materiales pétreos son: “arena, grava, piedra y/o cualquier otro tipo de material utilizado en la construcción, que sea extraído de un vaso, cauce o de cualesquiera otros bienes…” (Cámara de Diputados, 2004).
Como consecuencia, diario se sacan 427 tráileres de 25 m3, cantidad que ha hecho factible que se extraigan más de 100 millones de m3 en más de dos décadas. Tal ha sido el saqueo que el consumo per cápita de minerales no metálicos para construcción en Coahuila es de 16.5 toneladas (Amigos del Río San Rodrigo, 2019). Esta extracción que se realiza con trascabos, ha destruido la morfología del río y desaparecido la vegetación ribereña (nogal silvestre, álamo, mora o palo blanco). Además, junto al río, los molinos de piedra trabajan las 24 horas del día, realizando ruidos estrepitosos y emitiendo polvos, que afectan diversos ecosistemas y violan el derecho al descanso de los pobladores de El Moral. Ante esto, “pareciera que hubiera caído una bomba atómica”, indica uno de los integrantes de Amigos del Río San Rodrigo, asociación civil creada para defender su río.
Frente a tal destrucción, resulta paradójico que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, señale que en 2021, los “ríos, arroyos y lagunas estarán recuperados y saneados” (Presidencia de la República, 2019), esto significa que a la brevedad la extracción debe erradicarse del río e iniciar su restauración. Sin embargo, una gran cantidad del material pétreo se destina a la construcción de plantas maquiladoras y manufactureras, algunas de las cuales albergan hasta 2 500 trabajadores, así como a la construcción de vivienda (Amigos del Río San Rodrigo, 2019).
La maquila ha tenido un papel muy importante en la economía, y ahora se proponen en el mismo PND 2019-2024 el Programa Zona Libre de la Frontera Norte y el Programa de Mejoramiento Urbano y Vivienda en ciudades de la frontera norte, lo cual podría agravar el escenario si no se cambia la visión de crecimiento depredador, por una visión sustentable.
Ante este panorama, la movilización de la asociación civil ha logrado que el Senado de la República, exhortara al Gobierno Federal a decretar al río San Rodrigo como Área Natural Protegida, y “suspender las actividades mineras de extracción de materiales que se realizan en el lecho menor, lecho mayor y planicies de inundación del río, …así como las actividades de trituración de piedra en sus márgenes” (Senado de la República, 12 de julio de 2016); no obstante, la actividad continuó. Asimismo, consiguió que el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) señalara que, de continuar con la extracción, se acabaría el río, por lo que recomendó la suspensión de la extracción y su restauración (TLA, 2016); pero también fue inútil. En este año, lograron que se emitiera un Decreto por parte de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, que establece como Zona de Restauración la cuenca baja del Río San Rodrigo (SEMA, 2019). Pero, las empresas extractivas se ampararon para continuar la explotación. Ante esto, ¿qué camino tendrían que seguir y hasta dónde tienen que aguantar los habitantes de Piedras Negras y las comunidades ribereñas para defender su río? ¿tienen que morir junto a su río, que lo ven agonizar día con día, para que estas venas de la madre tierra, puedan vivir?
