Elevar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) es un asunto estratégico para cualquier organismo gubernamental, ya que representan el motor de las economías en prácticamente cualquier parte del mundo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Pymes representan más de 90% del total, y en la mayoría de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contribuyen con más de 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y, en promedio, con 75% de los empleos.
En México, según el último censo económico realizado por el Inegi en 2019, 99.8% de los establecimientos del país son micro, pequeñas o medianas empresas, siendo las Pymes las mayores generadoras de empleo con 72% y contribuyendo con 52% del PIB.
Siendo las Pymes uno de los principales motores de la economía, es necesario diseñar estrategias para elevar la diversidad y el acceso a sus fuentes de financiamiento. En México, sin embargo, sufren de un elevado nivel de exclusión financiera. De acuerdo con un estudio de la firma Ernst and Young, en 2017 (apenas dos años antes de la pandemia por Covid-19) existían en nuestro país 2.6 millones de pequeñas y medianas empresas sin acceso a servicios bancarios. A estas alturas, es poco probable que las condiciones hayan mejorado cuantiosamente.
Si pretender que un gran número de Pymes logren tener acceso a los mercados de financiamiento no tradicionales suena demasiado ambicioso, considero que al menos se podrían enfocar las estrategias y esfuerzos para impulsar a las medianas empresas, cuya participación en este segmento es relevante. Se trata de generar efectos positivos en la economía, a través de la creación de valor y empleo, siempre que los esfuerzos se enfoquen en darles viabilidad económica en el largo plazo.
Al formular políticas públicas para mejorar la inclusión financiera de las Pymes, una segmentación podría ayudar a focalizar los recursos y esfuerzos que permanentemente se invierten por parte de las bolsas de valores, los intermediarios bursátiles y las instituciones encargadas de dar promoción al financiamiento a través de los mercados, en segmentos con más viabilidad en el corto plazo.
Por ejemplo, dentro del segmento Pymes, muchas empresas medianas tienen a su alcance recursos para acortar la brecha de acceso a más y mejores fuentes de financiamiento, lo cual aumenta sus probabilidades de viabilidad en el mediano plazo. En esta parte, contar con el asesoramiento adecuado es clave.
El asesoramiento puede, por ejemplo, orientarse a establecer un régimen societario flexible, como el de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI). Este régimen facilita el logro de acuerdos societarios orientados a simplificar la entrada de nuevos inversionistas en condiciones de participación y control previamente pactados, lo cual preserva los derechos accionarios bajo un grupo de control.
También puede centrarse en instrumentar los principios y buenas prácticas de gobierno corporativo los cuales, entre muchos otros beneficios, aportan la estructura para el establecimiento de reglas claras para la toma de decisiones, la gestión y administración del negocio, evitando generar conflictos entre los accionistas.
Habiéndose sentado las bases de una estructura corporativa que incorpore los elementos ya mencionados, se abren las puertas de las empresas para el acceso a diversas fuentes de financiamiento no tradicionales. Estos incluyen instrumentos como los certificados bursátiles o deuda, los CKDs y las Fibras, entre otros.
Ante el complejo entorno actual, es fundamental que, para su sano desempeño, las Pymes diversifiquen sus fuentes de financiamiento, buscando proactivamente el acceso a alternativas flexibles, eficientes y con perspectiva de largo plazo.
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Vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Intermediación Financiera y Bursátil del IMEF victor_vela@theodcg.com
