Ni los ve ni los oye

Más allá de la polémica de si el presidente López Obrador escuchó o no las preguntas de los periodistas, en la mañanera del 16 de agosto, sobre los cinco jóvenes desaparecidos y presumiblemente asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco; lo cierto es que, en la realidad, el presidente no ve los miles de desaparecidos durante su gobierno ni oye la exigencia de justicia de sus familias.

De acuerdo con la organización a dónde van los desaparecidos, del inicio de la presente administración hasta el 24 de mayo de 2023 se habían registrado 42,029 desapariciones, lo que promedia 25.70 por día y 1.07 por hora. Lo anterior contrasta con la información oficial, presumida por el Presidente en la mañanera, respecto a la disminución de homicidios dolosos.

La desaparición y presunto homicidio de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno colocó nuevamente los reflectores sobre la crisis humanitaria que enfrenta nuestro país y la eficacia de la estrategia de seguridad de la actual administración.

No es la primera vez que Andrés Manuel minimiza las desapariciones, lo ha hecho desde que inició su administración argumentando que es una “herencia del pasado”, sin aceptar que, de continuar la actual tendencia, su gobierno terminará con más del doble de desapariciones que el sexenio de Felipe Calderón, en las que hubo 26,121.

Tampoco es la única vez que elude atender los reclamos de las familias. El 21 de julio de este año, el presidente recibió en Palacio Nacional a Estela de Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, una organización creada para localizar las personas desaparecidas durante la última dictadura en Argentina.

Esta decisión generó la protesta de colectivos de madres buscadoras en nuestro país quienes reprochan al presidente no haberlas recibido en más de cinco años de su gestión. En respuesta, López Obrador argumentó que la Secretaría de Gobernación atiende a los colectivos de búsqueda, pero que él no se reúne con sus representantes para evitar “politiquería” y que un tema tan delicado se utilice para atacar a su gobierno.

Eludir este grave problema que lastima a miles de familias, sostener que vamos bien en la estrategia de seguridad y seguir responsabilizando a gobiernos anteriores, como se empeña López Obrador casi al término de su sexenio, es una grave irresponsabilidad y un agravio inaceptable para las familias de los miles de desaparecidos y asesinados durante su administración.

Lo mismo aplica para el gobierno de Enrique Alfaro, cuya fallida estrategia de seguridad ha colocado a Jalisco en el primer lugar nacional por el número de personas desaparecidas.

La tragedia de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno evidenció, nuevamente, no sólo las fallas de la estrategia de seguridad sino las prioridades tanto de López Obrador como de Enrique Alfaro.

Ambos están más ocupados en la sucesión presidencial que en resolver la crisis humanitaria que desde hace años enfrentan México y Jalisco. La “politiquería” prevalece sobre la exigencia de justicia de las familias de los miles de desaparecidos.