Persecución de Estado contra opositores

El presidente López Obrador no sólo se asume como jefe de campaña de su partido rumbo a las elecciones de 2024, sino que está decidido a utilizar todos los recursos del Estado a su alcance para atacar de manera sistemática a la oposición.

Andrés Manuel estaba eufórico porque pensó que la estrategia que diseñó para supuestamente seleccionar a la candidata o candidato de Morena a la presidencia iba viento en popa, pero se topó con la eficaz estrategia política del Frente Amplio por México. Su reacción ha sido delirante y no hay un día en que no ataque a la oposición y a sus personajes más destacados.

En este momento su atención está enfocada no en resolver los problemas del país, sino en descalificar a quienes participan en el proceso para ser Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México.

La mañanera es su medio preferido, pero de Palacio Nacional se derivan instrucciones a dirigentes, legisladoras y legisladores de Morena para que el ataque se extienda a la tribuna de la Comisión Permanente, los discursos de “las corcholatas”, y a redes sociales a través de campañas con fines maliciosos y de manipulación.

Para tales objetivos, el presidente no respeta límite constitucional y legal alguno ni mide los riesgos que ello implica para los derechos humanos y la integridad de las y los señalados desde la mañanera sin pruebas sólidas, documentadas y acreditadas. De ahí que una de las afectadas, Xóchilt Gálvez, haya recurrido a las instituciones para poner un freno a López Obrador.

Es por eso que el Instituto Nacional Electoral (INE), en atención a la queja presentada por Xóchilt Gálvez, ordenó al titular del Ejecutivo federal abstenerse de hacer comentarios sobre ésta en la mañanera. El INE determinó que con sus comentarios ha incurrido en vulnerar los principios de neutralidad y equidad. Previamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también le había ordenado evitar pronunciarse sobre temas electorales, particularmente en la mañanera.

Sin embargo, al presidente le importó un comino la resolución del Instituto y, para darle la vuelta, creó en la mañanera una nueva sección denominada “No lo digo yo”, donde insiste en atacar a la oposición.

Una vez más, López Obrador violenta la Constitución de la República la cual, en su artículo 134, mandata que Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

No cabe duda que López Obrador no respetará límite constitucional y legal alguno para favorecer a Morena rumbo a las elecciones de 2024 y en ese afán está claro que utilizará los recursos públicos y las instituciones para perseguir a la oposición.

Está decidido a convertir los comicios del próximo año en una elección de Estado, pero se arriesga a pagar las consecuencias de esta actitud irresponsable e ilegal porque, al final, serán las y los ciudadanos quienes decidan en las urnas si quieren que México se encamine al Maximato al que aspira Andrés Manuel o se retoman los esfuerzos por consolidar la democracia.